La interpelación al ministro de Educación sería productiva si generaría un acuerdo para lograr un avance en conjunto de la reforma y erradicar el analfabetismo de cara al 2021, así como lograr una revalorización del magisterio para que cuente con una carrera docente por méritos y una capacitación adecuada con una remuneración digna al maestro.

Es necesario que la participación de la comunidad y la democratización educativa del país priorice la primera infancia y la educación rural que se encuentra abandonada.

Si estos fuesen los temas de discusión y ello no sería respaldado adecuadamente, sería necesario que se designe a quien pueda liderar estos cambios en la educación.

Más allá de investigar alguna irregularidad, que es necesaria, hay que priorizar lo importante y en la educación está la apuesta más firme que todos los peruanos debemos afrontar conjuntamente.

Desde hace varias décadas se viene discutiendo en nuestro país sobre el sistema educativo, llegándose a la conclusión que ésta no está produciendo los graduados que tengan las habilidades que se necesitan en el mundo de hoy.

¿Qué se busca?
La pregunta es: ¿qué habilidades podrían requerirse en una sociedad exportadora de materia prima, de servicios, de comercio y similares y que no invierte en innovación y que poco le ha importado a sus dirigentes la falta de productividad del país en los últimos 20 años?.

Deberíamos preguntarnos si la primera meta que debería alcanzarse es ¿acabar con el analfabetismo que tenemos y que alcanza al 7% de la población?, seguida por la necesidad de una infraestructura educativa, que es una de las más deficientes de todo el continente.

En el 68% de los colegios públicos no se cuenta con electricidad y el 45% de las escuelas públicas inician el año escolar sin agua ni alcantarillado. Si a esto se le agrega que un millón doscientos mil menores de 6 años tienen anemia y 420 mil tienen desnutrición infantil, el panorama es desolador.

El acceso a internet solo lo poseen el 36% de los educandos y se sigue invirtiendo no más del 3% del PBI en educación, cuando ya se debería haber alcanzado la cifra de 6% en el sistema educativo nacional.

Regulación 
La calidad de la educación es un derecho fundamental de las personas, la prestación de servicios educativos  tienen una finalidad pública por lo tanto, según el Tribunal Constitucional el Estado tiene la obligación de garantizarla.

La escuela privada o la universidad pública o privada, tienen que ser reguladas por organismos especializados e imparciales y supervisados eficientemente por el Estado.

Lo que plantean los sectores progresistas del país, es alcanzar firmemente la asignación del 6% del PBI y desarrollar las capacidades de las personas para la creación y la innovación para el trabajo y la mejora de la productividad y, sobre todo, para mejorar la calidad de vida ciudadana.

Todo ello en un proceso participativo que haga de la reforma de la educación el esfuerzo de las grandes instituciones democráticas de la sociedad. 

Esperamos que ello ocurra y que todos nos comprometamos a garantizar que la universidad peruana pública y privada alcance los estándares mínimos promedios de acreditación.