En las últimas semanas se han dado una serie de opiniones acerca de la situación que atraviesa la economía peruana. El punto de partida es el bajo crecimiento en los últimos años, que ronda en promedio alrededor del 2.5% del PBI -con una tasa negativa de -0.6% en el 2023-, lo que va a continuar en los próximos años. 

El tema de fondo es que, así, el Perú no va a superar el índice de pobreza, que afecta al 29% de la población y, lo más probable, es que siga aumentando. Tampoco va a bajar la tasa de informalidad, que alcanza al 74% de la masa laboral, con bajísima productividad. Recordemos que, incluso con el superciclo de altos precios de las materias primas, la informalidad apenas si bajó dos puntos porcentuales.

La discusión se ha ido elevando de tono. Hace poco se ha dado a conocer que este año el Perú ha tenido el peor Índice de Competitividad de su historia. Y también se ha conocido la carta que la OCDE le dirigió al ex primer ministro Alberto Otárola, donde le advierten que no debe promulgarse la ley que debilita la colaboración eficaz, la misma que, sin embargo, fue aprobada por insistencia por el Congreso en marzo de este año. 

Uno de los temas en discusión es, justamente, el carácter de la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Y esta es una relación de necesidad y apoyo mutuo. Ambos desean quedarse hasta el 2026. ¿Eso es subordinación? ¿O pacto?

Según Ojo Público, de las 547 normas promulgadas desde 2021, al menos, 107 fueron aprobadas por insistencia del Parlamento. Solo en 2023, se promulgaron 57 leyes con ese mecanismo. Hasta hace poco, el Ejecutivo “observaba” una que otra iniciativa legislativa del Congreso. Pero en los últimos tiempos se ha “sacado la careta”, como en el caso del retiro de fondos de las AFP, que no fue “observada”. 

Si las supuestas discrepancias entre ambos poderes del Estado (que siguen teniendo “su” objetivo común) tuvieran raíces programáticas, es decir, de maneras distintas de entender al país, podría decirse que esas son las reglas de juego democrático y hay que respetarlas. Pero eso no es así. Varias iniciativas legislativas están orientadas a satisfacer intereses particulares que salen y/o debilitan el marco legal vigente (explosivos para la minería ilegal; debilitar la colaboración eficaz, ya mencionada; legalizar la tala ilegal y el cambio de uso de suelos que contamina el ambiente), entonces, eso es otra cosa. Si el ejecutivo las acepta, va por ese mismo camino.

El poder económico en el país está cambiando. Y esas nuevas relaciones de poder son las que se estamos viendo. Ese cambio no solo se produce en los ámbitos de la economía formal que todos conocemos, uno de cuyos signos es la aparición de nuevos grupos económicos, lo que se visibiliza con la posible candidatura de Carlos Añaños en “Perú Moderno” (1). También se aprecia en la economía informal (que tiene el 19% del PBI) y en las economías criminales y delictivas, ya analizadas (2). 

Diferentes tipos de poder 

Las relaciones y las influencias que puede tener el poder económico han sido siempre materia de análisis y estudio. Un reciente libro de Durand, Crabtree y Wolff (3) identifica tres tipos de “poder económico tradicional”, lo que aplican para Ecuador, Bolivia y Perú en los últimos 50 años.  

En primer lugar, está el poder estructural, vale decir, la capacidad de las élites económicas para influir en las decisiones del Estado a partir de su peso en la economía y de sus decisiones de inversión (o no inversión). En segundo lugar, viene el poder instrumental, es decir, las maneras en que las empresas expresan sus intereses, lo que generalmente se realiza a través de sus voceros empresariales. En tercer lugar, viene el llamado poder discursivo, mediante el cual se influye en los patrones de formación de opinión pública y en sus bases ideológicas, de modos que van mucho más allá del Estado pero que, a su vez, influyen en la política estatal.

Los autores concuerdan en decir que en el Perú la influencia del sector empresarial ha sido mucho mayor que en Ecuador y Bolivia, países donde ha habido espacios de poder compartidos con otros actores económicos, sociales y políticos. Y ese poder ha sido más pronunciado aún en los momentos del auge económico (impulsado por el superciclo de altos precios de las materias primas).

Lo que está en debate es si esas tres formas de influencia del poder económico tienen (o no) vigencia en el contexto actual nacional e internacional (“slowbalization”). La propia OCDE, en su Informe Económico 2023 sobre el Perú dice: “El prolongado episodio de desaceleración económica muestra que los anteriores motores del crecimiento –una PEA en expansión, la acumulación de capital y el sector exportador de materias primas– resultan insuficientes para sostener un mayor progreso socioeconómico”. Y agrega que hay que realizar reformas distintas a las anteriores, orientadas, entre otras, a la diversificación productiva, para garantizar un marco de condiciones favorables.

Otro tema, varias veces analizado acá, es también que hay una gran proporción de la población peruana que vive y trabaja en las economías ilegales, lo que llega hasta los 5 millones de personas (4). Y buena parte de esas actividades tiene poco que ver con la economía formal, como es el caso de la minería ilegal (que ya exporta US$ 4,000 millones anuales, como lo consigna el BCR), el contrabando (la “culebra” en Puno), la tala ilegal y la deforestación (que promueve el cambio de uso de suelos en la Amazonía). Y también tiene poco que ver con el mercado interno porque la demanda proviene de circuitos internacionales delictivos (que compran en dólares). 

Es aquí que aparece el tema del Estado fallido, que se ha comenzado a mencionar en el Perú. Hay numerosas acepciones. Una de las más comunes es que dicho Estado no puede garantizar el funcionamiento de la administración general, garantizar el acceso a servicios básicos y establecer la ley y la seguridad sobre el terreno que es de su competencia. Las características nos son familiares. Y se puede también agregar el grado extremo de polarización y enfrentamiento entre dos o más sectores de la población y de la política. Pero eso no alcanza, hoy, para una afirmación tan grave. Debe servirnos, sí, para evitarlo.

Para terminar, estamos no frente a un solo poder económico tradicional, sino frente a otros sectores empresariales que ascienden (los “otros apóstoles”, ya citado), amplios sectores que operan en la economía formal y que quieren sus propias leyes (desde nuevas universidades hasta colectiveros), amplios sectores informales que están al margen de la ley (pero no son delincuentes) y economías ilegales y delictivas con poder económico que busca apoyo y reconocimiento político en las regiones y a nivel nacional, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo. 

Hemos pasado de ser el “Jaguar de América” (que en verdad nunca fuimos) a un país fuertemente fracturado. Se necesita un golpe de timón.

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1)  Dice Francisco Durand: “se constata la existencia de un nuevo grupo de emprendedores provincianos, social y geográficamente distintos al tipo establecido limeño, lo que representa un importante cambio histórico: peruanos de origen popular y mestizo, provenientes de la parte baja de la pirámide, constituyen grandes grupos de poder económico» en “Los doce apóstoles de la economía peruana: una mirada social a los grupos de poder limeños y provincianos”, 2017, PUCP.
2)  El Perú se ha lumpenizado, La República, 17/11/2023
3)  Estado y Poder empresarial en Bolivia, Ecuador y Perú. Un estudio comparativo, PUCP, 2024 
4)  Ver el detalle en “Debate sobre un Perú fracturado”, 25 de febrero 2019, https://www.cristaldemira.com/articulos.php?id=2831