¿Cómo funciona realmente la sociedad peruana y el sistema político? ¿Son correctas las tesis que el deterioro institucional es resultado de la débil representación política, del choque de poderes, de la falta de civismo? ¿Qué explica realmente la “degradación de la democracia”? A continuación, un enfoque alternativo que propone superar el enfoque político y verlo desde el ángulo de cómo los intereses económicos mercantilistas y delictivos se articulan con los políticos y el Estado(1).

Empecemos por los partidos. Uno de los secretos mejor guardados de la política peruana es la identidad de los financiadores, que mayormente entregan dinero a los partidos y los candidatos bajo la mesa, donde la otra parte, los receptores, no declara y nunca se sabe cuánto se dedica a la campaña. El mejor ejemplo es la financiación millonaria a Keiko Fujimori y Ollanta Humala por parte del grupo Romero y de la Constructora Norberto Odebrecht respectivamente. Esta financiación irregular, que se generaliza en periodos electorales, también ocurre pasadas las elecciones y son más oscuras todavía porque no tienen obligación de ser registradas. Acciones como esta, ¿fortalecen a la democracia?

En las elecciones y la política partidaria ocurre otra modalidad más directa. Gente rica puede, literalmente, comprar un partido registrado para poder postular a la presidencia en el último minuto. Los partidos registrados se han convertido así en una mercancía que favorece a quienes tienen dinero, venga de donde venga, sobre todo en el caso de ricos o empresarios que tengan excedentes invertibles en la política. Este tipo de operación se encuentra en una zona gris y, hasta donde se sabe, no es investigada y se encuentra bastante tolerada. Un ejemplo reciente puede ser Avanza País, adquirida por Hernando de Soto, un partido que reclama estar “comprometido con la democracia, comprometido con el país”.

Otra zona gris se observa en los casos de ricos interesados en tener representación política directa, creando sus organizaciones políticas y usando su dinero para competir electoralmente con ventaja en tanto no le tienen que pedir dinero a nadie. En el caso de los partidos de las universidades con fines de lucro (Alianza para el Progreso, Podemos) más bien puede ser lo contrario. El millonario-dirigente financia a los candidatos que recluta para tener mayor representación política, y luego les “pasa la cuenta” a la hora de votaciones y los compromisos. Son partidos con mucho dinero y pocas propuestas, excepto la que se refiere a la defensa de ciertos intereses, como evitar o eliminar la regulación de las universidades con fines de lucro de bajos estándares.

Otra modalidad, igualmente, o quizá más perversa, ocurre cuando partidos inscritos venden el puesto en la lista parlamentaria por una “donación” de un candidato o candidata con ingresos propios o prestados, y que luego busca “recuperar su inversión”. El puesto puede costar entre $40,000 a 50,000. Aunque este lado del problema no se ha investigado a fondo, es posible afirmar que varios importantes partidos son en efecto vendedores de puestos para postular al Congreso. El partido en este caso es una organización informal con fines de lucro, por decir lo menos, donde estos candidatos compradores desplazan de ese modo a los mejores candidatos y causan por tanto grave daño institucional.

También ocurre la financiación de eventos político-partidarios por bolsillos profundos identificados con alguna causa, o interesados en mantener una relación de clientela o dependencia de los partidos con el capital. El caso más reciente y saltante (no el único, ciertamente), es la financiación de las marchas “multitudinarias” del frente de derecha, cuyo uso de flotas de ómnibus y pagos en dinero y especie a “seguidores” para que llenen las calles y plazas se ha hecho común en los últimos años. El fenómeno no es nuevo. Fernando Belaunde solía criticar en los años 1960s a los partidos que llenaban plazas con “millones, matones y camiones”. La derecha es más propensa a este tipo de financiación porque los ricos y las grandes empresas tienen afinidad e intereses comunes con estas agrupaciones y canalizan rápidamente grandes fondos. Aquí el problema es que crean un falso respaldo, una pantomima de “respaldo popular”. Los ricos clientelizan a los partidos y los partidos clientelizan a gente pobre.

Continuemos con este recuento del daño, que explica en buena parte que clase de partidos y representantes y que partidos y representantes de grupos de interese mercantilistas tiene el Perú actual. 

Otra modalidad muy común de canalización irregular o informal del dinero en la política, vinculada a las anteriores, es la financiación de candidatos que controlan el Ejecutivo y el Legislativo, e incluso de gobernadores regionales y alcaldes. Muchos conforman una trenza interesada en “hacer obras” y sacar una tajada en la forma de coimas que aseguran contratos amañados y presupuestos inflados. Esta trenza “obrista” y coimera, se encuentra en todo el país y se ha generalizado, participando empresas grandes, medianas y pequeñas. 

La razón de este reforzamiento es la abundancia de recursos presupuestales y del canon para construir carreteras, puentes, puertos, aeropuertos, gaseoductos, subterráneos, irrigaciones, monumentos y demás. La fiebre constructora empezó con la bonanza exportadora iniciada el 2002, y ha sido un campo fecundo para que aparezcan miles de empresas constructoras, acompañadas de sus respectivos lobistas, que hacen “gestión de proyectos” en todas las instancias decisorias del Estado. Hoy en día, en tiempos de vacas flacas, compiten desesperadamente, en medio de temores burocráticos de aprobar proyectos por efecto de los escándalos, y el uso mediático de los mismos para fines políticos, para sacar una tajada de una torta más chica. En el caso del gobierno de Castillo, un ocupante “distinto” del gobierno, se ha identificado a financistas como Alejandro Sánchez Sánchez. y Abel Cabrera Hernández como capturadores de partes del Estado (Ministerio de Vivienda, Petroperu entre otros) (H13, 11-11-22, p. 3), lista a la que no puede dejar de añadirse el infaltable Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Ministerio Salud.

Otro tipo de financiación oscura y perversa de candidatos y partidos, que refuerza la lógica predominante de defensa de intereses económicos particulares, proviene del dinero ilícito (narcotráfico, oro y tala ilegal, contrabando, invasión de terrenos, robo de celulares, autopartes robadas), que cada vez con más fuerza logran “representación política” para paralizar la acción fiscalizadora y sancionadora del Estado usando sobre todo el dinero y la coima. En este caso predominan los intereses vinculados a mercados negros, que hoy no solo se expresan con fuerza en las regiones con economías delictivas sino también con mayor fuerza en la política nacional. De allí que, si seguimos esta tendencia acelerada de degeneración institucional, no se pueda descartar a futuro la existencia de un narco estado camuflado. Estos dineros ilegales han desarrollado, a juzgar de casos reportados en la prensa e investigados por la fiscalía, conexiones personales con dirigentes políticos. Es posible incluso hipotetizar que ciertos partidos como Fuerza Popular han establecido conexiones múltiples con varios de este tipo de intereses desde 1990, incluyendo algunos que operan en zonas grises como los casinos, sospechosos de lavado de dinero.

Estas son entonces las causas profundas del deterioro institucional y moral de las entidades públicas. Sin embargo, el problema no queda ahí. En realidad, se refuerza con la existencia de una lumpen burocracia en buena parte del Estado, sea el Poder Judicial o el Poder Ejecutivo, que medra manejando casos, concediendo permisos, y sobre todo en el caso del Estado central, haciendo compras amañadas de equipos de salud, material educativo, armas y otros bienes que el Estado adquiere.  Una de las funciones de esta lumpen burocracia es amedrentar o sacar del camino a los buenos funcionarios, con lo cual el Estado se degrada. No podemos dejar de considerar la clientelización o corrupción de funcionarios del sistema de justicia, fiscales y jueces, donde los grandes intereses, legales e ilegales, directamente o a través de intermediarios, abogados en muchos casos, intentan capturarlo o logran conseguirlo. 

En los últimos años hemos descubierto una parte de esta lumpen burocracia y sus conexiones con el mercado (blanco o negro) en casos como Los Cuellos Blancos del Puerto, Los Topos de Lima Sur, Los Intocables Ediles de La Victoria y los Gangsters de la Política. A esta lista infame hay que añadir el Club de la Construcción liderado por Odebrecht, COSAPI y Graña y Montero (vinculada al grupo El Comercio), y el Club de la Destrucción, especializado en re-zonificaciones urbanas que defiende la congresista Norma Yarrow (H13, 11-11-22, p. 10). Ahora se suma a la lista la mafia de aduanas recientemente descubierta, articulada con empresas importadoras de textiles chinos, cuya empresaria (el otro lado de la relación, lo que recuerda siempre que se necesitan dos para bailar tango), Yolanda Huamán A., escondía en efectivo más de S/. 10 millones en su casa (H13, 11-11-22, p. 5).  

Estos son los variados intereses económicos mercantilistas y delictivos, formales e informales, grandes y pequeños, limeños y provincianos, aristocráticos y plebeyos, que han crecido fuertemente en las últimas décadas y cuyo accionar parece estar fuera de control o en todo caso, cada vez más resistente a las investigaciones y más capaz de evitar sanciones. No han tomado todos los partidos ni todo el Estado, cierto, pero han crecido en número y desarrollado modalidades más sofisticadas de aprovecharse de los recursos públicos y de la falta de acción del Estado. 

El diagnóstico que ofrecemos puede ser calificado de pesimista. Yo diría más bien que es realista, y que explica mejor las causas profundas (donde la falla sísmica es la intersección entre la economía de intereses mercantilistas y la política mercenaria) que quienes argumentan que se trata de un fenómeno de “partidos débiles”, o quienes argumentan sin más que “ya no hay verdadera representación política”. 

Hay que mirar al fondo del asunto… con los ojos bien abiertos. Por lo mismo, conviene ver la forma de regenerar la política eliminando o reduciendo estas prácticas y esta falsa representación del sentir público. La capacidad de investigar para generar la rendición de cuentas y evitar el ajuste de cuentas, de sancionar a los responsables judicial y moralmente, en la sociedad civil, los partidos y el Estado, a partir de sus reservas morales, dará el mensaje que podemos ir a una nueva etapa de desarrollo institucional. El rol de las nuevas generaciones es clave en ese sentido.

[1] Recomiendo leer la revista Quehacer (Segunda Época) “Tres rostros: una tragedia”, así como el semanario Hildebrandt en sus Trece (11-11-22).