Desconfío mucho de los anuncios apocalípticos de la Defensoría del Pueblo en el tema de conflictos sociales y la conflictividad en el Perú. Desconfío desde hace mucho porque su fundamento metodológico y conceptual no es sólido. Tuve mis primeros desencuentros con ellos el 2011, y los mantengo a la fecha. Escribí un artículo al respecto pero no logré terminarlo porque consideré que era inútil cuestionar a la Defensoría del Pueblo, porque la palabra de ella es tomada como si Roma locuta. El escrito lo llame “Con la Iglesia hemos topado Sancho”, para ilustrar lo mal que me sentía por la crítica que me hacían por cuestionar las cifras, los conceptos y la metodología de sistematización de los conflictos sociales.

En verdad, esta discrepancia lo sostenía desde el 2006, cuando empecé a manejar los procesos de diálogo de los conflictos sociales. Ahí me percaté de dos hechos: los datos que publicaba la Defensoría no coincidía con los reportes de la Oficina de Gestión de Conflictos. Luego, tampoco coincidían la categorización de conflictos activos y conflictos latentes. Me parecía exagerado decir que habían 254 o más conflictos activos en el país. Como me parece exagerado ahora decir que el Gobierno de Kuczynski heredará 212  conflictos sociales, 152 de los cuales son activos y 60 latentes, nota que La República publicó en toda una página con infografía alarmante.

La primera observación que hacía era que señalar una cifra de más de 200 conflictos sociales generaba la sensación de que estamos ante un país incendiado o rodeado de conflictos y con una altísima conflictividad (152 activos). Si te fijas bien, la cifra de conflictos activos se mantiene estática durante años, incluyendo el gobierno de Alan García (que fue, por lo demás la de más alta intensidad en conflictos) 

Nunca quedó claro cuándo un conflicto era activo y cuál era latente; y cuándo un conflicto pasaba de una categoría a otra. Más aún: no había criterios para incluir un conflicto social y descartar otros. Por ejemplo. Si revisas las categorías usadas, no está incluido en ella las invasiones de terrenos urbanos, siendo éstos los más numerosos, violentos y con mayor saldo de víctimas. Tampoco los conflictos laborales, y menos las disputas por deslinde territoriales entre comunidades, entre distritos, provincias y hasta regiones…

Por supuesto que las discrepancias no están en el número. No es que la Defensoría reporte más y el Gobierno menos, o al revés. No. Ese no es problema. La esencia del problema es no comprender la naturaleza de los conflictos sociales en el país, y creer que todo conflicto se resume en la relación con el gobierno o con la política de gobierno. Me explico: no todos los conflictos obligan a una presencia del gobierno nacional; los conflictos en el ámbito municipal o en los gobiernos regionales en algunos de los casos no son propiamente conflictos sociales, sino conflictos de poder local o regional, con la presencia de grupos de presión que buscan sacar a alguna autoridad. Asimismo, tampoco un conflicto que es de naturaleza laboral compromete al gobierno, salvo que ésta tenga que ver con el pedido de una política laboral expresa. Lo mismo pasa con las invasiones de terrenos que mayormente enfrenta a los propietarios de dichos terrenos con los grupos de invasores. Y así.

Considero que el problema se presenta cuando: a problemas de naturaleza diferente le aplicas la misma estrategia de negociación. Peor, el problema se agrava cuando crees que el problema se reduce a mecanismos o metodologías de diálogos para transformar el conflicto en oportunidad…

Vale decir, si a diferentes problemas le aplicas la misma receta, no esperes una solución a todos los problemas; y si la receta no produce resultados positivos, para qué insistir en ella. 

Creo que entender qué paso con los conflictos sociales y por qué a pesar de tantos ensayos y error, el problema todavía persiste, nos debe llevar a entender mejor la naturaleza de la conflictividad social, así como debatir a plenitud la estrategia de prevención del conflicto y de negociación del mismo.

Considero dos temas importantes, de los cuales formulo algunas hipótesis de trabajo:

La primera: que los conflictos de larga duración deben ser trabajados desde una perspectiva política, buscando que la salida al conflicto sea  a través de una propuesta de reforma, sobre todo, de aquellos relacionados con las concesiones de lotes y la aprobación de los EIA.

La segunda, que el manejo del conflicto debe llevar a controlar también el manejo de las operaciones policiales de desalojo y de control de puntos estratégicos. Cabe mencionar que el mayor número de víctimas se produce precisamente porque los enfrentamientos se desbordaron, no solo por la acción policial, sino por los grupos y líderes que buscaron el enfrentamiento para generar un hecho político que devenga luego en una crisis política.

¿Cómo evitar precisamente que los conflictos sociales generen crisis política?

Esa es la clave a desarrollar en este nuevo escenario que se abre con el inicio del gobierno de PPK.  

Adjunto un cuadro comparativo que espero ilustre el tema de la conflictividad social en el Perú.