El fujimorismo y sus aliados están planteando los términos del escenario político pos huaico y de la administración de la crisis Lava Jato. Una concurrencia de distintos intereses que terminaría en una especie de cohabitación entre Fuerza Popular y PPK.

Por un lado, las élites del poder económico piden un acuerdo entre fujimorismo y oficialismo en defensa del sistema económico nacido del golpe del 92 y consagrado en la Constitución del 93 (Estado subsidiario, contratos ley y recursos naturales propiedad de los concesionarios). Este es el interés que genera más consenso en el campo de las derechas, porque además implica política exterior pro Washington y anti Venezuela.

De otro lado se encuentran Alberto y Kenji Fujimori, cuyo objetivo es la libertad del primero. El reo quiere salir de la Diroes para dirigir al fujimorismo lo que genera varias contradicciones. La más importante y notoria es la que tiene con Keiko. Un indulto del padre debilitaría la viabilidad de una tercera candidatura de la hija. Primero, porque un cuasi cogobierno fujimorismo-PPK o la sola imagen de un acuerdo, despinta la oposición de censuras ministeriales que plantea Keiko de cara al 2021. De hecho, para ella lo mejor hubiera sido vacar a PPK y adelantar las elecciones. Ese escenario fue posible antes de los huaicos, pero la lógica de la reconstrucción lo diluyó. Segundo, porque una vez el padre afuera, nada asegura que la hija mantenga el consenso para postular en la interna fujimorista.

El pleito en la familia es real y se expresa orgánicamente a través de albertistas y keikistas. Aunque en este momento ambas facciones acuerden censurar uno o dos ministros más, el canje planteado por el albertismo, implicará que tras el indulto no haya más censuras, ni mucho menos vacancia.

Si bien, en las filas del gobierno el principal opositor a un pacto con indulto es el propio premier Zavala; hay varios operadores del ppkausismo que consideran que es la única manera de tener gobernabilidad, así y PPK tenga que agachar la cabeza.

El otro interesado en este negocio es Alan García, alias AG, que agrega la dosis de impunidad para completar la fórmula. No por gusto afirma que PPK también tendría responsabilidad en Lava Jato por haber sido ministro de Alejandro Toledo. Sin embargo, se trata de la operación más compleja de lograr en toda la componenda.

Finalmente, el posible pacto de cogobierno-defensa del sistema-impunidad que se cocina, supone aplastar cualquier expresión política de izquierda. Pero en ese campo parecen no tomar nota. Además de todos los pleitos inútiles, los pocos debates giran en torno al registro electoral y al 2018. Como si la coyuntura no existiera. Como si su propia sobrevivencia no dependiera de lo que se juega hoy. Organizar la defensiva ante la aplanadora que se viene (los audios de Lynch y Adrianzén son el botón de muestra) para proyectar luego una ofensiva, supone claridad y convergencia, pero creo que eso son solo buenos deseos.

Publicado en Diario Uno