A propósito de la huelga magisterial, nuestra primera expresión es de reconocimiento y solidaridad con la justeza y legitimidad de la demanda de los maestros en todo el país, los sueldos, las condiciones de trabajo y la calidad de vida de estos trabajadores ha sufrido un deterioro progresivo, afectando también la calidad de su trabajo. La plataforma de lucha tiene carácter nacional y es de consenso, tiene tres elementos principales: la mejora de los sueldos, el pago de la deuda social y su rechazo a la evaluación de docentes como instrumento de despidos. Estamos conscientes que cualquier medida de atención de estas demandas resultara absolutamente insuficiente con relación a sus expectativas, porque el abandono de los maestros es histórico, compromete  por lo menos a los últimos cuatro gobiernos y solo será superada en un proceso, esperemos, no tan prolongado.  

El problema de fondo es que la dirección de este movimiento de naturaleza esencialmente espontánea ha caído en manos de los radicales, en particular del Movadef, debido al debilitamiento del Sutep -gremio nacional- la ausencia y abstencionismo de las otras fuerzas políticas democráticas. El Movadef, a juzgar por sus escritos y práctica reciente, es la continuidad “renovada” del senderismo,  si bien no desarrolla en el momento acciones terroristas, su  ideología es esencialmente la del “pensamiento Gonzalo”,  lo que explica que nunca deslindaron con las atrocidades cometidas por Sendero durante el conflicto armado, lo justifican cuando pueden y se reafirman en su proyecto original.  Movadef tiene una agenda política propia: Una salida política a los asuntos derivados de la guerra, la amnistía para sus presos políticos y la recentralización de sus fuerzas políticas. En torno a lo cual viene trabajando por más de una década, siendo los resultados más visibles: la construcción del mausoleo en el Cono Norte, el copamiento del movimiento estudiantil universitario y los esfuerzos por su inscripción como partido político.  

La presencia del Movadef en el movimiento magisterial se fortalece a partir de  la creación del CONARE en la década pasada, unos pocos cuadros políticos empoderados ideológicamente son insertados en estos ámbitos regionales y operan a través de otros también pocos líderes que tienen más presencia y reconocimiento político. Esta presencia del Conare-Movadef está focalizada principalmente en las regiones del Centro y  Sur del país, tiene una presencia entre 9 u 11,  pero su real  y significativa posición es en las regiones de Cusco, Puno, Junín y Ayacucho.  El Conare-Movadef, tiene también una agenda política específica: busca la derogatoria de la Ley de reforma educativa y magisterial y  la derogatoria del DS 019- 2010  que restringe ciertos derechos de los profesores procesados y/o sentenciados por delitos de terrorismo. Para tal  fin se propone disputar a Patria Roja el control del Gremio Nacional SUTEP por ser un instrumento poderoso para canalizar la fuerza del movimiento magisterial.  

En el conflicto actual, Conare-Movadef no está comprometido con las legítimas demandas de los maestros, busca visibilidad y espacio público nacional y acumular fuerzas para controlar y/o fracturar el SUTEP nacional. En esta perspectiva intentaron el camino administrativo, gestionando en dos oportunidades la inscripción de gremios alternativos, los mismos que fueron denegados por la afinidad senderista de sus argumentos. Se intenta entonces el camino político a través de un proceso de autonomía progresiva, convocatorias unilaterales de paros y huelgas para medir fuerzas y los resultados esperados no llegaron. La presente huelga seria la oportunidad más clara para  romper el Sutep Nacional, y constituir un gremio alternativo, hasta el momento habría logrado la adhesión de 11 bases regionales. Mientras que la Asamblea Nacional de delegados del Sutep Nacional realizada los días 2 y 3 de agosto habría contado con la representación de 21 bases regionales.   

Sin duda el logro más saltante y preocupante de esta presencia del Conare-Movadef es la relación privilegiada establecida con los gobiernos regionales y locales. Nuestras indagaciones indican la existencia de una estrategia de infiltración y copamiento de estas instancias, con la incorporación de cuadros del Conare-Movadef a cargos, públicos y de confianza: alcaldes distritales, provinciales, concejales, consejeros regionales, funcionarios y asesores. Estas relaciones habrían sido construidas sobre la base de afinidades políticas e ideológicas, pactos y pago de favores de campaña, pago para la recomposición de crisis políticas y de gestión de autoridades y cálculos electorales futuros. Como era de esperarse, en este marco los grupos radicales han alcanzado una serie de prerrogativas: el  reconocimiento legal de estas bases regionales,  financiamiento formal o informal de sus actividades y eventos, financiamiento de viajes para líderes y delegaciones.  En el presente conflicto los Gobiernos Regionales asumieron un rol de promotores de la huelga, facilitaron sus coordinaciones  dentro y fuera de la región y hasta actuaron como voceros  en medios de comunicación. 

Lamentablemente el rol del Estado en el manejo de este conflicto fue errático y contradictorio, debido a una insuficiente comprensión del proceso y la dificultad para concertar estrategias y acciones. Mientras los esfuerzos de apertura y dialogo que fueron hasta tres, fracasaban  básicamente por la intransigencia y radicalidad de la contraparte,  los aciertos tales como la negociación y acuerdos  importantes con la representación nacional del SUTEP  y la declaratoria de ilegalidad de la huelga exigiendo el cumplimiento de la ley, no pudieron mantenerse ni capitalizarse. La declaratoria del estado de emergencia fue sencillamente inoportuna e innecesaria. El Congreso por su parte no sabe lo que quiere o busca, apoya indiscriminadamente las acciones y requerimientos de todos y también de estos grupos radicalizados, en algunos casos seguramente por afinidades y por lo general  simplemente por puro cálculo electoral. 

Los  últimos acuerdos anunciados por el ejecutivo y los gobiernos regionales, marcará  el inicio de la fase resolutiva del conflicto: 1.Mejora  la negociación realizada a mediados de julio con la dirección nacional del Sutep, adelantando el incremento de sueldo a 2000 soles previsto para el mes de marzo del 2018 a diciembre del presente año,  asigna 200 millones de presupuesto para el pago de la deuda social en el 2018 y ratifica el acuerdo de no evaluación de maestros sin previa capacitación. 2. Generará una fisura en la relación entre el movimiento magisterial que verá en alguna medida satisfechas sus demandas, mientras las dirigencias radicalizadas tenderán a mantener la medida de fuerza con objetivos políticos particulares y 3. El involucramiento de los gobiernos regionales, recupera la autoridad y la unidad del estado y los niveles de gobierno, previniendo la vulnerabilidad frente al copamiento de toda índole. Lamentablemente la medida es extemporánea  e incongruente con el proceso, por lo que reactivará el conflicto y afirmará la imagen de un estado débil que funciona bajo presión y chantaje.