Los términos en los que se hace la política son fundamentales para saber cuál es el futuro de un país, de allí el agudo conflicto que desatan los intentos de cambiarlos. En la actualidad en el Perú tenemos tres perspectivas en competencia. La más notoria es la del continuismo neoliberal, pero también asoma la liberal que ha vivido los últimos treinta años subordinada a la primera y la constituyente, que es la visión del cambio democratizador.

El continuismo neoliberal entre nosotros entiende la política como represión y clientelismo. Agrega el prefijo neo a liberal para resaltar su preferencia por las libertades de mercado a la democracia y reafirma la dependencia de nuestro país de los centros del capitalismo financiero mundial. No, por casualidad, empezó con golpe de estado y dictadura, pero supo darse continuidad con la constitución írrita de 1993, que consagró en su capítulo económico el derecho absoluto a la propiedad privada, y luego extender un vasto aparato clientelista que sobreviviría su gobierno autoritario. El continuismo neoliberal tomó formas democráticas de la transición del 2000 en adelante, pero manteniendo el modelo económico primario exportador, criminalizando la protesta y haciendo cada vez más difícil el registro de nuevos partidos. 

Su trayectoria nos hace ver que no trepidó en cambiar de ropaje cada vez que le convino a sus intereses. De la democracia a la dictadura, de allí a la corrupción, la tortura y el asesinato y nuevamente a la democracia. Ya en esta ha procedido, en sus diferentes versiones, a la compra de electores y de elegidos, a la pataleta cuando las cosas no le salen como querían y a la oferta de mano dura como programa de futuro para el Perú.

La política liberal, por su parte, sueña el supuesto bien perdido de conjugar todas las libertades y predica cuando ha podido, el acuerdo imposible entre democracia y neoliberalismo que a la postre ha terminado siendo la reedición de diversas versiones del uso privado de los recursos públicos. Esta política liberal en el Perú no se ha distinguido, por ello, de su pariente neoliberal. Permaneció a su sombra durante buena parte de estos treinta años, no pudo o no se atrevió a cambiar la constitución de 1993 durante el gobierno de transición (2000-2001), ni tampoco contó con los arrestos necesarios para aprobar las reformas que promovió Henry Pease el 2003. El 2011, en la versión vargasllosiana de este liberalismo, le dio su primer certificado de buena conducta a Ollanta Humala, iniciando un camino que terminaría llevándolo a brazos neoliberales. Sólo resucita el 2018, con la iniciativa de reforma política de Martín Vizcarra, ya sumidos en la actual crisis de régimen. Esta iniciativa de reforma, que hubiera podido convertirse en una antesala de cambios mayores, tampoco logra vencer la resistencia neoliberal, naufragando al poco tiempo de plantearse.

En los últimos años, quizás si su mayor logro hegemónico, ha sido incursionar ideológicamente en predios progresistas, persuadiendo a algunos políticos e intelectuales de las bondades de un acuerdo bajo premisas liberales, es decir, de una reforma del modelo y de un régimen político basado en la competencia y el acuerdo entre notables como salida a la crisis. Curiosamente los liberales, que les encanta degustar tolerancia y apertura, no han tenido problemas para convivir bajo hegemonía neoliberal con sus parientes autoritarios o subordinando ellos a otros sectores progresistas, pero parece que no soportan el camino de una mayor democratización social y política. Hoy, este sector liberal busca extender su hegemonía sobre Pedro Castillo, aceptando su victoria en la segunda vuelta y embarcándose en un proyecto de “captura” del candidato, casi presidente electo. Cuán exitoso será en su propósito es muy temprano para decirlo.

Frente a liberales y neoliberales está la política constituyente, es decir, la voluntad de iniciar un proceso hegemónico alternativo de democratización social y política, que establezca una nueva institucionalidad por la vía de una Asamblea Constituyente que apruebe una Nueva Constitución. Esta aparece como la forma de desbloquear los límites de la institucionalidad neoliberal en funciones, cuyos candados están puestos, precisamente, para mantener el orden dictado por el golpe de estado del cinco de abril de 1992. Los acontecimientos de la segunda vuelta señalan que el conflicto a resolver es entre la continuidad del orden neoliberal, representado por Keiko Fujimori y el cambio constituyente que expresa Pedro Castillo. 

La opción intermedia en la que insisten los liberales luego de haber perdido en las urnas, solo nos llevará al ahondamiento de la crisis de régimen sin solución a la vista. Esta solución intermedia plantea afrontar los problemas inmediatos, centrados en las necesidades urgentes de la pandemia y el hambre, antes que en el proceso constituyente. Este último sería la negación de lo primero. Grave error, el camino constituyente es precisamente la convergencia de lo inmediato con los histórico, pensarlo disociado es no haber entendido o no querer entender ni lo uno ni lo otro, porque oponerlos es negarlos. La tarea hoy no es el consenso, que nos deja en el pasado, sino la hegemonía que nos permite avanzar al futuro.

La política constituyente, sin embargo, no significa ceguera constituyente. Por una parte, está la promesa de Pedro Castillo de una Nueva Constitución. Si Castillo no cumple se convertirá en un Humala más de este mundo. Por ello, debe buscar la manera de convocar a un referéndum constituyente, el primer paso concreto hacia la Asamblea, en el tiempo más corto posible. Ahora bien, se trata de ampliar la para incluir en ella a la mayor cantidad de sectores democráticos, trascendiendo a los que hayan votado por alguna alternativa de izquierda o centro en las recientes elecciones y demostrando que es una convocatoria para refundar el Perú cuyos límites son la corrupción, la sobreexplotación y el entreguismo.

De triunfar, como se espera, el referéndum le dará el respaldo para convocar a la Asamblea Constituyente que se ocupe de redactar la nueva carta. Los neoliberales dicen que el mecanismo no está en la Constitución de 1993, pero esta carta tampoco estaba en ninguna parte, sino que la impusieron Fujimori y Montesinos a punta de golpe y fraude o sea que es tiempo ¡treinta años después! de poner las cosas en su sitio.

La política constituyente se plasmará así en acción constituyente, es decir en dar pasos concretos en el proceso que nos lleve a la instalación de una Asamblea Constituyente. Con esa orientación es que se deben dar los demás pasos del gobierno de Castillo, lo que lo acerque o lo aleje de ese propósito será lo que contribuya al éxito o derrota del mismo.

La gramática política, es decir la forma de lucha por el poder en el próximo período, será entonces una gramática constituyente. Las gramáticas del pasado, la neoliberal que está condenada por sus antecedentes y la liberal por sus miedos, no tienen futuro como gramáticas democráticas. Solo cabría que los liberales asuman que no es su tiempo y se integren a una política constituyente.