En el  2014 se cumplirá el plazo que 170 Estados se propusieron para implementar el Plan de Acción de la IV Conferencia de Población y Desarrollo, cuya contribución más importante fue la creación de una nueva generación de políticas de población y desarrollo, basada en el respeto pleno de los derechos humanos, que hoy podría darnos cuenta de la verdadera inclusión social.

El aporte principal de este acuerdo fue incorporar como responsabilidad de Estado, relaciones igualitarias de género, pues aunque la igualdad estaba reconocida como principio de los derechos humanos, no estaba explícita la igualdad entre hombres y mujeres.

De esta manera los Acuerdos del Cairo, guiaron la atención hacia temas tan vitales como la educación integral de las niñas, una adolescencia libre de violencia sexual, libre también de relaciones sexuales sin protección o de una maternidad precoz. Se incluyó así mismo temas relativos al medio ambiente y al desarrollo local, así como la responsabilidad de los donantes. Después de este Plan, es difícil imaginarse otro más completo e integral.

A casi 20 años de firmado el compromiso, podríamos decir que efectivamente hay menos mujeres que mueren por causas maternas, pero eso no implica que la salud sexual y reproductiva haya mejorado. También hay más leyes y sanciones contra la violencia hacia la mujer, pero esta no ha disminuido ni ha amortiguado el impacto que tiene en sus vidas. Hoy el Estado invierte un poco más en la salud y en educación, pero esto no ha hecho que tengamos mejores servicios ni que hayan nuevas oportunidades para los más pobres. También hay datos que demuestran que las mujeres tienen menos hijos y hay menor brecha con la fecundidad deseada, pero también hay miles de mujeres que solo les queda el aborto inseguro. 

La falta de recursos o de tecnología, ya no justifica la inacción que había en ese entonces y  parece influir más la  falta de voluntad política y la escasa rendición de cuentas de los sucesivos gobiernos, haciendo que hasta ahora no contemos con una política consistente de derechos reproductivos, lo cual se expresa en la ausencia de educación sexual en las escuelas, en las altas cifras del embarazo en adolescentes, en la falta de acceso a anticonceptivos modernos y eficaces; a pesar que todas estas medidas ahorrarían ingentes recursos y nos daría una mejor calidad de vida.

Es cierto que ahora no estamos como comenzamos, pero también es cierto que no estamos, ni por asomo, a donde nos propusimos llegar. Por todo esto consideramos que es momento de hacer un balance serio y volver a mirar que es lo que nos ha impedido llegar al desafío que nos propusimos en el 94 y no esperar otros 20 años para tener acceso a la verdadera justicia social.