En rechazo al autoritario e ilegítimo régimen Boluarte-Congreso

Hoy miércoles 19 de julio se lleva a cabo en Lima y en otras ciudades del país, una gran jornada de protesta nacional en rechazo al gobierno de Dina Boluarte y al Congreso de la República, coalición autoritaria y corrupta, que usa el poder para erosionar la separación de poderes y el Estado de derecho, y que sobrevive para defender sus estrechos intereses. Ello tras el golpe fallido de Pedro Castillo, quien ya había socavado las bases de la institucionalidad y lucha anticorrupción, traicionando el voto popular y deslegitimando la viabilidad de una opción de izquierda en el país.

A pesar del repudio mayoritario de la ciudadanía –expresado en todas las encuestas– la ilegítima coalición Boluarte-Congreso se sostiene con el apoyo de las Fuerzas Armadas, las élites económicas y sus medios de comunicación afines. Por ello, la consigna central y de consenso es la renuncia de Dina Boluarte, lo que forzaría una transición que nos lleve a elecciones generales en el más breve plazo, antes de que el Congreso tome control de los órganos electorales como lo hizo con el Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación y la Defensoría del Pueblo.

La marcha hacia Lima, especialmente de las comunidades del sur andino, es parte central de esta nueva ola de movilización social, y busca, además de que se vayan todos, justicia para las decenas de personas asesinadas por la represión brutal ordenada por el gobierno de Boluarte-Otárola, desplegada por las fuerzas armadas y policiales entre diciembre del 2022 y marzo del 2023.

La protesta es un derecho y no debe ser criminalizada. Sin embargo, desde el Ejecutivo se ha insistido en una narrativa que homologa el derecho a la protesta social con actos delincuenciales, sediciosos o abiertamente terroristas, buscando, de un lado, restarle legitimidad a la protesta ciudadana, y de otro, inducir en la población un clima de miedo y zozobra que apunta a desmovilizarla. Esto en un contexto en el que la participación de dirigentes y líderes sociales viene siendo restringida o amenazada, mediante el amedrentamiento judicial, mediático y en las redes sociales.

La propia Sra. Boluarte llegó a sugerir que los sectores que se pliegan a la protestas, buscan más muertes, obviando que las decenas de víctimas mortales de la brutal represión al inicio de su gobierno, fueron producto de la respuesta desproporcionada e ilegal de las fuerzas policiales y armadas; en especial, los hechos conocidos como las “masacres de Ayacucho y Juliaca”, materia de condena en los informes publicados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). Una democracia no puede tolerar la actual impunidad de estos crímenes. Con justa razón la consigna principal de las diversas manifestaciones de rechazo al régimen Boluarte-Congreso es “esta democracia, ya no es democracia”.

Si bien la continuidad del gobierno pende de un hilo, su permanencia está condicionada a que siga siendo funcional al proyecto restaurador y conservador que el Congreso, las élites del poder económico y los poderes ilegales asentados en diversos sectores de la economía y el territorio, buscan imponer autoritariamente mediante el control de todas las instituciones. Solo faltan, en su estrategia, la Junta Nacional de Justicia y el Jurado Nacional de Elecciones, para que el pequeño espacio democrático que queda en la esfera pública sea arrasado y las elecciones que vengan sean solo una puesta en escena.

Somos conscientes de que la hondura de la crisis peruana requiere de cambios de fondo, estructurales, relacionados con una renovación del sistema político y de la representación política de la sociedad, reformas profundas en el sistema de justicia y cambios en el modelo económico de corte neoliberal, generador de persistentes desigualdades económicas y sociales. Pero cualquier cambio en el actual orden de cosas estará bloqueado si continúa en el gobierno la coalición de poder que encarna la Sra. Boluarte, cooptada por quienes perdieron las elecciones y conspiraron para asaltar el poder, bajo el liderazgo del fujimorismo, las demás fuerzas de ultra derecha y en los últimos meses, en complicidad con Perú Libre, el Bloque Magisterial y otras agrupaciones que no han tenido escrúpulos para copar instituciones del Estado, quebrar el equilibrio de poderes constitucional y perforar el Estado de derecho.

El primer paso para la derrota de este proyecto autoritario y mafioso dependerá de que protestemos sin miedo y persistentemente hasta lograr el fin del ilegítimo régimen Boluarte-Congreso, el adelanto de elecciones y la justicia para las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales.