Los recientes acontecimientos producidos en las últimas semanas han puesto en el centro de la atención la cuestión de las relaciones entre países del continente sudamericano. Ponen en entredicho el sistema y el derecho internacional, dejando sin piso el multilateralismo caduco representado por la OEA.

Nos referimos a diversos hechos con fuerte incidencia política: (i) la evolución del proceso electoral, la participación de la oposición en Venezuela y la posible reanudación de sanciones por EE. UU.; (ii) el ataque a la delegación diplomática de México en Ecuador y sus consecuencias hemisféricas (CELAC); (iii) el debate presidencial entre los presidentes Maduro y Boric de Chile por la existencia de las organizaciones criminales como el denominado “Tren de Aragua”. Finalmente, (iv) en relación con Argentina, la visita muy comentada en la prensa, de la General Laura Richardson jefa del Comando Sur, los anuncios sobre una base naval conjunta para contrarrestar la presencia china en Neuquén (mediante Estación Espacial), el anuncio de la compra de 24 aviones F-16 a Dinamarca. Lo anterior tiene relación con las recientes declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich sobre la puesta en alerta en la frontera con Bolivia por la posible presencia de miembros de Hizbollah con pasaportes bolivianos, lo que representa una situación “caliente” en el Cono Sur en tanto se vincula a los acontecimientos en el Medio Oriente. 

Todo esto sin considerar que los dos principales problemas de seguridad nacional e internacional en el hemisferio siguen latentes. Por un lado, la continuación de flujos desbordados de migración a través de Darién y América Central, así como flujos domésticos dentro de la región, mayormente provenientes de Venezuela, Cuba y Haití.

Por otro lado, la región enfrenta el desborde de las diversas formas de criminalidad asociadas a la cocaína, el oro, la madera y las personas. Es el caso de la presencia extraterritorial de organizaciones como el Cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Tren de Aragua, Primer Comando do Capital, en el estrato más importante de la pirámide criminal. Debajo de ellas, se encuentran decenas de organizaciones con alcance local más específico, pero que ponen en jaque lugares como Guayaquil (Ecuador), Rosario (Argentina), el VRAEM (Perú), el Beni en Bolivia y la Triple Frontera de Paraguay.

El conjunto de tales acontecimientos individuales ha devuelto temporalmente al escenario hemisférico, la compleja dinámica de la situación geopolítica en América del Sur, donde se presentan tanto elementos de confrontación tradicional (Este Oeste de la época de la Guerra Fría), así como crecientes disputas entre progresismo y las nuevas derechas emergentes en la subregión (Millei, Bolsonaro, Noboa, Kats en Chile).

En la actualidad, la región se encuentra caldeada, con crisis bilaterales y multilaterales diversas, en donde nuevamente las capacidades de los organismos multilaterales son reemplazadas por los liderazgos individuales (recientes viajes de presidentes Lula y Petro). No dejamos de ser un espacio periférico en el contexto mundial, pero donde salpican elementos de importancia al menos hemisférica y en donde la región sigue siendo una zona de disputa entre los hegemones.

En el caso del Ecuador, la decisión del presidente Noboa de ingresar a la fuerza a una delegación diplomática (para detener al exvicepresidente Egas), le ha representado la condena general de la región y el hemisferio, incluidas la OEAS y la CELAC. Además, le ha significado la ruptura de relaciones con México, Nicaragua y Venezuela, así como la llamada en consultas de Bolivia. Pero este hecho debe ser analizado más a fondo con el rol que ha tenido el presidente de México en la evolución de los acontecimientos en relación no solo con ese incidente, sino con la dinámica del narcotráfico asociado a la presencia de carteles mexicanos en el Ecuador, que tiene las más altas tasas de homicidios de la región y la mayor concentración de violencia y exportación de cocaína.

En el caso de Venezuela, que se apresta a organizar unas elecciones presidenciales que cuentan con la veeduría de diversas instancias internacionales, y donde funciona la prensa libre, pero donde subyacen dificultades y dudas al vecindario. La posibilidad de la reanudación de las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de EE. UU., -las mismas que fueron levantadas temporalmente por la exención de octubre último-, por un supuesto incumplimiento del Acuerdo de Barbados, es un asunto pendiente, que debe ser asumido con hechos por el gobierno del presidente Maduro. Ello lo ha obligado a mostrar una agenda más abierta que incluye la detención del ex mandamás de PDVSA, y su reciente reunión sostenida por los presidentes Petro y Maduro en su última reunión en Caracas. Sin embargo, la elevación de las tensiones en el tema del Esequibo por la reciente aprobación de Ley de creación del Estado número 24 sobre dicha región en la Asamblea Legislativa venezolana, está directamente relacionada a las ingentes reservas petroleras halladas en sus costas frente a lo esmirriado de la producción venezolana (850,000 barriles diarios). Tales acciones unilaterales, son inmediatamente respondidas por los esfuerzos que realiza Guyana para incrementar los niveles de cooperación y asistencia militar por parte de EE. UU.

La región está cruzada por múltiples -viejos y nuevos- problemas que avanzan sin visos de solución. El periódico péndulo entre progresismo y nueva derecha exacerban insulsas discusiones y no dejan consolidar un sistema regional estable y previsible. ¿No será que ese objetivo -un sistema regional estable y previsible- debe conducir la política exterior de nuestros países?