El Perú tiene una historia de saqueo de sus recursos naturales y la reciente venta de Petro-Tech a un consorcio coreano-colombiano parece inscribirse en esta tendencia. Ha sido tal la alarma nacional que el Presidente Alan García se vio obligado, a la hora undécima, a convocar al Congreso para que conforme una Comisión Investigadora. ¿Será esta una burla más como el impuesto a las sobreganancias, la libre desafiliación de las AFPs,la Oficina Nacional Anti corrupción o el Pacto Social?
Mientras lo descubrimos nuestros legisladores y el propio Presidente García deben tomar en cuenta los siguientes puntos en cuestión:
El contrato de servicios entre Petro-Tech y Petroperú, que data de 1993, sería ilegal porque jamás fue refrendado por un Decreto Supremo, por lo cual los lotes deberían sin más revertir a Petroperú.
Los reclamos de Perupetro a Petro-Tech por el porcentaje de petróleo que le toca, que han sido resueltos a favor de la última, deberían ser revisados tal como lo señala la Contraloría General de la República.
El contrato de Petro-Tech señala que si quiere ceder su propiedad primero debe comunicarse con Petroperú para que este último pueda realizar una oferta mayor en un plazo determinado. Dicho procedimiento no ha ocurrido. Para obviar esta cláusula, lo que se ha hecho es comprar las acciones de la matriz en EEUU, lo que constituye un claro acto de desobediencia a las leyes peruanas.
La venta de Petro-Tech va a generar una ganancia de capital significativa ($90 millones) para el fisco de los EEUU y ningún ingreso para el Estado peruano. Este “vacío legal”, que recién hoy se reconoce, existe desde hace varios años y ninguna de las “reformas tributarias” de este siglo tomó cartas en el asunto; pero el gobierno sí pudo redactar 100 decretos legislativos para el TLC con EEUU en menos de 6 meses.
El Presidente García pudo impedir o variar los términos de esta venta hace buen tiempo pues Perupetro sabía que Petro-Tech buscaba inversionistas desde abril del 2008, pero no hizo nada.
La Comisión Investigadora propuesta parece más bien una medida política que, como suele ocurrir, no llega a buen puerto. ¿No sería mejor que el Presidente convoque a la Ministra de Justicia para que presente una denuncia ante el Ministerio Público?