El 2018 inicia como la continuación de la segunda mitad de temporada de una serie donde la intriga política de ficción es superada por una realidad que nos ha puesto -como país- en una situación de incertidumbre, siendo el foco a nivel internacional frente a lo que pueda ocurrir con la revisión del indulto al exdictador Alberto Fujimori y los efectos de las declaraciones oficiales de Marcelo Odebrecht que implican a expresidentes, excandidatos y al actual mandatario Pedro Pablo Kuczynski.

Precisamente, Kuczynski decidió renunciar al respaldo de un sector de la ciudadanía y de la clase política, que lo apoyó indirectamente, frente a la bravata fujimorista del intento de vacancia pero que hoy lo mira de forma confrontacional, luego de haber negociado su permanencia en el poder a cambio del indulto al líder histórico del fujimorismo, quien recién había cumplido 10 de los 25 años de prisión a los que fue sentenciado por delitos contra los derechos humanos y de corrupción.

Esa negociación, llevó al presidente a aceptar la condición primaria de Kenji Fujimori, a cambio, varios ministros han permanecido al lado del mandatario, mientras van construyendo lo que se les ha dado por denominar el “Gabinete de la Reconciliación”, con  lo que sería la presencia de diversas figuras allegadas o simpatizantes del fujimorismo más noventero, el de Alberto, el libre.

Al frente, hay dos escenarios que ya habíamos previsto luego del “triunfo” frente a la vacancia, uno de los cuales ya se ha cumplido: 

“(…) un Kenji Fujimori empoderado que puede negociar, con 9 congresistas a su lado, el indulto de su padre a cambio de fortalecer –indirectamente- la bancada oficialista.

(…) un fujimorismo de la facción keikista envalentonada y dispuesta a dar un segundo golpe, pues queda pendiente la acusación constitucional contra el Fiscal de la Nación y la respuesta que le dé al sistema interamericano de derechos humanos respecto a la denuncia contra los magistrados del Tribunal Constitucional.”

Sin embargo, ambos escenarios tienen un par de variantes. En el primero, una bancada “ppkausa” disminuida por la renuncia de tres de sus puntales (Gino Costa, Alberto De Belaunde, Vicente Zeballos), pero que podría verse fortalecida con los “kenjistas”. En el segundo, existe la posibilidad que la presencia de Alberto Fujimori unifique –a la fuerza- a los seguidores de sus dos hijos, y fortalezca aún más un fujimorismo que ya se ufanaba del poder que tenía en el Congreso, y que utilice a su antojo su nueva posición en el gabinete de “reconciliación”, que podría presidir, sin ruborizarse, una pragmática Mercedes Araoz. En síntesis: La fortaleza del sistema neoliberal, en todo su esplendor. 

¿La contraparte? La calle. Tres días de marcha, desde el mismo 24 de diciembre, previo a la Nochebuena en que se conoció el indulto pusieron de vuelta y media a un gobierno que no calculó este movimiento. No solo Lima, sino en diversas ciudades del país, la gente salió a reclamar contra el indulto y el nuevo pacto por la impunidad. La calle se convierte así, nuevamente, en el escenario donde la ciudadanía puede exigir cambios y hacer presión política, sin –necesariamente- una organización político-partidaria. 

El efecto Odebrecht  
Este pacto por la impunidad, tiene un factor muy fuerte. Y se llama Lava Jato. Lo que se conoce, hasta ahora, de las declaraciones oficiales del ex hombre fuerte de Odebrecht, pone en jaque a la mayoría de políticos. Varios de ellos ya son investigados por las fiscalías especializadas (Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski y Susana Villarán) otros están fugados de la justicia (Alejandro Toledo), a algunos les quedan razones todavía para sonreír a pesar que el cerco se cierra alrededor de ellos (Alan García y compañía) y otros ya están pagando penas que también les deberían corresponder a otros (Ollanta Humala y Nadine Heredia).

Todos ellos están a la espera de lo que pueda obtener la fiscalía en los próximos días con el interrogatorio a Jorge Barata, el representante de Odebrecht en Perú y que, según el mismo ex CEO de la empresa, es el que sabe los detalles de los pagos, las circunstancias en que se dieron y los orígenes lícitos e ilícitos de los mismos. 

Por eso, la urgencia del fujimorismo de desmembrar la fiscalía, por eso la infiltración en el Consejo Nacional de la Magistratura, que deberá evaluar y nombrar en los próximos meses, a los nuevos magistrados que recibirán los pedidos de la fiscalía para determinar el futuro de diversos personajes involucrados en el caso, por eso la necesidad de sacarse de encima a los magistrados del Tribunal Constitucional para garantizar titulares que puedan responder a sus intereses.

Pero todo eso ha quedado en pausa. El fujimorismo ha quedado offside con el indulto (aunque algunos analistas hablan de una “escopeta de dos cañones” naranja que tenían el mismo fin, la libertad del líder y la toma del poder negado, por poco, en las elecciones del 2016). 

El Ejecutivo se ha despercudido de cualquier escrúpulo y no ha negado la nueva relación con el fujimorismo, congresistas como Salvador Heresi se han terminado de revelar como el “puente” entre la bancada naranja (convenientemente silenciosa, a excepción de un par de tuits para negar el audio de Odebrecht) y el gobierno para lo que será el reinicio de esta serie nada ficticia que hoy inicia la segunda mitad de la segunda temporada, con tres temporadas que –según su actor principal en la calle Choquehuanca- deberían terminar sin problemas.

Mientras tanto, los profesores anuncian huelgas para este año, los economistas no avizoran escenarios positivos para los próximos meses (dólar al alza, bolsa de valores a la baja y precios internacionales con ligeros y pequeños incrementos), un presupuesto estatal que no ha garantizado los servicios básicos y conflictos sociales que se siguen cocinando a fuego lento ante la preocupación de un gobierno que busca sobrevivir, más que gobernar, todo ello en un escenario electoral municipal y regional.