Luego del paro agrario del 13 de mayo, las protestas sociales han recobrado impulso, sobre todo en el sur. En medio de un grave proceso de corrupción, y ante el evidente desconcierto del gobierno por la arremetida de los conflictos en Las Bambas, Chumbivilcas y Puno. Otros gremios y otras regiones se preparan para nuevas acciones.

El anuncio de los diferentes frentes y gremios del sur de convocar a un paro macro regional para el 6 de junio con una demanda central: el reinicio de las operaciones del proyecto del gasoducto del sur, obra paralizada desde el 2017 por el caso de la corrupción de la empresa Odebrecht. No hace sino abonar un terreno bastante fértil de la protesta social.

Pero el problema más serio no es el conflicto mismo; más allá de las demandas propias que se fijan en las plataformas de lucha, lo que realmente importa es la manera cómo el gobierno ha tratado (y trata) la salida al conflicto.

De la revisión de las plataformas de lucha se puede concluir que no todas las demandas son de solución inmediata; otras requieren modificaciones legales que implican desde aprobaciones de leyes en el Congreso que, como sabemos, están fuera del alcance del MINAGRI, incluso de la PCM, puesto que algunas de las demandas tienen que ver con modificaciones legislativas que están en otro ámbito del poder político.

Se entiende que, dada la plataforma, lo que corresponde es tratar de manera multisectorial las demandas, pero uso y el abuso de esta metodología de tratamiento de la negociación de las demandas ha traído más problemas que soluciones.
Veamos dos casos concretos: las mesas de diálogo en torno al conflicto de Las Bambas, y las mesas de diálogo propuestas por las organizaciones agrarias luego del paro agrario.

Hay un error de base en la comprensión de las mesas de diálogo; éstas no son para resolver el problema que genera la protesta, las mesas son para definir la agenda de negociación, y la negociación depende mucho de las capacidades para resolver puntos prácticos y concretos; y si esto no es posible, la agenda de solución se prolonga y, en este caso, lo mejor es definir un cronograma de trabajo.

La comprensión de las organizaciones sociales que piden las mesas de diálogo consideran lo contrario: que la mesa es para resolver los problemas, y cuando esto no sucede, la frustración es grande, y con ella se incrementa la protesta. Es por eso que, curándose en salud, las organizaciones le exigen al gobierno que las mesas de diálogo tengan dos características: que se aprueben mediante Decreto Supremo (en el entendido de que eso legaliza y valida su demanda), y que los acuerdos sean vinculantes y de cumplimiento obligatorio, con lo cual pasan a desconocer todo procedimiento administrativo y las competencias y atribuciones de muchos de las entidades del Estado, que tendrían que supeditarse a los acuerdos de una mesa de diálogo.

Los problemas que se enfrenta el gobierno con los conflictos sociales ya no tienen su origen en la afectación de una política pública o privada (cuando involucran a los proyectos de inversión privada), sino en el incumplimiento de acuerdos tomados en las mesas de diálogo.

Ese es el caso del conflicto en Las Bambas. El Gobierno ha convocado mesas de diálogo desde el 2008. Se repitieron en los años siguientes, y cuanto más intenso era el conflicto, las promesas de inversión acordados en las mesas se incrementaban, pero no se concretaban. O lo que es peor: la población no veía una mejora de sus ingresos reales. En una población que recibía dinero directo y en efectivo por parte de la empresa poco le servía una promesa de inversión pública. De tal manera que en las mesas de diálogo de Las Bambas chocaban dos lógicas: la de los gobiernos con las promesas de inversiones públicas, y las de los pobladores con la expectativa de recibir un ingreso directo, en metálico por la afectación de sus derechos.

¿Es posible un punto de encuentro entre ambas lógicas? La respuesta es que eso va a depender de cuán utilitario sea para ambas partes mantener esas dos lógicas. Por el lado de la población movilizada, le va a interesar mantener el conflicto en tensión permanente hasta conseguir toda su demanda; por el lado del gobierno, la lógica de la negociación permanente también puede servir para ganar tiempo, y pasar a otros problemas.

En el caso de la plataforma del paro agrario, cabe hacer las siguientes precisiones: 

• El Paro agrario ha sido organizado y conducido por dos gremios: CONVEAGRO y la Junta Nacional de los Distritos de Riego del Perú. A ella se han sumado los gremios CCP- CNA, y otros gremios sectoriales. Es la primera vez que logran esta convergencia luego de varios años sin capacidad de movilización.
• Eso se refleja en la plataforma del paro agrario: un conjunto de demandas cuya extensión involucra a todos los sectores del gobierno, que incluye cambios de leyes que están fuera del ámbito del gobierno, o que, en el mejor sentido, exigen iniciativas legales y elaboración de políticas públicas con recursos definidos.
• Es por eso que se entiende que los promotores del paro agrario hayan establecidos tres niveles de atención a su pliego: de cumplimiento inmediato, de cumplimiento mediato y otras que dependen de nuevas políticas pública.
• En verdad lo único que puede ser tratado en una mesa de negociación son las que corresponde a la demanda de las Juntas de Usuario de Riego, cuyo interés específico está centrado en la reestructuración de la Autoridad Nacional del Agua.
• La canalización de esta demanda a través de una mesa de diálogo, tal como lo ha planteado los gremios agrarios tiene graves problemas para su cumplimiento. Lo precisamos de la siguiente manera:
• La plataforma contempla 16 puntos. La metodología que proponen los gremios es que éstos sean trabajados en cinco (5) mesas de diálogo, cuyos acuerdos deben tener el carácter de “vinculante y de cumplimiento obligatorio”.
• Una primera respuesta del Presidente del Consejo de Ministro ha sido de aceptar la conformación de la Mesa Técnica y de instalarla el 22 de mayo próximo.
• La respuesta de CONVEAGRO y la Junta de Usuarios no ha podido ser más desafiante: le han dirigido una carta al Presidente de la República (obviando al Premier) exigiendo que previamente el gobierno publique un Decreto Supremo que oficialice esta Mesa y que ésta tenga el carácter de vinculante y de carácter obligatorio.

Planteado así el problema, es claro que el objetivo no es instalar la Mesa sino de generar una “pulseo” de fuerzas de los gremios agrarios con el Ejecutivo, para llevar a éste a una posición defensiva.

Respecto del contenido de los puntos de la agenda agraria. Como hemos señalado, la particularidad de la plataforma es su carácter multisectorial, y, sobre todo, la búsqueda de modificaciones legales y constitucionales cuyo cumplimiento, de ser aceptado, no están en el ejecutivo sino en el Congreso de la República.

Esta plataforma que los dirigentes de CONVEAGRO y de la Junta de usuarios lo consideran como “LO INMEDIATO”, en verdad, es muy difícil tratamiento. Lo que correspondería, en el mejor de los casos, es una reformulación de la metodología de la mesa de diálogo, pero, sobre todo, requiere de una estrategia frente al conflicto.

Respecto de la metodología de constituir cinco mesas, está demostrado que no funcionan, y que, en el peor de los casos, solo sirven para abrir nuevos espacios de confrontación entre los actores del conflicto, o, también, para mantener en tensión permanente la relación Ejecutivo – Gremios Agrarios.

En cuanto a la estrategia, lo más recomendable es que el objetivo de una negociación sirva para fortalecer la institucionalidad del MINAGRI y de las Direcciones Regionales de Agricultura que están bajo la administración de los GORE. En tal sentido, es el MINAGRI quien debe proponer las iniciativas, planes y proyectos institucionales del sector agricultura. Pero tal como están formulados los puntos de la mesa 4, la posibilidad de que este sea tratado adecuadamente por los actores del conflicto son de muy difícil concreción por las siguientes razones:

• El carácter vinculante de los acuerdos de una mesa de negociación, es un punto sobre el cual no va a haber acuerdo. El gobierno, o mejor el MINAGRI, puede dialogar sus políticas públicas, pero no puede ceder sus competencias y atribuciones de definir y ejecutar las políticas públicas del sector agrario. 
• El MINAGRI puede establecer espacios de diálogo en las diferentes instancias del sector, puede recoger las demandas, recomendaciones y propuestas, pero no necesariamente lo que propone un gremio u organización agraria es de cumplimiento obligatorio. 
• Puede, asimismo, incorporar a los gremios o a sus representantes en espacios consultivos, pero no puede ceder sus competencias.

Es probable que los gremios agrarios hayan concebido este conflicto como una disputa de poder con el MINAGRI, o que, en verdad, busquen consolidar una posición hegemónica entre los gremios agrarios, para convertirse en los únicos interlocutores de los gremios agrarios frente al Estado, y con capacidad de imponer condiciones.

Es por eso entendible que en estos primeros intentos de negociación, lo que predomine en la percepción de los dirigentes, es el “pulseo” de fuerzas, con la amenaza permanente de regresar a la confrontación para debilitar más la capacidad negociadora de las autoridades del gobierno.

Lo más recomendable en estas circunstancias es lograr que los gremios agrarios consideren que el paso dado de constituir espacios de diálogo de las políticas públicas es el camino viable para la atención de las demandas. 
El MINAGRI, asimismo, no debe supeditar la atención de las demandas a la constitución de la mesa de diálogo; más aún, cuando los puntos de la plataforma no son de tratamiento inmediato y carecen de concreción. Lo mejor, en este caso, es que las iniciativas partan del MINAGRI o del ANA.

Otros reclamos entre las regiones

En Arequipa, incluirán el pedido de derogatoria del Decreto Supremo Nº 345, que aprobó la Política Nacional de Competitividad y Productividad. En Cusco se pliegan a ese reclamo impulsado por el gremio mistiano. Otro reclamo de los arequipeños es el rechazo al proyecto minero Tía María. Se confirmó la participación de 80 gremios.

Los gremios del Cusco esperan cambiar la Constitución y respaldar al equipo especial que está a cargo de la investigación del caso de corrupción Lava Jato, que involucra a cuatro expresidentes peruanos.

El Paro Agrario. Repercusiones

El Paro Agrario del 13 de mayo ha tenido una peculiaridad: su plataforma de lucha es de tan gran extensión y magnitud que será de muy difícil cumplimiento por el gobierno. Su cumplimiento compromete modificaciones legales, constitucionales, reformas del sector público y una completa reestructuración no solo del MINAGRI sino del ANA – MINAM – MEF. Además de exigir aprobación de leyes y cambios constitucionales que solo puede hacerlo el Congreso de la República.
Por tanto, lo más probable es que este conflicto solo haya servido para posicionar en una posición de poder a las Juntas de Usuario de Agua.