(Nota de redacción:  En medio de un fin de semana luego del allanamiento del domicilio y el despacho de Dina Boluarte, hemos podido apreciar la intención de aferrarse al poder y vivir en impunidad, acciones que se han convertido en moneda común de este régimen. Los comunicados de apoyo a la presidenta por parte de las bancadas que cogobiernan con ella muestran la coalición de la que hemos venido hablando desde hace varios meses. Este artículo precisamente abarca lo que existe detrás de este acuerdo impune que sigue adelante con la fuerza bruta de los votos.)

Lo que se está viviendo hoy en el Perú, es una situación de flagrante abuso de poder, es la destrucción de la democracia y sus instituciones por parte de quienes se han apoderado del poder Legislativo y Ejecutivo. El Congreso ha modificado más de 50 artículos de la Constitución, soslayando la opinión de la ciudadanía que ya se había manifestado en contra de la creación de una Cámara de Senadores en un referéndum el año 2018. El Ejecutivo actúa en acuerdo cerrado con el Legislativo: si cae uno, cae el otro. Tienen un pacto de impunidad.

El Congreso de la República ha abdicado de su función de fiscalización prescrito en el Art. 5 del Reglamento del Congreso de la República. Los congresistas, están tergiversando su razón de ser, así como la función del propio Congreso, ya no representan a su electorado ni a la ciudadanía.

El Art. 45 de la Constitución Política, señala que “el poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen”. La Constitución y las leyes han sido rebasadas por estos congresistas que legislan a su libre albedrío, por intereses propios y sin topes.

Estos congresistas (siempre hay que señalar dos o tres excepciones) no tienen interés en construir legitimidad, no le dan valor a la opinión ciudadana, nos están faltando el respeto permanentemente, se zurran en los valores democráticos, no saben lo que significa la democracia, las instituciones.

Mientras, el Ejecutivo, se encuentra sometido a la voluntad del Legislativo, sin un norte y sin rendir cuentas, teñido de corrupción y autoritarismo, y cargando a cuestas la muerte de casi 70 ciudadanos del sur del país, asesinados a fines de 2022 e inicios de 2023. 

Estamos en medio de una descomposición política, social y moral. El país está tomado por la delincuencia organizada en el Estado y en las calles, al punto que no podemos ejercer nuestros derechos ciudadanos con plenitud, tampoco hay manera de poder vivir y transitar tranquilamente por las carreteras del Perú. 

La delincuencia, el sicariato y otros, campean en las ciudades y, en la Amazonía, como consecuencia de la ausencia del Estado, vastos territorios están dominados por organizaciones criminales que se dedican al tráfico de tierras, tráfico de drogas, tala ilegal, minería ilegal, trata de personas y otros.

Sin embargo, ambos poderes del Estado, se afianzan es su pacto y se sienten inamovibles. Esta situación, atenta contra un principio fundamental de la democracia y el Estado de derecho: la separación y el equilibrio de poderes, como lo prescribe el Art. 43 de la Constitución Política, señala que “(…) el gobierno es unitario, representativo y descentralizado y se organiza según el principio de la separación de poderes”. 

Una acción que nos permitiría superar esta etapa caótica, se encuentra en el tercer poder del Estado. El Poder Judicial, puede ser el que genere esa salida que tendría que ser política, dentro del marco constitucional. Existe experiencia internacional latinoamericana. El Presidente del Poder Judicial asumiría las funciones de Presidente de la República, temporalmente, para convocar a elecciones generales y restituir la institucionalidad democrática.

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*Abogada, periodista, especialista en conflictividad social.