Coincido con el presidente Sagasti en que la Constitución de 1993 vigente necesita cambios. Sin embargo, éstos de ninguna manera deberían ser emprendidos por el actual congreso, por carecer del tiempo y la legitimidad social necesarios. Le tocará al nuevo congreso que asumirá funciones el 28 de julio próximo, emprender los cambios constitucionales que sean pertinentes.

¿Por qué es necesario introducir cambios a la actual Constitución? Porque tras más de un cuarto de siglo desde su promulgación, el crecimiento de la economía se ha apagado y la mayoría de los peruanos siguen excluidos, condenados a vivir sin un empleo digno formal, en ciudades caóticas, sin acceso a servicios básicos ni a una vivienda digna.

Y es que tal como está escrita, la actual Constitución contiene una alta dosis de cinismo. Es así que consagra el concepto de “economía social de mercado”, aunque no lo desarrolla debidamente, dejando vacíos que han permitido que se imponga un régimen neo mercantilista dominado por carteles (clubes de la construcción, de la educación universitaria, de la tala ilegal, del contrabando, del narcotráfico, etc.). También consagra el “pleno empleo” y la “libre competencia”, mientras da pábulo a una creciente concentración de las actividades económicas en empresas con alto poder monopólico que no absorben mayormente mano de obra.

Además, hay vacíos evidentes y flancos en los que la Constitución de 1993 se ha visto rebasada por la revolución digital, la pandemia, la severidad creciente de las crisis económicas, y la vulnerabilidad del aparato estatal a su captura por parte de mafias y grupos de interés.

Por ejemplo, en el artículo 2 del Régimen Económico, se dice que “El Estado promueve el desarrollo económico y social, estimula la creación de riqueza, garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria.” Sin embargo, no establece que esta garantía debe tener un sentido igualitario; es decir, todo peruano debería tener similares capacidades para emprender, por lo cual transferírselas debería ser una de las funciones primordiales del Estado.

Además, la Constitución debería establecer que el ejercicio de esas libertades no debería ser lesivo a los derechos fundamentales de la persona, a la moral, ni a la salud o seguridad públicas.

De otro lado, el artículo 7 del Régimen Económico establece que “El Estado y las demás personas de derecho público pueden someter las controversias derivadas de la relación contractual a tribunales constituidos en virtud de tratados en vigor.” Y ya sabemos a dónde nos ha conducido la retahíla de arbitrajes cocinados entre Odebrecht y las demás empresas brasileras confabuladas con autoridades peruanas; a un robo escandaloso de miles de millones que han sido pagados por todos los peruanos. Definitivamente se necesita ponerle un freno al arbitraje, y ése sería la prohibición de someter a arbitraje las materias relativas al “Ius Imperium” del Estado.

También en su artículo 30, la Constitución de 1993 señala que “La finalidad del Banco Central es preservar la estabilidad monetaria”. Sin embargo, la praxis del instituto emisor hace rato que viene excediendo esa finalidad. Tácitamente su verdadera finalidad actualmente es preservar la estabilidad macroeconómica, incluyendo el nivel de actividad económica y de empleo, como lo corrobora el lanzamiento del programa “Reactiva Perú” y la política de tasas de interés referenciales.

La bancada de Unión por el Perú (UPP) viene promoviendo un proyecto de ley para realizar un referéndum el día de la segunda vuelta de las elecciones generales de 2021, para que la ciudadanía decida la convocatoria a una Asamblea Constituyente, para que realice una reforma parcial a la Constitución Política de 1993. Se trata de una jugada innecesaria, puesto que el nuevo Congreso que se instale el 28 de julio de 2021 tranquilamente podrá realizar esos cambios, sin necesidad de incurrir en más costos.

Además, podrá abocarse a dar leyes de desarrollo constitucional indispensables, como por ejemplo en cuanto a la vacancia presidencial, para fortalecer la gobernabilidad del país. O también respecto al principio de subsidiaridad del Estado en las inversiones, para fortalecer la viabilidad social de la inversión en sectores sensibles vinculados al aprovechamiento de recursos naturales, en los que el Estado podría contribuir a generar valor compartido, paz y desarrollo multisectorial en asociación con la inversión privada, a través de la constitución de fondos de fideicomiso.

La jugada de UPP no sólo es innecesaria, sino que es oportunista puesto que trata de congraciarse con una parte de la juventud que ha participado en las protestas recientes. Sin embargo, cuando esos jóvenes perciban que convocar a una Asamblea Constituyente significaría resucitar a los congresistas actuales y a los del congreso defenestrado por Vizcarra, se darán cuenta del contrabando. Más sensato sería que opten por luchar para que haya un voto responsable en las elecciones generales venideras, para que el nuevo Congreso esté conformado por los mejores peruanos y no por la escoria, como ha venido sucediendo; salvo contadas excepciones.

Los pocos partidos políticos que quieren que el Perú cambie de una vez por todas, también tienen la inmensa responsabilidad de llevar en sus listas a las personas más íntegras y preparadas de cada circunscripción, para que por fin tengamos un legislativo respetable que contribuya a recuperar la gobernabilidad del país y pueda realizar una reforma sensata de la carta magna de nuestro amado Perú.

*Presidente Ejecutivo de MAXIMIXE

Publicado en Alerta Económica