1. ¿Qué es un proceso constituyente?

Si algún sentido tiene para la izquierda peruana participar en las próximas convocatorias electorales —me refiero a las elecciones parlamentarias de enero de 2020, a las elecciones generales del 2021 y a las elecciones locales y regionales de 2022— es entenderlas como parte de un proceso constituyente.

Los problemas que vivimos son problemas de fondo, es decir son problemas de crisis de régimen, lo que llamamos democracia ya no funciona y de ello están convencidos la mayoría de los peruanos. Hay necesidad entonces de una solución de fondo, que nos permita construir un nuevo poder democrático que le de salida a esta democracia que ya no funciona. Hoy, apostar por menos, es apostar por más de lo mismo y no vale la pena.

Son importantes las definiciones. ¿Qué es una constitución? La expresión jurídica suprema del poder, más específicamente, de la estructura de poder en una sociedad. De allí su importancia, para el poder establecido, tal como lo ha demostrado todos estos años defendiendo la constitución actual y también para los que queremos un nuevo poder y anhelamos cambiarla. Los cambios constitucionales son por ello herramientas fundamentales para cambiar una sociedad.

¿Qué es un proceso constituyente? Es el camino en el cual se hace una propuesta constitucional de nuevo régimen político a la población, a partir de la crisis terminal del régimen anterior. Hablamos de proceso porque se trata de crear conciencia entre los ciudadanos de un cambio de semejante magnitud, a partir de sus necesidades inmediatas y de la situación política del país. 

El proceso comienza como una inquietud producida por la crisis de régimen. Este es el momento constitucional, de la deliberación sobre la raíz de lo que ha sucedido y los asuntos fundamentales de nuestra convivencia entre peruanos. Puede ser que empiece como un diálogo entre minorías, no importa, nunca los que proponen un diálogo de este tipo son mayoría al principio. Se trata de convertir entonces una minoría en mayoría. La única posibilidad de hacerlo es con un planteamiento claro desde el comienzo: asumir que el poder constituido, el congreso disuelto, ha muerto, que el Poder Ejecutivo se debate en una extrema debilidad y que hay imperiosa necesidad de un poder constituyente. Andarse con rodeos en este aspecto es perder no sólo la batalla sino la guerra, porque en el Perú de hoy (González Prada dixit) nadie le hace caso a los que forman parte del pacto infame de hablar a media voz.

Cuando la necesidad de un nuevo contrato para nuestra convivencia se convierte en un tema central de debate en el país damos un salto, pasamos a un momento constituyente. Esto coloca el tema en la agenda política, cuestión que va a ser duramente resistida por quienes gozan del orden establecido por lo que hay que estar preparados para ello. Así, se abre la puerta en la sociedad al proceso constituyente. Acto seguido, hay que proponer la convocatoria a un poder constituyente elegido, ya sea una asamblea constituyente o un congreso con facultades constituyentes, de acuerdo a las condiciones políticas que existan. Es decir, un poder elegido que tenga la prerrogativa de hacer una nueva constitución. Por último, pero no menos importante, instalar el poder constituyente electo.

2. Los antecedentes del proceso constituyente

El proceso constituyente  que puede iniciarse en enero de 2020 tiene como antecedente inmediato anterior la Constitución de 1993, actualmente vigente. Pero ¿qué es la constitución de 1993?  Una síntesis de la república criolla que en 200 años no ha podido formar una república democrática. Una constitución, es muy bueno recordarlo, que es írrita, es decir está viciada de origen, porque es producto de un golpe de Estado, el del cinco de abril de 1992, hecha por un gobierno autoritario para quedarse. Fue aprobada en un referéndum fraudulento, lo que fue ampliamente denunciado en su momento, pero olvidado con el paso de los años. Además, tiene como núcleo de su contenido el establecimiento de una república de grandes propietarios, lo que está sancionado principalmente en el capítulo económico donde se absolutiza el derecho a la propiedad privada, pero también en la disminución de los derechos sociales y de las responsabilidades del estado con los ciudadanos. A diferencia de la constitución de 1979, la de 1993 ha tenido la característica de expresar una hegemonía clara, pero neoliberal y antidemocrática, que ha buscado hacer pasar los intereses de unos pocos como los intereses de la mayoría. 

Mucho se dice que la Constitución de 1993 es la causa del crecimiento económico de los últimos treinta años, mientras que la Constitución de 1979, sería la causa de la violencia política y la crisis económica de la década siguiente. Aquí hay varias falsedades superpuestas. 

Primero, la Constitución de 1979 fue un intento a medias de un contrato social luego de una década de gobierno militar. Se dio al influjo de las reformas de Velasco pero también de los intentos restauradores de los partidos del orden (Apra y PPC) y del propio gobierno de Morales Bermúdez que la convocaba. Fue un pacto de salida de un gobierno autoritario para ensayar una democracia liberal, un intento de acuerdo de paz entre los peruanos. Desafortunadamente, la hiperinflación, la violencia terrorista y la guerra sucia, así como la división de Izquierda Unida, liquidaron este contrato. 

Segundo, la Constitución de 1993, producto de un hecho de fuerza, no pretendía ningún pacto sino que era más bien una imposición. El que no la aceptaba era reprimido, primero en dictadura y luego en una democracia a medias como la que vivimos hasta hoy. 

Tercero, la tragedia es que la Constitución de 1993 ha sobrevivido en la formalidad democrática actual. Sólo los últimos escándalos de corrupción han logrado ligar en la conciencia colectiva la imposición constitucional en la que vivimos con el régimen neoliberal, que ha dejado la soberanía popular en manos del mercado. 

Esta imposición de 1993 es la que ha entrado en crisis. Ya no funciona como legitimidad y se resquebraja su legalidad. Hay entonces que cambiarla.

3. La refundación como nueva república democrática

El objetivo del proceso constituyente es una república democrática. El poder elegido, sea asamblea o congreso constituyente y la constitución resultante son instrumentos para ese objetivo. Tener como objetivo una república democrática significa ubicarnos en el curso de una tradición, la tradición de lucha de nuestro pueblo por justicia, bienestar y soberanía nacional. Estas luchas han traído derechos y reformas, arrancados y concedidos en estos últimos 200 años, pero no han podido modificar la esencia del poder posterior a la independencia: privilegiar la vida de un pequeño grupo a costa de los demás. 

Ubicarnos en esta tradición de lucha es muy importante, por ello decimos que tomamos de  nuestra historia para hacer una propuesta de nueva república. Queremos volver a fundar el arreglo político institucional de encuentro entre los ciudadanos y el Estado, lo que significa refundar la república. Se trata por ello de un cambio profundo  y no sólo un maquillaje, que señale desde la primera línea la primacía del poder ciudadano y la sociedad democrática. 

Para ello tenemos que terminar con la república criolla, producto de la independencia. Me refiero al arreglo entre los ciudadanos, los poquísimos ciudadanos del momento y los restos del poder colonial, que dio como resultado a la república criolla. Pero ¿cuál era la característica fundante de esa relación? El patrimonialismo, la no distinción entre el bolsillo privado y el tesoro público. El Perú pasó de ser patrimonio del rey de España a patrimonio de la casta heredera de los españoles. La república nació corrupta porque en su diseño original no tenía otra forma de ser. Esta república intentó varias veces reinventarse, con el primer y el segundo civilismo, con el Oncenio de Leguía, con las dictaduras militares del siglo XX, pero salvo con Juan Velasco Alvarado, nunca pudo superar su rasgo inicial: privilegiar la vida de un pequeño grupo a costa de los demás, llegando a la república corrupta del fujiaprismo disuelta en tanto Congreso hace pocas semanas. 

4. La actualidad del poder constituyente

En la correlación de fuerzas actual del Perú, la hegemonía neoliberal ha sido tan fuerte, que nos encontramos ante una pelea todavía entre dos sectores del régimen que se extingue. El elenco establecido de la política peruana en los últimos treinta años, que organizó y ha disfrutado de este capitalismo de amigotes, que nos han presentado como una supuesta modernización; y los que quieren salvar los muebles del incendio causado por la mega corrupción. En un caso tenemos al parlamento disuelto, en el otro a Vizcarra y sus aliados. El fujiaprismo patalea pero ya está en su lecho de muerte, ojalá sepamos enterrarlo como se debe. Vizcarra, en cambio, y lo que él representa, se presentan como reformistas del modelo neoliberal, tomando la iniciativa con reformas políticas y judiciales así como agendas de competitividad, que supuestamente serían una salida a la crisis que vivimos. Ciertamente nadie entre ellos cuestiona la raíz del problema que es el modelo neoliberal.  

En esta correlación de fuerzas, a pesar de su debilidad, Vizcarra mantiene la iniciativa y aparece como quien capitaliza el triunfo de las fuerzas democráticas producido con el cierre del parlamento.  Esto lo pone en una situación expectante ante las elecciones de enero de 2020 y, sobre todo, pone su agenda reformista y de competitividad como la que debe asumir el próximo Congreso. Esta es una situación de mucho cuidado para todas las fuerzas antineoliberales que consideran este el momento para refundar el país. Por una parte la agenda política y judicial de Vizcarra recoge el sentir popular, por otra sin embargo, quisiera encarnar la enésima reinvención de la república criolla agregando “las reformas de segunda generación” del Banco Mundial y el FMI, en especial la sobre explotación de los trabajadores, que en su percepción, salvarían al modelo de su debacle. 

Se constituye así en el principal rival de un proceso constituyente, ya que encuentra las soluciones en remediar las fallas del modelo y no señalar siquiera caminos de superación del mismo. De allí, que cometan un grave error quienes creen que se trata de aliarse con Vizcarra para impulsar sus reformas, porque van a terminar absorbidos por él. Por el contrario, teniendo estas reformas como una ventana de oportunidad para levantar la bandera constituyente, hay que asumir, no tanto su detalle que en muchos casos es discutible, sino el sentido de las mismas que buscan superar la crisis de representación política, para señalar la necesidad de entenderlas como parte de una salida superior como es la constituyente. Unas no se oponen a la otra, pero no podemos quedarnos en las reformas sin avanzar en el proceso constituyente, porque eso sería renunciar a una solución de fondo para los problemas peruanos.

El reto es lograr en este proceso que abarca tres elecciones sucesivas una mayoría nacional a favor de un poder constituyente y una Nueva Constitución. Para ello, hay que pasar decisivamente a la ofensiva con las banderas claras y nuestros mejores cuadros, de tal manera que juntemos a la mayor cantidad de fuerzas antineoliberales para ganar las elecciones y poder cumplir nuestros objetivos. Con una política de estrechos círculos no lo vamos a conseguir, debemos ser audaces en lograr nuevos aliados, distintos a nosotros y que expresen a diversos sectores de la población, pero con los que podamos confluir en una plataforma antineoliberal y constituyente. Nos esperan momentos difíciles pero tenemos por delante una gran oportunidad. Hay que aprovecharla en toda su dimensión.