Mitos bien trabajados, la autonomía universitaria, intereses bien solapados, el de algunos empresarios de la educación con representación o asiento en el Congreso y una ciudadanía olvidada y ninguneada. Es parte de lo que se puede leer tras la reciente aprobación de ley que modifica la SUNEDU, Superintendencia Nacional de Educación Universitaria.

Conviene recordar que el escenario en el que se aprueba la Ley universitaria vigente, que crea la SUNEDU, está marcado por la proliferación de instituciones universitarias de dudosa calidad y dentro de ellas, varias que son una estafa a las expectativas de sus postulantes.  No hemos olvidado aquellas universidades que funcionaban en un garaje, o las que detrás de su fachada no tenían nada -literalmente- o, las que tenían sólo docentes contratados por horas, sin laboratorios, ni internet y mucho menos investigación.

Esta es la problemática que plantea la necesidad de regular la apertura y funcionamiento de las universidades, lo que hoy conocemos como licenciamiento, que se obtiene luego de cumplir con un conjunto de características que constituyen condiciones básicas, sin las cuales, la entidad no debe funcionar porque no se estaría en condiciones de brindar una buena formación profesional y de producir el conocimiento que requiere el país. El proceso de licenciamiento requiere, entonces un diseño institucional de altas competencias técnicas y clara independencia respecto a intereses de gestores o propietarios de las instituciones universitarias, eso es la SUNEDU.

En este punto hay que aclarar que la ley recientemente aprobada afecta al conjunto del sistema de aseguramiento de la calidad de la universidad peruana, constituido por tres elementos: el licenciamiento, el fomento del desarrollo universitario y la acreditación.

El licenciamiento, que fija cuándo se puede abrir o cerrar una universidad, se debilita con los cambios en la SUNEDU, cuyo directorio vuelve a ser formado por representantes de las propias universidades, quienes ahora serán juez y parte y porque se recortan sus funciones. El riesgo, la apertura de un espacio para el conflicto de intereses y la condescendencia con el incumplimiento de las condiciones mínimas necesarias para un buen funcionamiento de la una universidad.

El fomento, al eliminarse la rectoría del Ministerio de Educación en materia de educación universitaria, deja nuevamente a las universidades libradas a su suerte, a que cada una busque como pueda, oportunidades de mejorar la formación profesional y la investigación o simplemente no lo haga; con la contraparte de eximir al Estado de su responsabilidad como garante del derecho a la educación a través del diseño, gestión y evaluación de políticas, orientaciones, recursos o mecanismos de soporte, para garantizar que todas las universidades y en particular las nacionales y aquellas ubicadas en zonas de mayor pobreza, puedan cumplir con su misión hacia la ciudadanía y hacia la sociedad.

La acreditación, ese proceso por el cual las universidades avanzan desde las condiciones básicas de calidad hacia la excelencia, también se ve afectado.  Es cierto que actualmente está pendiente su Ley y que funciona con un diseño institucional provisional, pues bien la “nueva ley” restituye el viejo modelo de organización con consejos directivos conformados por representantes de las propias universidades; ese modelo por el cual la práctica de: “yo te acredito, tú me acreditas y nosotros nos acreditamos”, constituye la fórmula para el fracaso en el intento por tener un sistema universitario fuerte, a la altura de las expectativas de sus estudiantes y de las necesidades de conocimiento y liderazgo para un desarrollo en perspectiva de dignidad y justicia social para el país.

Lo que está en juego es mucho más que la SUNEDU, se trata de pensar en el derecho de cientos de miles de estudiantes a que su paso por las aulas universitarias, sea una fuente de oportunidades reales para una vida digna y llena de realizaciones, del ejercicio de una ciudadanía plena como dice el Proyecto Educativo Nacional al 2036.  

Pero también se trata de pensar en instituciones que tienen la capacidad de producir el conocimiento que nos permita un desarrollo productivo y social con capacidad para romper las viejas e injustas dependencias, que nos abran oportunidades para la industrialización y diversificación de nuestro aparato productivo, de modificar los términos de intercambio con otros países, de poner en valor nuestra diversidad natural y cultural, así como de asegurar nuestra seguridad alimentaria y la sostenibilidad.

También se trata de impulsar instituciones fuertes y abiertas, en las que el debate es cotidiano, amplio basado siempre en el argumento consistente y la evidencia, donde se confrontan ideas sin miedo a la discrepancia, sin estigmas o simplificaciones caricaturescas, pero siempre con respeto y siempre con rigor. Es tiempo que nuestras universidades recuperen su capacidad de producir la reflexión y la crítica acerca de los grandes problemas del país y construyan las imágenes de futuro y las rutas probables que alimenten el debate político y la gestión pública.

La Sunedu y el aseguramiento de la calidad en la educación universitaria, configuran apenas la punta de iceberg; lo que está en juego es mucho más importante y conviene ponerlo en perspectiva. La universidad es un bien público de gran valor en la vida de las personas y del país, no permitamos que sea materia de intereses particulares.