Más allá de su aparente lejanía, el conflicto que hoy se vive en Ucrania entre Rusia y las potencias de la OTAN, influye en la realidad política, económica y social de nuestra región. Uno de los aspectos que está generando una importancia cada vez más amplia es la de la contratación de mercenarios de origen latinoamericano para combatir en los ejércitos ucranianos. 

La ausencia de soldados y, especialmente de jóvenes, en las milicias ucranianas no es un dato menor. Si para marzo de 2022 el Financial Times informaba que la edad promedio de los soldados ucranianos era de entre 30 y 35 años, ya en 2024 el Business Insider señalaba que era de 43 años (se ha reportado, incluso, la existencia de escuadrones integrados por soldados de hasta 63 años).

Una de las estrategias para remediar esta falta apunta a la contratación de extranjeros, con y sin experiencia de combate, para integrarlos en la “Legión Internacional de Defensa Territorial”, de la que, sin embargo, se desconoce el total de reclutas, así como su procedencia y el número de bajas.

En tanto que los bajos salarios de los militares, sumado a las reducidas pensiones, a la falta de oportunidades y de perspectivas positivas para los retirados y, en determinados casos, también la experiencia de lucha activa contra organizaciones delictivas, hacen de los latinoamericanos uno de los principales objetivos a seducir para nutrir a los diezmados ejércitos de Ucrania.   

Con este objetivo, dentro de la estructura de la “Legión Internacional” se conformó el “Batallón Bolívar”, una unidad especial para los latinoamericanos. Actualmente se integra, en su mayor parte, por mercenarios de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, y está dirigido por el autodenominado “comandante” José David Chaparro, de origen venezolano.

Para llevar adelante una efectiva estrategia comercial, los gobiernos de la OTAN apelaron a verdaderos profesionales para el reclutamiento y el entrenamiento a soldados y mercenarios.

Así es como detrás de la cooptación de los combatientes latinoamericanos se encuentran algunas de las principales empresas estadounidenses dedicadas a la provisión de combatientes asalariados en distintas guerras y conflictos internacionales.   

Posiblemente, la Empresa Militar y de Seguridad Privada (PMSC, por sus iniciales en inglés) más conocida sea Constellis Group, conformada en 2014 a partir de la fusión de dos organizaciones rivales, Triple Canopy y la tristemente célebre Blackwater, responsable de la muerte de 17 civiles inocentes en Bagdad, en 2007, y que expuso la ausencia de límites con las que están agencias suelen actuar en sus operaciones comerciales y militares.

Además, deben tomarse en cuenta otras empresas con presencia en Ucrania, como la estadounidense DynCorp International y la británica Armor Group, junto con la peruana IdroneWall, que promociona la conformación de una “legión extranjera hispanoamericana”.  

La publicidad de la que estas empresas suelen valerse para atraer a nuevos interesados en combatir en Ucrania suele ser señaladas por sus ambigüedades y, eventualmente, también por sus falsedades. 

Se ofrecen altos salarios, de casi 5 mil dólares, y compensaciones por cerca de 400 mil dólares por herida o muerte. Se promete además la ciudadanía ucraniana y, junto con ella, también la europea.

En plataformas y, sobre todo, en redes sociales como TikTok, abundan filmaciones promocionales sobre las milicias ucranianas con viejas imágenes de archivo o, directamente editadas. Las fotografías de los soldados sólo destacan estereotipos de varones caucásicos, en tanto que también se incorporan videos en los que jóvenes mujeres ucranianas, vestidas con uniforme militar, declaran su interés en contraer matrimonio con combatientes extranjeros. 

En cambio, abundan los testimonios de aquellos mercenarios arrepentidos frente a la corrupción prevaleciente en el ejército, al racismo de líderes militares neonazis, al maltrato hacia los latinoamericanos, y a los obstáculos que dificultan el cobro estipulado, por ejemplo, en torno a la apertura de cuentas bancarias en Ucrania por parte de extranjeros. En general, se denuncia la imposibilidad por revertir los contratos ya firmados sobre la prestación de servicios en la guerra. 

Frente a la sangría causada por las empresas dedicadas al reclutamiento de mercenarios, algunos de los gobiernos de la región comenzaron a actuar para evitar que estos procedimientos se perpetúen en el tiempo. 

Colombia, uno de los países latinoamericanos que más ha sido más afectado por el envío de ex militares a Ucrania, recientemente inició las gestiones para incorporarse a la convención internacional contra el reclutamiento, la utilización, el financiamiento y el entrenamiento de mercenarios, aprobada en 1989 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Se trata de una iniciativa de importancia para la vida de aquellos que hoy se arrepienten de una decisión fatal, adoptada en respuesta a los cantos de sirena de organizaciones y gobiernos coaligados, exclusiva y secretamente, en función del lucro y de la defensa de sus oscuros intereses.

Publicado en Página12