El juez supremo Cesar Hinostroza Pariachi ha sido recluido en una prisión española. Llego burlando el control de fronteras de Huaquillas, Tumbes, fugando el 7 de octubre con un pasaporte normal. El avión que lo trajo desde  Guayaquil,  pasó por  Holanda y Paris se detuvo en Madrid. A las horas el “jefe de los cuellos blancos” pidió asilo político en una comisaria madrileña. Y, en la primera noche, durmió en su casa familiar, situada en un barrio mesocrático de la capital española. El curso de su solicitud de asilo tuvo patas cortas. En efecto, en el día vino la policía judicial hispana a su casa y lo transfirió provisionalmente a una de las cárceles construida en los noventa para alojar a los presos nativos VIP. 

Mediaba  una medida restrictiva con notificación de detención provisional, emitida desde el 13 de julio por juez competente. Había pues, en efecto, una reiterada denuncia de impedimento de salida del Perú por un plazo de cuatro meses. Y, por lo tanto, mientras se esclarezca el modo en que superó la orden de arraigo dictada hace algunos calendarios, el “señor K” quedó recluido a la espera de los acontecimientos. Puede colegirse de lo resuelto a la fecha que habrá varias semanas por delante para decidir sobre el asilo. Cierto es que jurídicamente no parece tener ni pies ni cabeza, lo que no inhibe al foro ibérico de tomar decisión al respecto. Luego pasaran meses para resolver el tema de la extradición que es un itinerario habitualmente sembrado de incidencias potencialmente lentificadoras.  

Dicho de otra manera la transgresión de la orden que le impedía salir del país puede haber sido, digo bien puede, una manera calculada de estirar los plazos procesales hasta el 2021 o más. Vendrá después el cambio de poderes en las elecciones generales y es de presumir el olvido natural de la opinión pública: ¿Confiara el recluido que eso lo traiga de vuelta?  Como también lo quiso hacer Alberto Fujimori desde Chile, con el que comparte abogado defensor. Pensemos, en la decisión de  atreverse a saltarse la orden de arraigo debe haber pesado lo que él sabe sobre el contenido de la comprometedora frase de los audios sobre la señora K.  Si la memoria del magistrado no fallara e identificara formalmente a la señora K, ya podemos  imaginar los riesgos que ahora tiene el señor K si descubre quien es la  ciudadana K. 

¿Que las cosas pudieron ser de otra manera? Sí. Sin duda. Otra cosa habría sido si oportunamente este magistrado K no hubiese sido ratificado por el extinto Consejo Nacional de la Magistratura: “Mi voto es porque no se renueve la confianza al magistrado y en consecuencia NO SE RATIFIQUE en el cargo de Juez Superior de la Corte Superior de Justicia de Callao” (pág. 15, acta de la sesión 1272-.2014)  Decíamos entonces para fundar el voto que la “confianza pública de un juez constituye un valor intrínseco que lo legitima socialmente y se construye en base a la buena imagen y reputación ganada a lo largo de los años de ejercicio funcional”.  

Ni las sorprendentes ocurrencias como la copia de 117 páginas de una tesis ajena, ni la defensa de personajes complicados en tráfico ilícito de drogas, ni las escondidas compras de inmuebles en Miami ni las sucesivas denuncias e investigaciones en sede fiscal por enriquecimiento ilícito, ninguna eran señales de confianza o legitimidad social. Tampoco los resultados del análisis de sus mejores resoluciones. Evaluadas en conjunto no alcanzaban los estándares técnicos y jurídicos esperables para el desempeño de la función. Menos aún la continua actividad dilatoria de los actos de evaluación que preocuparon a los magistrados. De no haberlo ratificado en el 2014, y de no haberle renovado la confianza al señor K, no habría sucedido nada de lo que deploramos.    Estamos frente a los vidrios rotos.