“¿La contabilidad destinada a registrar operaciones propias de las empresas que forman el grupo Credicorp (un banco, por ejemplo) puede contener partidas y gastos absolutamente ajenos a las actividades de dichas empresas?, ¿cómo es la financiación por lo bajo de un partido político en plena contienda electoral?”

Con estas preguntas, el abogado Ernesto de la Jara mediante su cuenta de Facebook, plantea algunas cuestiones que quedan en el aire tras la declaración del CEO de Credicorp, Dionisio Romero Paoletti y que se agravan más tras el comunicado de la Superintendencia de Banca y Seguros que anunció la “evaluación” de estos movimientos financieros que terminaron en las arcas de Fuerza Popular y aparentemente de Keiko Fujimori.

Como se recuerda, el hombre fuerte de uno de los principales grupos financieros del país declaró ante la fiscalía especial del caso LavaJato que en el año 2011 aportó -de los fondos del consorcio empresarial- 3 millones 650 mil dólares en efectivo que fueron entregados por partes a la misma Keiko Fujimori y a Jaime Yoshiyama, teniendo como intermediario al expresidente de Confiep, Martín Pérez.

Romero señaló que el aporte -proveniente de Alicorp, MiBanco y Pacífico Seguros-  fue por un “deber en favor del país” para “evitar el peligro que generaba la candidatura chavista” de aquel año, representada -según el empresario- por Ollanta Humala. Sin embargo, se equivocaba fuertemente el señor Romero en aquel entonces o tenía una pésima interpretación de la política peruana.

Para la campaña del 2011, Ollanta Humala había tomado un drástico giro en su posición política. Desde la imagen que dejaba atrás el clásico polo rojo por uno blanco, el candidato nacionalista buscaba mostrar que había evolucionado desde el 2006 dejando de lado el discurso del chavismo bolivariano a pesar que el entonces mandatario venezolano, Hugo Chávez, se esforzaba por mostrarlo como una pieza más de su grupo ideológico.

Humala Tasso más bien había asumido la idea del desarrollo capitalista brasilero del socialismo de Lula Da Silva que en ese momento tenía a Brasil en un puesto expectante en la región, alejado del estatismo y el nacionalismo exacerbado al que tanto temían el grupo Romero y otros empresarios agremiados en la Confiep, que incluso -con la participación de Odebrecht- formaron una bolsa para respaldar a Keiko Fujimori.

La defensa de Romero Paoletti no responde pues, a un afán filantrópico en defensa del país, ni mucho menos a tratar de mantener a raya una ideología. El interés de Romero al igual que el del gremio empresarial de aquel entonces y el de años anteriores y posteriores, ha sido tratar de alquilar voluntades para disponer a sus anchas al interior de los gobiernos de turno, colocando ministros afines a sus intereses y de paso someter bancadas parlamentarias para que legislen a su gusto.

Sobre esto, Humberto Campodónico integrante de Otra Mirada comenta en La República

“Recordemos que en noviembre del 2018 Pérez allanó el bufete Oré Guardia, del cual es titular Arsenio Oré, abogado personal de Dionisio Romero Seminario y también abogado de FP y Keiko Fujimori. Lo más probable es que Pérez ya supiera todo y, por tanto, que Romero haya decidido “curarse en salud”. Es un decir.”

Si a esto se suma lo que ha declarado por Vito Rodríguez, representante del grupo Gloria que ha declarado haber aportado 200 mil dólares para la campaña presidencial de Keiko Fujimori para el 2016 y de igual forma a la campaña de Pedro Pablo Kuzcynski para ese mismo año.

Miles, millones de dólares que circulan libremente y que son escondidos bajo la figura de cocteles, rifas y otras actividades fantasmas demuestran que en este país, para muchos sectores, la política es un negocio donde se compran apoyos y se alquilan voluntades, además de vender servicios que serán brindados desde Palacio o desde el Congreso para retribuir el apoyo financiero.

Este año el gobierno promulgó la norma que forma parte de la reforma política referida al financiamiento de partidos políticos, con el fin de brindar una mayor transparencia en el manejo de recursos y financiamiento. La ley modifica el Código Penal a fin de incorporar un nuevo capítulo, denominado Delitos contra la participación democrática, el cual está compuesto por dos tipos penales: el delito de financiamiento prohibido de las organizaciones políticas (art. 359-A) y el delito de falseamiento de información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas (art.359-B). Además se estipula qué son las fuentes prohibidas para efectos de la sanción penal (art. 359-C).

Obviamente la norma no es retroactiva y eso lo saben las abogadas de Keiko Fujimori y de Fuerza Popular, Giuliana Loza y Martha Chávez respectivamente. Por eso planean que se tome en cuenta las declaraciones de Romero para desvirtuar las acusaciones del aporte de Odebrecht, que al ser de origen ilegal si califica en el delito de lavado de activos.  Buscan deslindar de Brasil para que solo haya una sanción de carácter administrativa.

Sin embargo, ¿por qué los dineros de Gloria y Credicorp no fueron bancarizados?, ¿cuál fue la justificación contable para respaldar los movimientos financieros?, ¿qué explicaciones se le dio a los accionistas?, ¿los grupos Romero, Gloria y otros que sigan declarando tenían acaso una caja 2 al igual que Odebrecht?, ¿el “pitufeo” de dinero puede quedar como defraudación tributaria?, ¿dónde quedó la declaración del piloto peruano sobre los 15 millones de dólares que Joaquín Ramírez había dicho que le fueron entregados por Keiko para ser lavados?

Son muchas preguntas que giran alrededor de la señora Keiko Fujimori y de Fuerza Popular, demasiadas como para dudar que existe una teoría que -según el fiscal Rafael Vela- demuestra el manejo irregular de dinero en el partido y una estructura propia de una organización criminal para el blanqueo del dinero.

Mientras eso se resuelve, el Tribunal Constitucional ya tendría los votos para darle libertad a la señora Fujimori, pero eso es parte de otro capítulo de esta complicada trama.