La economía peruana tuvo una inflación más baja y creció más rápido que casi cualquier otro país de América del Sur, desde principios del año 2000 hasta 2013. Este desempeño macroeconómico nunca fue suficiente, sin embargo, para atraer mano de obra de los países vecinos. Porque aquí los salarios son bajos, la seguridad social prácticamente no existe, y hay un gran excedente de mano de obra urbana, definido como la fuerza laboral total menos los que trabajan en el sector moderno (empresas con 10 y más trabajadores). Este excedente de mano de obra gira todavía alrededor del 65% de la fuerza laboral urbana, a pesar de esa década y pico de rápido crecimiento económico. Por eso, desde hace varias décadas, el Perú es un país de emigrantes, un exportador de mano de obra en busca de mejores niveles de vida. 

La llegada masiva de los inmigrantes venezolanos, que escapan como pueden de la catástrofe macroeconómica causada por el gobierno de Maduro, es un evento único en la historia económica reciente del Perú. La hiperinflación en Venezuela ha reducido enormemente los salarios reales de los trabajadores y, para colmo de males, viene acompañada de una gran recesión, una combinación letal similar a la que sufrimos los peruanos a fines de los 80 durante el primer gobierno de Alan García. Esta es la fuerza básica que genera el éxodo venezolano dirigido a cualquier lugar donde haya mejores salarios y buenas oportunidades de empleo. El otro factor clave, que explica porque el destino de los trabajadores venezolanos es el Perú y no cualquier otro país vecino con similar estabilidad macroeconómica, es la política de libre inmigración aplicada por el gobierno de PPK. Esta política está diseñada exprofeso para fomentar esta inmigración venezolana por todos los medios posibles, sin límite cuantitativo alguno, como ha argumentado Freyre Paulet (2018). 

En la economía mundial de hoy solo los capitales y las mercancías atraviesan libremente las fronteras. La mano de obra venezolana no tiene libertad para migrar masivamente a Estados Unidos o Europa, donde hay altos salarios y muy buenas oportunidades de empleo. La libre inmigración no existe. Termino en 1920 cuando las clases trabajadoras adquirieron un mínimo de fuerza política en Estados Unidos, destino privilegiado de los migrantes de la época, poco antes de la gran crisis económica de 1930. Y la razón es simple, la inmigración masiva reduce los salarios y aumenta el desempleo, como atestigua la literatura especializada (Hatton y Williamson 2005). En la globalización actual, todos los países de destino de las migraciones ponen cuotas y barreras a la entrada de mano de obra e impiden que el mercado libre opere. Y, en las economías centrales, la libre inmigración es regulada, trabada, y restringida por un enorme aparato estatal. Como dijo Samuelson, en la sexta edición de su famoso libro de texto de economía, esta política de inmigración regulada tiende a elevar los salarios restringiendo la oferta de trabajo. 

Pero el neoliberalismo criollo, que quiere hacer exactamente lo contrario, esto es, abaratar la mano de obra peruana a toda costa, se ha erigido en el adalid interesado de la libre entrada de venezolanos al Perú. Los abogados defensores de esta política de libre inmigración del gobierno de PPK sostienen que el aumento de la fuerza laboral generado por la llegada masiva de estos trabajadores venezolanos no causará perjuicio alguno a los trabajadores locales. Nadie perderá su empleo y a nadie le rebajaran su salario o su ingreso si es un trabajador independiente. Como en el cuento de la Caperucita Roja, todos salvo el lobo, van a salir ganando. Para estos abogados defensores, que exista un gran conjunto de trabajadores locales perjudicados seriamente por esta política de libre inmigración de PPK, no por los trabajadores venezolanos, es una idea que solo se le puede ocurrir a un xenófobo. La ley de la oferta y la demanda está suspendida hasta nuevo aviso: cuando algo abunda repentinamente, su precio no baja.

Para muestra un botón. Cuando Argelia se independizo de Francia en 1962, retornaron 900 mil personas al país europeo en un año. La fuerza laboral francesa aumento en 1.6 por ciento por esta repatriación de mano de obra calificada. Un estudio posterior (Hunt 1992) con datos censales encontró que un incremento de un punto porcentual en el peso que estos repatriados tenían en la fuerza laboral de una región cualquiera de Francia, reducía el salario de esa región en 0.5-0.8 de un punto porcentual y elevaba la tasa de desempleo en 0.1-0.3 de un punto porcentual entre los trabajadores locales de esa región.

En el Perú, la fuerza laboral urbana (población económicamente activa o PEA) era de 13 millones de personas en 2015, según INEI. Y la mitad, 6 millones y medio, tenían entre 15 y 39 años, que debe ser el rango de edad de estos inmigrantes venezolanos, que no se convertirán en campesinos. Si son 130 mil los inmigrantes venezolanos que van a ingresar a la fuerza laboral urbana, estos representarían un 2 por ciento de la PEA entre 15 y 39 años y un 1 por ciento de la fuerza laboral urbana total. Si son 260 mil estos inmigrantes, representarían entonces un 4 por ciento de la PEA entre 15 y 39 años o un 2 por ciento de la fuerza laboral urbana total. Sería un milagro que este significativo incremento de la fuerza laboral urbana de la economía peruana, que ocurriría en un plazo muy corto y en un ambiente laboral caracterizado por un sindicalismo bastante débil, no provoque una reducción del salario promedio y un aumento de la informalidad y el desempleo. Sobre todo si la economía urbana está paralizada desde hace cuatro años. El empleo en el sector moderno (empresas de 10 y más trabajadores), que solo representa alrededor del 35 por ciento de la fuerza laboral urbana, ha caído ininterrumpidamente entre julio y noviembre pasados, según el Ministerio de Trabajo.

Ciertamente, se podría discutir también cual sería el impacto de este incremento de la fuerza laboral sobre el gasto en bienes y servicios de todos los trabajadores ocupados. Un punto a tener en cuenta es que la mayoría de las familias de estos trabajadores inmigrantes debe estar todavía en Venezuela. Eso implica que a igual salario, un trabajador inmigrante gastará o consumirá menos que un trabajador local, y ahorrará más, justamente para poder enviar dinero a su familia. Con lo cual, disminuirá el gasto total de todos los trabajadores ocupados, por esta sustitución de trabajadores locales por trabajadores inmigrantes. Y esto, igual que la caída de la inversión privada, tiende a generar una recesión y más desempleo e informalidad. 

Los trabajadores venezolanos no tienen un ápice de culpa ni responsabilidad alguna en la creación de esta situación. Como muchos peruanos que han emigrado ellos solo buscan lo mejor para sus familias. La culpa entera de lo que ocurra la tiene PPK y su política de libre inmigración que busca reducir el salario real de los trabajadores locales ampliando artificialmente el excedente de mano de obra que ya existe en la economía del Perú urbano.  

Referencias

• Freyre Paulet, J . (2018), Los Riesgos del Permiso Temporal de Permanencia (PTP), Gestión, 2 de febrero, pág. 16.
• Hunt, J. (1992), The Impact of the 1962 Repatriates from Algeria on the French Labor Market, ILR Review, Vol. 45, No. 3. 
• Hatton T. y Williamson J. (2005), Global Migration and the World Economy, MIT Press.