El anuncio hecho por el presidente del Consejo de ministros, Alberto Otárola, sobre la aprobación de un proyecto de ley, que modifica la Ley de Reforma Magisterial, “para garantizar que los estudiantes cuenten con docentes idóneos que promuevan una educación con cultura de paz, que respeten los derechos humanos y la Constitución”, parece una buena noticia, aunque inevitable sospechar viniendo de quien viene.  

Advierto que no he leído el proyecto de ley, pues parece ser que aún no se publica, pero me permito hacer este comentario a propósito de lo declarado por el jefe del Gabinete Ministerial, y por la ministra de Educación, Miriam Ponce. 

Ha dicho Otárola que “Los docentes están obligados a cumplir con los objetivos del currículo escolar, y a enseñar sobre la base de los valores cívicos, ciudadanos, los contenidos de la Constitución y el respeto a los derechos fundamentales”. Amén. Así debe ser. 

Ha declarado, también, que “Se ha aprobado un proyecto que ley que establece causales de cese inmediato por causas muy graves contra aquellos docentes que pertenezcan a ideologías que contravienen la Constitución y que estén dictando clases en perjuicio de los valores cívicos, democráticos y ciudadanos”. Aquí, creo, falta precisar cuáles son esas ideologías que “contravienen la Constitución”. 

Otárola, y el gobierno que cuasi preside, creen que su proyecto de ley “permitirá encausar en los principios democráticos y fomentar la crítica a aquellas ideologías que no han hecho más que dañar al Perú y causar innumerables víctimas y daños materiales”. 

Si el gobierno, incluyendo a Dina Boluarte, se refieren a los hechos comprendidos entre diciembre 2022 y febrero o marzo de 2023, lo que causó la muerte de 50 personas, entre ellas siete adolescentes fue, según el Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el uso desproporcionado y letal de la fuerza fuera de las circunstancias permitidas por las normas internacionales de derechos humanos, y la práctica del “terruqueo” y el uso de un lenguaje que calificaba a los y las manifestantes como violentos, vándalos o vinculados a actividades ilegales, así como el discurso racista con comentarios despectivos basados en la etnia, la condición social o el origen regional de los manifestantes. 

Haría bien Otárola, tomando el caso específico de esas muertes, si explica cómo esperaría que un/a docente enseñe “sobre la base de los valores cívicos, ciudadanos, los contenidos de la Constitución, el respeto por los derechos fundamentales y la crítica a aquellas ideologías violentistas”, lo que ocurrió con nuestros 50 compatriotas en esas circunstancias.  

Seguramente hay docentes que merecen ser retirados de las aulas. Lo mismo, creo, y sin perjuicio de su obligación de responder penalmente, debiera ocurrir con funcionarios y autoridades que infringieron normas y protocolos, y que aún ahora pretenden negar su responsabilidad. Dice el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que “la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza”, ¿Cuántos policías, militares, o funcionarios han sido retirados de su función por estas “prácticas violentistas”, y cuántas autoridades han sido cesadas por su permisividad y tolerancia hacia el racismo, la discriminación y la estigmatización de la población manifestante?  

Cuando la ministra de Educación, Miriam Ponce, dice que quienes deseen ingresar a la carrera pública magisterial (CPM), no deben pertenecer a título personal ni grupal, “a ninguna organización, movimiento o cualquier forma de agrupación, que contravenga los principios cívicos y democráticos establecidos en la Constitución”, ¿está incluyendo a docentes castillistas, cerronistas, fujimoristas, acuñistas, medievalistas (de Renovación Popular), entre otros, partidarios de las organizaciones políticas representadas en el Congreso de la República?   

Pues si hay un lugar donde se contravienen frecuentemente los principios cívicos y democráticos establecidos en la Constitución, y se confabulan para torcer el derecho, es precisamente allí - con la anuencia de Otárola y la señora que le acompaña en el gobierno- con total impunidad. 

De modo que está bien y corresponde hacer todos los esfuerzos para ofrecer una educación de calidad, libre de violencia, que promueva los derechos fundamentales, el respeto por la identidad propia y la diversidad; y se puede justificar el cese de docentes que transgredan los valores de la Constitución y, habría que agregar, de los tratados internacionales suscritos por el Estado peruano; pero si se trata de promover los valores cívicos, democráticos y ciudadanos, no solo se demanda docentes “con solvencia moral, que sean forjadores de una cultura de paz”, se requiere, también, de autoridades comprometidas con lo mismo, y no las tenemos. Las que están hace tiempo debieron renunciar, y merecen ser cesadas.  

Publicado en diario Página 3