Después del retiro del gobierno militar de Francisco Morales (1978), la democracia peruana subsiste en condiciones de riesgo por la precariedad de los partidos políticos, la extendida corrupción, el poco compromiso por una visión compartida de país, una creciente desconfianza de la población hacia la política y el incremento de la inseguridad ciudadana.

La crisis política en el Perú es la crisis del régimen político; es decir, de la democracia y sus actores y la forma de relacionamiento entre Estado y sociedad. En cuatro décadas, el país no pudo construir una ruta de continuidades tangibles que permita superar esa condena de ser país de posibilidades. La democracia se estancó a medio camino y sobre ese estado de cosas sin terminar, los sucesivos gobiernos acometieron ensayos políticos y económicos al ritmo del Consenso de Washington (neoliberalismo) que solo aportaron a la crisis recurrente; no es que el país no haya tenido experiencias positivas y exitosas, pero no han sido ni son suficientes, como una mayor motivación por el conocimiento y ejercicio de los derechos ciudadanos y algunos progresos en materia económica.

Inconclusa transición democrática

Una importante tragedia del Perú de los últimos tiempos es la inconclusa transición democrática. La reforma agraria velasquista, que liquidó a la oligarquía en las relaciones de poder y en la estructura social, tuvo impactos extraordinarios en la condición social de los campesinos y en la cultura popular. Esta dinámica incorporó también reacciones de la población urbana sobre sus derechos por servicios y en los trabajadores asalariados por mejores condiciones laborales y económicas que confluyeron en grandes movilizaciones por la democracia (1977 – 1978), logrando el regreso de los militares a los cuarteles y la convocatoria a la Asamblea Constituyente y la aprobación de la Constitución de 1979.

Este proceso de acumulación social y política por la democracia y el desarrollo de la ciudadanía no culminó por el cambio de la Constitución de 1979 por la de 1993, que inició un escenario económico y social de apertura ilimitada al mercado, poco desarrollo del aparato productivo en favor de la economía extractivista (formal e ilegal), servicios públicos de baja calidad, apropiación privada del Estado por grandes grupos empresariales, que en conjunto han estimulado el retraso del mercado nacional, el crecimiento de la informalidad y mayores desigualdades. En lo político, la Constitución de 1993 inició un régimen de componendas favorable a la corrupción, violación de los derechos y control del sistema de partidos.

El terrorismo fue el pretexto del régimen fujimorista para su ruta de continuidad (con fraudulentas re-elecciones) de mayor liberalización del mercado.

Estas tres dinámicas abonaron a la frágil democracia que en cuatro décadas no ha completado la organización de la vida social, política y económica del país que convoque, atraiga, afirme el sentido de pertenencia ciudadana de peruanos y peruanas (57% quiere irse del país). Los intentos de profundizar y culminar la transición democrática (gobierno de Valentín Paniagua, normatividad de la regionalización y descentralización, Referéndum de diciembre 2018) han sido episódicos porque fueron impulsados por clases “dirigentes” caracterizadas por su precariedad democrática. Como expresión tenemos el poco compromiso de las clases políticas y empresariales por una visión de desarrollo compartida y convocante, así como las crisis recurrentes del régimen político y de los partidos políticos, los cuales son escuelas de prácticas muy poco democráticas, cuyos liderazgos son herederos y actores de esta transición democrática inconclusa (completarla será asunto de otro sistema de partidos y nuevas representaciones políticas).

Podemos añadir, el nefasto rol del sistema de corrupción que se ha enraizado en ámbitos del Estado en conexión con grupos de grandes empresarios, la arremetida de la minería ilegal, el incremento de la inseguridad ciudadana y todo ello favorecido por el pacto mafioso Ejecutivo – Legislativo.

Las pocas movilizaciones ciudadanas por derechos específicos no han logrado la construcción de un bloque social que cambie la correlación de fuerzas políticas que se construyó desde el cambio de la Constitución de 1979, aunque sí han sido una expresión de los sectores democráticos que fueron la voz social pública de la disolución del Congreso efectuada por el Gobierno de Martín Vizcarra, contra el irrisorio momento de Merino en el Gobierno, contra Dina Boluarte y su danza fúnebre de medio centenar de asesinados.