Los familiares de las víctimas mortales y los heridos por la represión policial y militar durante las marchas de protesta deben sentir que están siendo utilizados de la peor forma política por parte de dos de las tres cabezas de una coalición gubernamental que se niega a rendir cuentas, no solo por ellos, sino por los actos de corrupción que rodea al régimen. 

Es que la tarde del lunes 27 de noviembre se convirtió en una comparsa de acusaciones entre la fiscal de la Nación, Patricia Benavides y la presidenta Dina Boluarte quienes pasaron la tarde utilizando a los muertos de las protestas para señalarse la una a la otra en un triste espectáculo que da por culminada una parte de la coalición gobiernista conformada por el Ejecutivo (con Dina y Otárola a la cabeza), la Fiscalía (encargada de proteger a los denunciados) y el Congreso (que ejecutó la cacería de los opositores e investigadores del régimen) que busca desde hace tiempo copar todas las instancias del Estado. 

Una organización criminal 

La madrugada del lunes, la Diviac y la Policía Nacional junto al equipo especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, intervinieron la vivienda de Jaime Villanueva, principal asesor de la fiscal Patricia Benavides y quien se autodenominaba como “el único” que podía coordinar con los congresistas en representación de la titular del Ministerio Público. 

Junto a la vivienda de Villanueva, se intervinieron los domicilios de Abel Hurtado Espinoza y Miguel Girao Isidro, también asesores de Benavides. Los tres estaban sindicados por la fiscalía especial a cargo de la fiscal Marita Barreto como miembros de una presunta organización criminal al interior del Ministerio Público y que estaba encabezada por la misma fiscal de la Nación Patricia Benavides. 

Según la tesis fiscal, la organización criminal actuó de forma ilícita en “escenarios diversos” tales como la designación del Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez; la inhabilitación de la fiscal Zoraida Ávalos como Fiscal de la Nación; y la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). 

Para ello, Villanueva actuó -en presunta coordinación con la fiscal Benavides- entregando información privilegiada, vía Whatsapp, a diversos congresistas y ejerciendo presión para que los parlamentarios votaran para elegir a Gutiérrez como Defensor del Pueblo, así como para sacar de su cargo a Ávalos y a los miembros de la JNJ, todo ello a cambio de archivar denuncias contra los legisladores conocidos como “Los Niños”, situación que en concreto se dio. 

Una denuncia bajo la manga 

Pasadas las horas, diversas instituciones, analistas, fiscales del caso LavaJato y algunos congresistas insistieron en la necesidad de la renuncia de Patricia Benavides, incluso los dos fiscales supremos que comparten la junta con Benavides solicitaron reunirse para discutir una posible salida. 

Sin embargo, envalentonada, la titular del Ministerio Público salió al frente rodeada de solo dos fiscales superiores y otros de menor jerarquía para asegurar que “los poderosos que no quieren que los investiguen están tratando de desprestigiar a la fiscalía”. Fue en ese momento que responsabilizó -indirectamente- a Dina Boluarte y a Alberto Otárola. Acto seguido anunció que “no iba a quedar ninguna muerte impune” y anunció que había presentado una denuncia constitucional en su contra. 

Hay dos hechos que llaman la atención en este pronunciamiento: Uno -que fue advertido por Boluarte- es que hace unos días la fiscalía anunció que se ampliaba el plazo para la investigación y resulta llamativo que ahora se use este caso para distraer la atención sobre Benavides. Y dos, en ningún momento la Fiscal de la Nación deslindó de Villanueva ni desautorizó los chats que fueron escritos en su nombre. 

¿Tal vez porque en la madrugada, informada ya de la operación Valkiria 5 intentó hacer un control de daños separando a Villanueva de su cargo? 

Devolviendo el golpe 

Horas después, Dina Boluarte apareció en Palacio de Gobierno rodeada de sus ministros, para -de forma confrontacional- acusar a la Fiscal de la Nación de tratar de desviar la atención presentando una denuncia constitucional en su contra. 

“Causa extrañeza que se presente la denuncia constitucional contra mi persona cuando la población se entera de los presuntos delitos de corrupción que implican a la fiscal”, precisó Boluarte en su pronunciamiento, demostrando de esa forma que no iba a aceptar pasivamente el golpe dado por la fiscalía, acusando a su vez que la decisión era una maniobra política. 

Sin embargo, ambos poderes del Estado, como dijimos al inicio de este texto están utilizando el caso de los muertos y heridos durante el régimen, como un comodín político que es sacado para evitar responsabilidades políticas y legales. 

¿El epílogo? 

Lo cierto, es que lo visto este lunes es un episodio más en la accidentada coyuntura nacional, donde los “nuevos” actores que participan desde diciembre de 2022, están jugando a la sobrevivencia, una permanencia en el escenario político que fue alimentada por el objetivo de copar las instituciones del Estado. 

Empezaron protegiendo a la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, destituyendo a su posible reemplazo Zoraida Ávalos, luego fueron por la Defensoría del Pueblo colocando a un personaje acorde a sus objetivos, un defensor que debe presidir la junta especial que elige a los nuevos miembros de la JNJ; finalmente intentaron sacar a los miembros actuales de la JNJ, instancia que nombra a los jueces y fiscales, en un escenario donde varios congresistas y los líderes de sus partidos políticos están envueltos en más de un caso judicial.

¿Se convirtió Boluarte en el fusible final a ser cambiado para permanecer hasta el 2026? ¿o habrá un acuerdo subrepticio para la sobrevivencia conjunta? Eso, es algo que se debe definir en las próximas horas. Mientras el silencio en la calle en medio de una recesión económica, sigue siendo alarmante.