(a propósito del derrame de petróleo)

A pesar de toda la campaña que durante más de 20 años se ha llevado a cabo para privatizar a  Petroperú ésta no tuvo éxito. Dicha campaña estuvo basada en argumentos ideológicos: planteaban que la empresa pública era ineficiente per se, motivo por el cual ésta no debía existir.

Su punto de apoyo central fue el Art. 60 de la Constitución de 1993, que establece la subsidiariedad de la actividad empresarial del Estado, es decir que solo puede haber una empresa estatal allí donde los privados no puedan o no quieran participar. De allí el “rol subsidiario” del Estado.

Pero el público no lo entendió así pues a los ojos del público la empresa estatal proporcionó, de un lado, combustibles de alta calidad y, de otro, atendió siempre a los lugares más apartados del país.

Pero en los últimos tiempos, la campaña comenzó a cambiar de eje y se desplazó hacia el desprestigio en la relación día a día de la empresa con el consumidor. Todos hemos visto los ataques a los supuestos altos precios de venta de los combustibles de Petroperú, empresa a lo que solo le interesaba “hacer caja” para financiar la modernización de la Refinería de Talara.

Campaña mentirosa, por cierto, pues sus precios siempre estuvieron alineados con sus costos de producción. Sucede que la campaña no tomaba en cuenta, de manera deliberada, las mareas anómalas que incrementan el costo de carga y descarga de los buques, cifra que ronda los US$ 18 millones anuales. Tampoco tomaban en cuenta los costos financieros originados por la obligación de tener inventarios de combustibles “de reserva” para prevenir posibles desabastecimientos por un mínimo de 15 días. Pero tampoco tuvieron éxito.
 
No ha sucedido lo mismo con los recientes derrames de petróleo en la selva, provocados por fallas en el oleoducto norperuano los que se originan ciertamente, en defectos en la administración de su mantenimiento por parte de la empresa. Lo que se debe corregir, claro está, pues no se pueden permitir estos derrames que contaminan el medio ambiente, dañan la flora y la fauna y, sobretodo, perjudican a las comunidades nativas en sus actividades diarias de alimentación y trabajo. Ni una sola gota de petróleo se debe derramar en la amazonia.
 
Estos derrames dejan también en claro que la empresa necesita una reingeniería técnica y administrativa que le permita tener estándares de la más alta calidad y eficiencia que la ciudadanía debe exigirle a todas las empresas, comenzando por las empresas estatales.
 
Y es aquí que encontramos dos varas y dos medidas. Tenemos que, en enero de este año, días antes del derrame de Petroperú en el Ramal Norte, también hubo un grave derrame de la empresa TGP que transporta los líquidos del gas de Camisea, en la zona del Urubamba donde habitan las comunidades del pueblo Machiguenga. El derrame originó multas por parte de la OEFA a TGP, pero en ese caso no vimos a los ministros salir a la televisión a denunciar las faltas de la empresa TGP.

Eso sí sucedió en el caso del último derrame del 24 de junio, cuando el Ministro del Ambiente, Pulgar Vidal, realizó una Conferencia de Prensa para atacar a Petroperú y exigir sanciones en su contra, las mismas que solo pueden ser tomadas por Osinergmin y la OEFA, llevando a cabo el debido proceso y sin presión política alguna. Añadamos que en esa conferencia no estuvieron presentes los ministerios de Energía y Minas y de Economía y Finanzas, que representan al Estado en la Junta General de Accionistas.
 
Por nuestra parte decimos que sí ha habido responsabilidad administrativa y política de Petroperú en este derrame, lo que justifica la renuncia del Presidente del Directorio que, además, cosa única, también desempeñaba el cargo de Gerente General. Y decimos también que estos derrames sí han causado fuertes y serios daños a la credibilidad e imagen de la empresa ante la ciudadanía.
 
De esta circunstancia se aprovechan ahora los privatizadores. Piensan que “ahora es cuando”, que nunca han tenido un mejor momento para avanzar sus fichas. Afirman: “Si la empresa no puede administrar un oleoducto, cómo va a ser posible que tenga lotes de petróleo o que pueda llevar a cabo la modernización de la Refinería de Talara”.
 
Detrás de estos ataques se esconden los intereses económicos y financieros que manejan la energía como si fuera un “negocio más”, de acuerdo a sus propios intereses, que no son los del país. Eso no sucede ni en EEUU donde, por ejemplo, el gobierno prohibió la exportación de petróleo por más de 30 años por consideraciones de seguridad energética.  Pero aquí manejan el gas y petróleo a su libre albedrío y ahora atacan la construcción del Gasoducto Sur Peruano, la masificación del gas y la industria petroquímica.
 
En el campo estrictamente de petróleo, tenemos que el Oleoducto Norperuano es una pieza estratégica pues ya tiene un contrato con la estatal Petroamazonas del Ecuador para transportar petróleo. No solo eso. En la zona hay varias empresas que producen petróleo, entre ellas la francesa Perenco. También Petroperú es dueña del Lote 64, que tiene crudo ligero, y que va a explotar con la empresa Geopark, que asumirá el 100% de la inversión y el riesgo exploratorio.
 
La cereza de la torta es el Lote 192, donde el Congreso aprobó el año pasado que fuera explotado por Petroperú, seguramente en asociación con otras empresas. Pero en eso no se avanza.
 
En conclusión, está a la orden del día la reorganización de Petroperú para llevar a cabo las tareas que le corresponden y, entre ellas, claro está, tiene un lugar clave en la agenda el potenciamiento del oleoducto norperuano para que no se produzca un solo derrame una gota más de petróleo. El Presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski, acaba de declarar que Petroperú no se privatizará sino que será modernizada. No sabemos exactamente qué significa esa afirmación. Pero estaremos muy atentos pues Ollanta Humala prometió lo mismo. Y miren cómo hemos terminado.