Los analistas políticos más conformistas estiman que la economía peruana crecerá entre 3.3 % y 3.6 % del PBI. Sin embargo, con ese ritmo de crecimiento el país no logrará reducir la desigualdad ni estará en capacidad de atender las necesidades de empleo de casi 450 mil peruanos que ingresan cada año al mercado laboral, lo que inevitablemente incrementará el desempleo y la informalidad.

Persisten, además, problemas estructurales que arrastramos desde hace 15 o 20 años: anemia y desnutrición infantil, inseguridad alimentaria, pobreza monetaria, carencia de servicios básicos de agua y saneamiento, un sistema educativo con escuelas que apenas cuentan con aulas dignas, conectividad a internet o infraestructura adecuada, así como un sistema de salud colapsado, con hospitales y centros médicos sin medicamentos ni atención oportuna y eficiente. A ello se suma el enorme déficit de vivienda social, que exige la construcción de no menos de 300 mil a 400 mil viviendas cada año.

Frente a esta realidad, resulta preocupante que los 34 o 36 candidatos presidenciales no hayan demostrado la grandeza política de plantear un esfuerzo conjunto para liderar un verdadero Pacto Social y Económico. Un pacto que, durante el quinquenio de su eventual gobierno, priorice estos temas como un mínimo común de acción solidaria en favor de los más pobres y necesitados del país, devolviéndoles la esperanza de una vida con mayor bienestar para la mayoría de los peruanos.

Para alcanzar estos objetivos, el Perú necesita crecer entre 5 % y 6 % del PBI. Y para lograrlo es indispensable apostar decididamente por el acompañamiento y fortalecimiento de la inversión privada y pública. Obras estratégicas como los proyectos de irrigación en la costa permitirían poner en producción alrededor de 400 mil hectáreas agrícolas, generando empleo para más de 1´200,000 peruanos. Si con un mínimo de visión se hubieran invertido entre 15,000 y 20,000 millones de soles durante diez años en la ampliación de la Ley Chlimper para cubrir estas irrigaciones, el país habría producido aproximadamente 10,000 millones de dólares en ese periodo.

Del mismo modo, con una política inteligente de apoyo a la agricultura familiar, las 320 mil familias del sector podrían haber producido cientos de miles de toneladas de alimentos, erradicando la inseguridad alimentaria, generando nuevos ingresos y creando empleo para 1.5 millones adicionales de trabajadores peruanos.

La infraestructura pública también debe convertirse en motor del crecimiento. La construcción y rehabilitación de hospitales, clínicas, centros de salud, postas médicas, escuelas públicas y más de 30 mil millones de soles en carreteras abandonadas deberían activarse a través de los gobiernos regionales, incentivando la demanda de mano de obra y de insumos como cemento, fierro y ladrillos.

Por su parte, el sector privado tiene un rol clave con el desarrollo minero actual y el inicio de tres o cuatro grandes proyectos como Michiquillay, Galeno, Bayóvar y la roca fosfórica. El turismo, que espera recibir un millón de visitantes adicionales, requiere la modernización de los servicios hoteleros y gastronómicos en la costa, sierra y selva, con estándares más modernos y mejor presentación. Sectores complementarios como la pesca, la acuicultura, el café, el cacao y los textiles de alpaca pueden completar una oferta exportadora no tradicional sólida y diversificada.

La gran pregunta es si quienes aspiran a dirigir los destinos del país han reflexionado seriamente sobre su responsabilidad histórica: orientar su liderazgo con credibilidad, reconstruir la confianza entre gobernantes y gobernados y alcanzar una verdadera gobernanza democrática. El Perú necesita autoridades honestas que sirvan a los 33 millones de peruanos y no a intereses particulares; que restituyan la democracia; que modifiquen las leyes que hoy alimentan el sicariato y la criminalidad; que reformen y respeten instituciones capturadas por intereses políticos como la JNJ, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional; y que revisen los 83 artículos modificados de la Constitución de 1993, muchos de ellos vinculados a la inseguridad jurídica y social.

Finalmente, en los últimos cinco años el país ha abierto nuevas vías de comunicación, ha fortalecido logros comunes con los vecinos regionales y ha consolidado rutas comerciales con el Asia-Pacífico a través del puerto de Chancay. Desde el oeste y el este —donde se concentra más de la mitad de la población mundial— se abre la posibilidad de convertir al Perú en un hub regional que conecte el Atlántico con el Pacífico, impulsando inversiones en la costa, en logística, producción de medicamentos, baterías, chips, industria automotriz, así como infraestructura ferroviaria, lacustre y vial.

Si finalmente los demócratas logran vencer a los corruptos, el país dará un paso decisivo para devolver la esperanza a millones de peruanos que no quieren perder su identidad, que aspiran a reducir la desigualdad y a alcanzar un bienestar que garantice condiciones mínimas de alimentación, educación, salud y vivienda para más de 22 millones de peruanos.