Economista Ph.D. Profesor Principal de la PUCP 

La crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID19 ocurrió en pleno estancamiento económico. El PBI había crecido a la tasa de 6.4% promedio anual durante período del superciclo de los precios de las materias primas, 2003-2013. Sin embargo, después, en los siguientes seis años, creció a la tasa de 3.1% promedio anual. En 2019 lo hizo a la tasa de solo 2.2%. Con la crisis sanitaria, la economía pasó del estancamiento a una profunda depresión, cuya duración no es posible determinar, pues nadie sabe si a la actual segunda ola de contagios le seguirá una tercera y tampoco nadie sabe cuándo estará vacunada el 60% o 70% de la población.  

Los efectos en la producción y el empleo

La caída del PBI del año 2020 será mayor que la registrada en 1989. Según pronósticos oficiales, esta caída sería de aproximadamente -12.0%; sin embargo, considerando la caída del empleo y el comportamiento de la productividad media del trabajo, el PBI habría decrecido entre -13% y -14%. Y el pronóstico oficial de un crecimiento de 10% para este año, será imposible. Si la tasa de crecimiento fuera de 7%, el nivel de la producción de 2019 se recuperaría recién en 2023, siempre que en el año 2022 el PBI crezca a una tasa similar a la registrada en el periodo 2014-2019. Ciertamente, estos pronósticos no toman en cuenta el límite social y político al que ha llegado el estilo de crecimiento extractivista configurado en los últimos 30 años. 

El bloqueo de la producción, debido al confinamiento, también produjo una abrupta caída del empleo y del ingreso de los trabajadores. Según el Ministerio de Trabajo, en el año 2019 la PEA habría sido de 17 millones 830 mil 481 personas. Esta PEA se habría reducido a 15 millones 779 mil 200 personas en el tercer trimestre de 2020; es decir, habrían dejado de buscar trabajo 2 millones 51 mil 281 personas. Si a esta cifra se le suma los desocupados (que según el INEI ascendía a 1 millón 22 mil 100 personas), los realmente desempleados a nivel nacional ascendería a 3 millones 73 mil 381 personas —solo en Lima Metropolitana perdieron su empleo un poco más de 1 millón 235 mil personas. Esta cifra de desocupados puede haber variado en el último trimestre de 2020, pero, sin duda, no significativamente. A nivel nacional, entonces, habría una tasa de desempleo de cerca de 19.5%. 

Con una PEA ocupada de más o menos 14.3 millones de personas en 2020, el PBI de este mismo año —manteniendo la productividad media de la PEA ocupada de 2019— habría decrecido en -16.8%. Afirmar que la caída del PBI fue de -12.0%, presupone un aumento de la productividad media del trabajo de 5.8%, lo que es inverosímil. Lo que si puede haber ocurrido es un aumento notable de la tasa de empleo informal, acentuando la tendencia registrada en 2019 de un aumento de la PEA ocupada por un mayor empleo informal. Si la tasa de desempleo, a nivel nacional, resulta menor que 19.5%, será por el aumento de la informalidad. Si por esta razón la PEA ocupada sube a 15.1 millones de personas, la caída del PBI se aproximaría a -12.0%, bajo el supuesto de una productividad media del trabajo constante.

Urge cambiar el estilo de crecimiento

Desde mayo de 2020 se inició la denominada reactivación gradual. Como quebraron muchas empresas, sobre todo micro y pequeñas, era totalmente previsible que esta reactivación sería acompañada con un aumento de la informalidad —de los que se crean su propio empleo—, y también de la pobreza. La estructura económica configurada en los últimos 30 años no generó oportunidades de empleo para una enorme masa de trabajadores y menos lo podía hacer en estos tiempos.  El crecimiento asociado al superciclo de las materias primas no redujo la tasa de informalidad ni mejoró el ingreso promedio mensual de los informales, el mismo que no superaba los S/. 1 200. Como se sabe, el 91.7% de los trabajadores informales se encuentran en los sectores Comercio, Servicios, Agricultura y Construcción, y estos son precisamente los sectores que “más se han reactivado” en los últimos meses. Por lo tanto, no tiene sentido reactivar el mismo modo de crecer y acumular capital; es decir, basarse en el liderazgo de la minería y en el crecimiento de las actividades terciarias donde se concentra el empleo de baja productividad y de bajos ingresos.

Reforzar los programas Reactiva Perú y de bonos familiares no facilitarán el necesario cambio estructural. Durante el gobierno de Vizcarra estos programas, si bien evitaron el colapso económico, también facilitaron la reanudación de actividades productivas con la misma estructura económica de antes de la crisis sanitaria. Recuérdese, además, que los créditos garantizados de Reactiva Perú favorecieron más a las grandes empresas. (Estas representan el 1.3% del total de empresas beneficiadas, pero recibieron el 48.8% del total de créditos concedidos). El gobierno de Sagasti continúa en la misma ruta conservadora, más allá de su bono familiar de S/. 600 —S/. 160 soles menos que el bono de Vizcarra— que representa una afrenta a los millones de desempleados. 

La profundidad de la recesión económica y su duración, agravará la difícil situación social, económica y de falta de derechos que el modo de crecer extractivista generó en más del 70.0% de la población ocupada. Hacer lo mismo que el pasado exacerbará los problemas sociales y ambientales desnudados por la pandemia. Otra ruta es posible. La ruta del desarrollo social creando mercados internos para integrar la economía con la geografía y demografía del país, y con derechos universales a la salud, a la educación y a un empleo digno. Es la ruta para superar las desigualdades regionales, económicas y sociales… Sobre esta ruta trataremos en el siguiente artículo.