Ante las dudas de malos manejos en política económica que pesan sobre el ministro de economía Luis Castilla, él salió a decir que convocaría a una auditoría internacional que evalué el proceso de licitación y adjudicación del Gasoducto del Sur Peruano y la línea 2 del Metro de Lima. Esta decisión podría servir para aclarar a la ciudadanía las dudas que surgieron durante la adjudicación de estas obras a los consorcios ganadores, en una coyuntura donde las dudas y el desprestigio del gabinete están en sus más altos niveles. Pero deberíamos preguntarnos, ¿qué pasará con estas obras si se acepta esta medida?

Además del gasto millonario que el Estado deberá afrontar para que estas auditorías se lleven a cabo, se estaría poniendo en riesgo la ejecución de estas obras de dos maneras. La primera, es que se realicen observaciones que deban subsanarse previamente originando retrasos en el mejor de los casos. En el peor de ellos, las críticas al proceso de adjudicación mismo pondrían en riesgo el inicio de las obras de construcción por parte de los consorcios ganadores por lo que se tendría que realizar nuevamente. No debemos olvidar que, tanto el consorcio encargado de construir la Línea 2 como el Estado ya están emitiendo bonos que suman US$2000 millones que permitirán financiar su construcción. Este proceso se puede frustrar si los acreedores ven que desde el gobierno se pone en duda la continuidad de las obras.

No hace falta decir que la línea 2 del Metro y el gasoducto son obras de vital importancia para el desarrollo de Lima y del sur peruano respectivamente. Al ser megaproyectos de infraestructura, se espera que la inauguración del gasoducto se dé recién a principios del 2018 y el metro esté listo para el 2019. Ante el contexto de desaceleración económica, el país no se puede dar el lujo de seguir postergando obras que serán piezas claves en el proceso de modernización e inclusión nacional.

Esto no hace más que dejar muy mal parada la labor de la Contraloría y los procesos que se dieron al interior de ProInversión, del cual el ministro Castilla es Presidente del Consejo Directivo. Si consideramos que una obra tan importante como el Gasoducto del Sur Andino se retrasó más de dos años por las trabas que este ministro junto con el entonces Ministro de Energía y Minas Jorge Merino puso a la hora de aprobar la recuperación de las reservas de gas del lote 88 entre otras cosas, el retraso adicional que Castilla pretende con sus auditorías generará un costo de oportunidad altísimo en perjuicio de la población del sur del país.

Este intento pareciera ser una medida anticipada ante una eventual investigación de su gestión una vez que culmine el mandato del presidente Ollanta Humala el 2016. Las obras tienen que continuar y no paralizarse por los fines egoístas de un ministro que sólo le interesa limpiar su imagen y no el bienestar del pueblo. El ministro debe recordar que lo que pesa sobre él y la razón por la que algunas bancadas buscan interpelarlo es por su actitud lobista y por su mal manejo de la economía nacional. Lo que se debe hacer respecto a estas obras es fiscalizar su construcción para que no se generen sobrecostos que la población luego tenga que cubrir, pero que no se detenga lo que tras muchos esfuerzos se logró en beneficio del país.