En las últimas semanas, la provincia de Espinar, Cusco, ha manifestado su rotundo rechazo al Proyecto Majes Siguas Etapa II.

Este proyecto beneficiaría a la región Arequipa con la construcción de la hidroeléctrica Angostura, la cual irrigaría 46 mil hectáreas destinadas a la generación de agricultura de exportación. Sin embargo, para los pobladores de la provincia de Espinar, este proyecto los afectaría, pues, entre otras cosas, en esta zona se está desarrollando un importante proyecto turístico y ecológico que se verá amenazado con la construcción de la represa (Ver Andares: “La otra maravilla del Cusco”).
Lo escandaloso del asunto es que, al caballazo, sin haberse culminado los Estudios de Impacto Hídrico y de Impacto Ambiental de la Cuenca del Río Apurímac recomendados por el MEF para iniciar la licitación del proyecto, PROINVERSIÓN ha programado la adjudicación de la buena pro para el 10 de diciembre, cuando ambos estudios recién estarían listos el 20 de febrero de 2010. Entonces, ¿de qué se trata este asunto?
La Evaluación del Estudio de Factibilidad del Proyecto Majes Siguas Etapa II realizado por la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del MEF, recomendó que el Gobierno Regional de Arequipa implemente las recomendaciones del INRENA respecto a la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, incluyendo los impactos sobre los ecosistemas desarrollados aguas abajo del río Apurímac. Sumado a ello, en febrero de este año, la Corte Superior de Justicia del Cusco declaró fundada la Acción de Amparo interpuesta por el Gobierno Regional de esta ciudad para dejar sin efecto la viabilidad del proyecto Majes Siguas Etapa II, mientras no se cumpla con realizar un estudio de técnico de impacto ambiental y de balance hídrico integral de la cuenca del río Apurímac.
A pesar de estas observaciones al proyecto, PROINVERSIÓN inició la licitación de la obra. Los postores -entre ellos los conocidos consorcios Odebrecht y Graña y Montero- estaban a punto de concretar su negocio, cuando la población de Espinar inició un paro indefinido el 9 de noviembre pasado. El gobierno, como en otras oportunidades, “intervino” enviando un contingente policial para despejar la carretera en el sector Imata (Arequipa) tomada por más de 500 pobladores de la provincia de Espinar. El resultado: 20 heridos, cuatro de ellos de gravedad.
Después de que la sangre llegó al río, el gobierno ha comunicado su “decisión” de postergar la licitación del proyecto. Sin embargo, otra vez, la forma tan irresponsable como ha actuado PROINVERSIÓN ha pasado desapercibida. ¿Por qué esta institución parece intocable? ¿Acaso olvidamos las tan cuestionadas concesiones a los proyectos Taboada y Paita? Lo más grave de este asunto es que, a pesar de que Espinar ha levantado el paro, según el Defensor del Pueblo en Cusco, Silvio Campana, la situación en los próximos días podría empeorar si es que el problema se convierte en una posición extrema de rechazo total al proyecto. Por tanto, urge una respuesta del gobierno, en la cual, más allá de preocuparse solo por poner orden, concilie a las partes en conflicto.