Es reiterativa la acusación de la mayoría de medios de prensa (bajo control de pocos dueños), de gremios de empresarios y del propio gobierno contra ONGs y partidos políticos que representan a un sector de la sociedad peruana, respecto a su posición y práctica supuestamente “antiminera” y opuesta a la inversión en el país, desalentando capitales, impidiendo la generación de puestos de trabajo y retardando la lucha contra la pobreza. Es más, la simple aplicación de estándares internacionalmente aceptados es considerada como medida que ahuyenta la inversión privada y como traba al crecimiento del país.

Vale la pena hacer algunas aclaraciones respecto a términos tan trajinados como inversión, crecimiento, empleo y lucha contra la pobreza, para identificar quiénes son los que realmente se enfrentan y afectan el desarrollo nacional.
 
Lo primero a resaltar son los adjetivos despectivos de “antiminero”, junto al de “antiinversión” o “antisistema”. Oponerse a la manera cómo se intenta imponer una actividad como la gran minería (o los hidrocarburos), sin tomar en cuenta a las poblaciones locales ni respetar estándares ambientales mínimos, no tiene que ver con el rechazo a la presencia de inversiones privadas ni con acciones opuestas al sistema. Por el contrario, lo que la población -mayormente en pobreza y pobreza extrema- exige, es que se atiendan sus derechos fundamentales como la salud y educación de calidad, es decir, justamente ser incluidos en el sistema. Lo que las poblaciones mayormente rurales quieren es que el campo se capitalice, mejore la infraestructura vial e hídrica, se retome la asistencia técnica, se garanticen precios justos para los productos agropecuarios y que el campo deje de subsidiar a las ciudades. El 70% de los alimentos consumidos proviene de la pequeña producción, cuya población es la menos atendida y la más vulnerable. Sus reclamos no son otra cosa que un pedido de atención a sus derechos elementales como productores e implican una demanda de mayor inversión en bienes y servicios. Y así podemos referirnos a diversos sectores desatendidos por los gobiernos.
 
Por otro lado, la inversión minera no es la única que existe en el país ni debiera ser la que merezca mayor atención sobre otros sectores. Cuando los maricultores de Pisco exigen que se investigue la muerte de conchas de abanico por contaminación y el daño que le genera para poder exportar su producción, están mostrando que constituyen un sector privado afectado y que el Estado no los atiende. De igual manera, cuando los exportadores de conchas de abanico en Sechura, integrantes del Frente de Defensa, se movilizan contra los efectos de las actividades de una empresa de hidrocarburos, lo hacen para garantizar el éxito de sus inversiones y no porque sean antisistema.
 
Sin embargo, es evidente que las reglas de juego son asimétricas, beneficiando a las grandes inversiones extractivistas y perjudicando otras que juegan un papel fundamental en la economía nacional. Por ejemplo, si se trata de generación de puestos de trabajo, la agricultura y pesca junto a la manufactura, transportes y servicios públicos, son los sectores que muestran mayor expectativa de empleo pero no merecen los mejores tratos por las políticas públicas. ¿Cuánto interesa al Gobierno promover la actividad turística como una de las mayores generadoras de empleo e ingresos, en un país rico en diversidad natural y cultural desde un enfoque inclusivo? Ni qué decir de la postergada y agobiada pequeña producción manufacturera.
 
Lo que se aprecia en el sur y en otras regiones del país no son grupos opuestos a la inversión sino colectivos humanos que propugnan inversiones que atiendan demandas de servicios de calidad a las personas, que propician diversificación productiva, que exigen ordenamiento territorial para determinar las potencialidades naturales y capacidades humanas. No hay oposición a la minería siempre que ésta se ubique como parte de un plan de desarrollo territorial diversificado, respete y garantice derechos ambientales, sociales, laborales y económicos de la población, así como garantice mecanismos de participación y consulta ciudadana.
 
Mientras se persista en imponer grandes inversiones sin dialogar y sin facilitar planes de desarrollo con ordenamiento territorial, los conflictos continuarán y se verá afectada la inversión diversificada que el país requiere. Tía María es un claro ejemplo de esa situación autoritaria y sin planificación concertada.