EDITORIAL

La emergencia nacional generada por la pandemia del coronavirus ha puesto de manifiesto una serie de situaciones que en casi 30 años se encontraban en estado latente: la precariedad del sistema de salud, una política laboral contraria a los trabajadores de la ciudad y el campo, la informalidad laboral y social, un sistema de pensiones poco eficiente y la sujeción a una política exterior que ha renunciado en estos últimos años a la independencia política, al respeto al derecho internacional y a la solidaridad entre naciones y pueblos.

Esta crisis, según especialistas de diversas tendencias, nos encuentra en un momento económico donde nuestras reservas están a un buen nivel, pero donde la mano dura de los diversos ministros de Economía, siguiendo la doctrina neoliberal del Consenso de Washington que han adoptado como suya, evitaron el “gasto” de recursos en temas de carácter social, de derechos económicos y de promoción al desarrollo en nuestras regiones.

Es por ello que ese desarrollo económico ha potenciado a los grandes empresarios que hoy monopolizan nuestra economía, dejando de lado sectores importantes para el país como la industria nacional y a la agricultura familiar.

Hoy la cuarentena, con medidas necesarias -extremas pero necesarias- dictadas por el ejecutivo y muy débilmente apoyadas por muchos gobernadores y alcaldes, nos enrostran la precariedad de un sistema de salud que corre el riesgo de ser rebasado (si es que ya no lo está) por la cantidad de infectados con el Covid19; un sistema público que fue relegado para priorizar la privatización y la oferta empresarial donde primero el paciente debe demostrar la solvencia económica antes de recibir siquiera una pastilla; todo esto por las políticas neoliberales que desde hace 28 años se han venido instaurando en el país.

Desde 1992, año del autogolpe de Fujimori y el inicio del sistema neoliberal, los gobiernos posteriores, desde el 2001 hasta la fecha, son responsables también de la precariedad de nuestro sistema previsional, que debe ser para todos y todas las peruanas, y no como es hoy, un sistema que beneficia, como ya ha demostrado en otros países, a los propietarios de las empresas financieras que manejan los fondos de millones de personas. Esto, sumado a la corrupción que desde hace unos años nos es visible y escandalosa.

El gobierno del presidente Martín Vizcarra ha planteado, en medio de una cancha desierta, una serie de medidas para una reactivación económica que evite el colapso que va a generar la pandemia. Resulta curioso, que ninguna potencia mundial pudo hacer lo que este virus microscópico ha hecho: detener el mundo y sus economías y nuestro país no pudo quedar exento a ello. Pero ¿serán suficientes estas medidas de rescate y entrega de fondos para empresas y para la ciudadanía en general, con las excepciones de quienes no aparecen en ningún registro?; es decir, de los más pobres y de los desempleados actuales y futuros.

Lo que se requiere, en medio de esta coyuntura, es la convocatoria a un Diálogo Nacional, un diálogo con todas las fuerzas políticas, más allá de las que están representadas en el Congreso, porque este proceso no va a terminar el 12 de abril, ni el 06 de mayo cuando empiecen las clases escolares y universitarias de forma progresiva, aparentemente.

Este diálogo nacional debe plantear como mínimo una serie de reformas que establezcan, entre otras cosas el redireccionamiento del gasto público y la seguridad social, así como el uso de las reservas nacionales planteando el concepto fundamental del bien común y la renta mínima, y no el uso de políticas fiscales neoliberales para el salvataje de unos cuantos grandes grupos económicos, medidas que han demostrado su fracaso de cara a confrontar los efectos sociales y económicos de la pandemia.

El diálogo debe incluir una cura que quite el miedo a la palabra “subsidio” para que se pueda incluir el apoyo de los fondos del Estado para la agricultura familiar reforzando la capacitación y provisión técnica, compra de fertilizantes y maquinaria para un sector que es importante para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria en una coyuntura donde la adquisición de productos alimenticios es prioridad. 

Esta pandemia global nos lleva también a la necesidad de replantear y evaluar nuestra política exterior. El seguimiento a los intereses de la potencia hegemónica, no funciona; se debe volver a una agenda plural, dejando de lado “agendas únicas”, para dar paso a la promoción de la integración regional, la cooperación y la solidaridad internacional humanitaria con el objetivo del levantamiento de sanciones y bloqueos contra varios países como ha pedido hoy la Naciones Unidas. Es el momento de cambiar el actual e injusto orden internacional.
Con estas condiciones mínimas, podría iniciarse un diálogo nacional y un proceso de cambio post pandemia, que nos lleve a revisar el contrato social entre todas y todos los peruanos y volver, como país diverso que somos, a poner al ciudadano, a la persona humana, en el centro de la agenda.