En los últimos días se ha dicho mucho sobre la situación legal de la ex alcaldesa Susana Villarán, el financiamiento de la revocatoria y las concesiones otorgadas por la Municipalidad de Lima a OAS y Odebrecht. En ese contexto, me propongo hacer algunas precisiones a fin de no caer en la confusión que algunas voces quieren generar. Vamos, no seamos ingenuos: es claro que más allá de las pesquisas fiscales -que deben avanzar y establecer las responsabilidades que sea necesarias- hay un interés político que busca el descrédito de la izquierda, adelantando conclusiones, tergiversando información y exigiendo prisiones que no corresponden.

Por eso, es importante tener claro que las concesiones no son una decisión que depende únicamente del alcalde o de un funcionario, sino de los regidores. También se debe considerar que estas decisiones fueron antes de la revocatoria y que obedeció al voto de todas las bancadas existentes en el Concejo Metropolitano. Pero vayamos por partes.  

La hipótesis de la Fiscalía
La Fiscalía considera que los supuestos aportes señalados por Barata y Garreta están estrechamente vinculados a 1) el contrato de concesión de Rutas de Lima, firmado el 09 de enero 2013, y 2) la adenda al contrato de Línea Amarilla, firmada el 13 de febrero del mismo año, en pleno contexto de revocatoria.

De hecho, una de las imputaciones señaladas en la disposición de inicio de diligencias preliminares considera que "...tanto el contrato de concesión -de Rutas de Lima- como la Adenda Nº 01 -de Línea Amarilla- se firmaron precisamente en el interin de su campaña por la No Revocatoria, actos que nos permiten colegir que Susana Villarán habría vendido su voluntad a ambas empresas brasileñas, a cambio de financiar su campaña por la no revocatoria y con ello continuar en el poder al mando de la Municipalidad Metropolitana de Lima."

Ante dicha acusación, es importante aclarar fechas y el marco legal con el que se aprueban ambas concesiones, hechos que, al parecer, han sido ignorados por la Fiscalía y por varios medios de comunicación. Empezaremos por lo segundo.

El marco legal de las concesiones
El Decreto Legislativo 1012, la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ordenanza Nº 867 que aprueba el Reglamento para la Promoción de la Inversión Privada en Lima Metropolitana definen claramente que quien aprueba las iniciativas privadas es el Concejo Metropolitano, es decir los regidores.

Es más, el artículo 22, numeral 2, de este reglamento (Ordenanza 867) establece que: “La negociación del contenido del contrato de participación de la inversión privada, estará dirigida exclusivamente a la atención de aspectos complementarios, tendientes a posibilitar la ejecución del mismo. Por esta vía no se podrá alterar el contenido de la iniciativa privada aprobada por el Concejo Municipal” (el resaltado es nuestro). 

Por tanto, la firma del contrato no es sino consecuencia de las decisiones adoptadas en el Concejo Metropolitano por el voto de los regidores.

Muchas veces se confunden ambas concesiones, por lo que es importante aclarar algunas cosas.

Línea Amarilla
Línea Amarilla se firmó el 2009, en la segunda administración de Luis Castañeda Lossio y tiene como antecedentes los acuerdos de Concejo 272 y 402, aprobadas el mismo año. 

Durante la gestión de Susana Villarán se firmó la Adenda Nº 1, como ya se ha señalado líneas arriba, el 13 de febrero de 2013. Sin embargo, esta adenda tiene como antecedente un acta de entendimiento entre la empresa y el municipio firmada el 20 de mayo del 2011, mucho antes del proceso de revocatoria, pues el JNE convoca a esta consulta popular el 31 de octubre del 2012. Cabe precisar que las adendas no pasan por decisión del Concejo pues es una decisión administrativa.

Esta acta de entendimiento establecía las modificaciones que se harían a través de la Adenda Nº 1. Entonces, ¿por qué no se firmó la adenda en el 2011 y se esperó hasta el 2013? La razón la encontramos en el reglamento del D.L. 1012 que determinaba que no se podían realizar modificaciones al contrato sino hasta tres años después de suscrito el mismo.

Es cierto que estas modificaciones contemplan 10 años más de concesión y la anulación del corredor del Metropolitano en Evitamiento (1) . Pero estas modificaciones también implican casi 200 millones de dólares más de inversión, que el 7% de lo recaudado por peajes retorne a EMAPE (pues el contrato original le daba el 100% de los peajes a OAS), la constitución del fideicomiso del proyecto Río Verde, y aumentar la compensación a los afectados por la obra de 5000 dólares a 30 000 dólares como base.

Esto último es fundamental pues el proyecto era socialmente inviable, causando retrasos en las obras, como lo reconoce la Oficina General de Control Institucional en su informe 001-2012-2-0434. Es importante recordar que el proyecto estaba parado; era responsabilidad de la Municipalidad liberar los terrenos impactados por las obras y no había forma de iniciar la construcción sin renegociar el contrato a favor de los afectados. Esta y no la revocatoria, para entonces inexistente, es la principal razón de la renegociación de Línea Amarilla. Todos los cambios hicieron que el proyecto cambie de nombre a Vía Parque Rímac.

Posteriormente, en la actual gestión de Castañeda Lossio, se han realizado dos adendas más: una con la cual se desfinanció Río Verde para que esos recursos vayan al inútil y resquebrajado bypass de 28 de julio; y, otra,que estableció que parte de la nueva inversión se destine al puente Bella Unión, cuyo costo final no sabemos aún; esto trajo como consecuencia que se anulen obras como los viaductos que iban a favorecer a los vecinos de San Juan de Lurigancho, Ate y La Molina. El proyecto se ha vuelto a llamar Línea Amarilla.
Rutas de Lima y la votación que algunos parecen olvidar

El contrato de Rutas de Lima se firmó el 13 de febrero del 2013. Sus antecedentes son los acuerdos de Concejo 825 y 1623, aprobadas el 03 de mayo del 2012 y el 18 de septiembre del mismo año, respectivamente. Cabe precisar que el primero fue aprobado por unanimidad, mientras que el segundo lo fue por amplia mayoría, con voto de los regidores de todas las bancadas presentes: la izquierda, el PPC, Somos Perú, los evangélicos de Restauración Nacional, entre otros.

El acta de la sesión del 03 de mayo ayuda a saber cuál era la posición de los regidores. Así, por ejemplo, el entonces regidor Jorge Villena Larrea decía que “...el proyecto tendría un impacto sobre la ciudad por la cantidad de obras e intervenciones planificadas, y además, siendo una iniciativa privada, la ejecución de estas no demoraría tanto como se acostumbra en el sector público, lo cual era una buena señal. Curiosamente, la inversión privada viene a salvar a esta gestión, pues le permitirá hacer intervenciones que van a tener un impacto no solo para los siguientes 30 años, sino para más, porque vamos a tener autopistas de primer nivel.”

Además agregó que le parecía muy saludable el cambio de enfoque, que, seguramente, era por haber escuchado sus propuestas de campaña en el momento de presentarlas. “Nosotros vamos a votar a favor de esto”, aseveró en aquella oportunidad.
Por su parte el otrora regidor José Danós, de Solidaridad Nacional, expresó:

“Oportunidades como estas había que celebrarlas, pues una iniciativa privada de esta naturaleza iba a traer ventaja y modernidad a la ciudad de Lima. Simplemente, quería mencionar algunos temas que había conversado con el Gerente Municipal Metropolitano y con el Gerente de Promoción de la Inversión Privada. Eran expresiones de buena voluntad que bien valdría la pena, en términos de ciudad, tenerlas presentes.” 

En la sesión de Concejo del 18 de septiembre, como se puede ver en el acta, el entonces regidor Danós Ordóñez decía “…yo estoy de acuerdo con este tema porque, definitivamente, esta es una cuestión mecánica. No hubo expresión de interés y lo que corresponde es la adjudicación directa…” 

La decisión de conceder los peajes no fue una decisión ni de la ex alcaldesa ni del entonces gerente municipal, sino de los regidores. Es importante tener esto claro, así como las fechas de estas decisiones que se dan antes del proceso de revocatoria, como vemos en la siguiente línea de tiempo.

Mirando hacia adelante
Es evidente que estas líneas no resuelven las legítimas dudas que se ciernen sobre el financiamiento de la campaña contra la revocatoria, en donde, como ya he señalado públicamente, los regidores no tuvimos participación ni en el manejo económico ni en el diseño comunicacional de la misma. Es importante que se aclare el financiamiento. Como también debería aclararse quienes financiaron el SÍ, pues los revocadores solo consignaron 12 mil soles como gastos de campaña. Recordemos que OAS ya tenía vínculos con el entorno de Luis Castañeda antes de que vuelva a sentarse en el sillón municipal.

Otra cosa que no resuelve este texto, pero debiera aclararse, es si la administración Castañeda Lossio ha impuesto penalidades por el retraso en las obras que deben cumplir las concesiones. No es casual que no quieran entregar el cronograma de obras a pesar de que se ha solicitado varias veces. 

Por otro lado, no se sabe qué modificaciones se están negociando actualmente entre la Municipalidad de Lima y Rutas de Lima. Sin embargo, el dictamen 286-2016-MML/CMAEO revela que existe un acuerdo preliminar del 11 de noviembre del año pasado en el que se barajan como posibilidades aumentar tres años más de concesión y que el 4% del peaje que quedaba para EMAPE por concepto de peajes vaya a la concesión con lo cual la empresa se quedará con el 100% de lo recaudado. ¿Qué otras posibilidades se están barajando? Tampoco es casual que la mayoría “solidaria” bloquee la conformación de una comisión investigadora sobre esta concesión, como lo venimos exigiendo varios regidores desde mayo de este año.

Finalmente, así vayan presos todos los involucrados en el caso Lava Jato, si es que se comprueban delitos, no se resuelve el tema de fondo: los aportes privados a campañas políticas, que no es sino como los intereses de grupos empresariales pretenden capturar el Estado para sus fines. Seamos claros, los aportes a campañas no inician con las empresas brasileñas, la corrupción tampoco. Sinceramente, no creo que la mayoría de congresistas quiera acabar con estos aportes, por eso, movilicémonos para generar reformas institucionales en ese sentido.

(1) Cabe precisar que esta vía está contemplada dentro del corredor complementario Panamericana Norte-Evitamiento-Panamericana Sur, cuya extensión es mucho más larga y, por tanto, beneficiaría a mucha mayor cantidad de usuarios. En la actualidad, la implementación de dicho corredor se encuentra suspendida, al igual que toda la Reforma del Transporte por decisión política del alcalde Castañeda.

(*) Regidor de la Municipalidad de Lima