El presente análisis sobre los recientes sucesos en Ecuador, levantan la tapa de una “Caja de Pandora” que se cierne sobre los países de la región: la estrechísima relación entre exclusión social, corrupción institucional, informalidad, violencias y geopolítica. Bajo esa línea, se reproduce el permanente laberinto entre políticas públicas sobre temas penales y criminales, respecto de la lucha contra la pobreza.

Mientras que la crisis de seguridad en Ecuador sigue su curso, como es usual, los gobiernos y los políticos latinoamericanos son atizados por el mainstream y una opinión pública horrorizada, que opina y exige más “mano dura” al estilo del presidente Bukele en El Salvador o Singapur en el sudeste asiático. Otros actores, los grupos que defienden derechos individuales y colectivos, exteriorizan sus dudas sobre tales propuestas desde una perspectiva democrática y garantista de los derechos de las personas. En el camino, estos últimos deben enfrentar los ataques de posturas autoritarias y eficientistas que a costa de más policías, militares y tecnología en las calles, restringen el funcionamiento de las instituciones democráticas.

En realidad, la respuesta que viene dando el Estado ecuatoriano, favorece a algunos. Las mismas organizaciones criminales que amplían su cartera de negocios urbanos y rurales, aún a costa de eventuales pugnas internas. El establishment local e internacional, que distrae la atención sobre la solución de problemas sociales o políticos, como ocurre en el Perú. La policía y FFAA de nuestros países que adquieren un protagonismo político y mayores presupuestos sin escrutinio público, por amenazas a la seguridad nacional, allí están los ofrecimientos de impunidad. Pero también se favorece la gran potencia del hemisferio que ofrece cooperación y firma convenios para transferencia de equipos bélicos a Ucrania, y de paso aumentan su presencia en una zona de disputa global. Finalmente, la prensa, que vende más sangre y miedo.

Un primer dilema que todo funcionario debe responder es ¿Cómo distribuyes recursos escasos? ¿A la policía, a los jueces o más cárceles? Lo que resulta crucial, es que se debe garantizar un eficaz funcionamiento de todo el circuito penal, sino cualquier otra medida es irrelevante: la coerción, investigación, procesamiento y sanción, en simultáneo. Es algo que no suele ocurrir en los Ministerios de Economía de América Latina.

En el Perú, salvo en la costa norte, la guerra no será necesaria, porque desde loa época del fujimorato, las cosas se resuelven con plata y no con plomo. Desde el Congreso de la República con el apoyo de un remedo de congresistas, se dan leyes como la reciente ley 31973 que modifica la Ley Forestal y Fauna, que favorece abiertamente las economías extractivas ilícitas, o se debaten propuestas que cooptan los aparatos de justicia o reducen la transparencia del proceso electoral. Veamos con atención en los próximos meses la tendencia de los índices objetivos de inseguridad en ese país y el resto de la región andina: Venezuela2 y Colombia son escenarios visibles de choque entre las organizaciones criminales y el Estado, con limitados resultados. Aunque Perú y Bolivia están muy detrás, la “brecha” de inseguridad y violencia se sigue reduciendo. Lima, no solamente es la segunda ciudad más cara de América Latina, sino que, en un entorno económico nacional francamente recesivo, su población que llega a los diez millones, se vuelve más permisiva y laxa frente a cualquier tipo de corrupción e informalidad, pese a que de otro lado le afecte la creciente violencia urbana...

¿Cómo impactará la estrategia de presidente Noboa sobre los mercados internacionales de la cocaína? ¿Le hacemos daño de algún modo al crimen organizado?

Ninguno de forma permanente. Son períodos cortos de repliegue para las estructuras de tales organizaciones, para lo cual las cárceles se convierten en búnkeres preferidos. Conciertan alianzas o buscan nuevas rutas de tránsito, y sobre eso, la Amazonía sudamericana es más que interesante. El río Amazonas y sus seis afluentes principales (Mamoré, Caquetá, Putumayo, Ucayali, Marañón, Negro), configuran una red segura de extracción de recursos como las drogas, la madera y eventualmente el oro aun en roca. Recientemente, se anunció la captura de 1,600 kgs de cannabis creepy en localidad de la provincia de Mariscal Castilla, región Loreto, a una organización colombiana “Los Parches” lo que confirma la importancia de la ruta amazónica3. En un informe realizado para un think tank internacional y próximo a aparecer, describimos y analizamos la presencia de las EEIs en el espacio de los 1626 kms de la frontera colombo peruana entre Soplín Vargas y Tarapacá, incluido el Trapecio Amazónico binacional. Allí sostenemos que esta autopista fluvial que comunica los municipios del Alto Putumayo y Nariño con el Atlántico y el creciente mercado brasilero, es intensamente usada por organizaciones criminales con destino a mercados internacionales. Tan solo el 2023, la policía peruana decomisó 15 toneladas, mayormente PBC con dirección a las mega ciudades brasileñas.

En unos países como Perú, los narcos favorecen sus negocios mediante distintos actos de corrupción, en todos los niveles del Estado, a nivel distrital (Yaguas, Putumayo), regional (la policía en Loreto) y nacional (alta jefatura de la DINANDRO el 2022). En otros escenarios, se usan espacios estratégicos comerciales, como los puertos marítimos (Guayaquil) o fluviales (Rosario en Argentina) de América del Sur, en donde lo que aumenta, es la situación de inseguridad. Esta, afecta distinto a pobres y ricos en las calles de las más grandes ciudades latinoamericanas, algo que no parecen percatarse los gobiernos. Barrios enteros como Petare en Caracas, Ciudad Bolívar en el sur de Bogotá, los barrios en Guayaquil, El Alto o El Callao lo saben antes que la prensa. Mientras, el Estado evade tratar los temas de fondo, dejando a la generación de 160 millones de jóvenes latinoamericanos entre la migración ilegal o la criminalidad: La migración ecuatoriana a EEUU se ha cuadriplicado, de 24,060 el 2022, a 116,229 personas el 2023. La rueda del circuito penal sigue girando: excepción, conflicto armado y beligerancia, más cárceles, privatización de las mismas, medidas de interdicción que aumentan los precios de las sustancias en EE.UU. De otro lado y en dirección contraria, crisis económica permanente, falta de empleo, mayor informalidad e ilegalidad (Ver reciente Informe Desigualdad S.A. de OXFAM Internacional). 

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1 *analista de Políticas de Drogas y Seguridad, ex presidente ejecutivo de DEVIDA.
2 según el Observatorio Venezolano de Violencia, el 2023 hubo 6,973 homicidios en ese país, convirtiéndolo en uno de los países más violentos, superior a México, Colombia o Brasil
3 https://rpp.pe/peru/loreto/loreto-agentes-de-la-dirandro-decomisan-mas-d...