En los últimos días, ha aparecido una Resolución Legislativa y más de 15 resoluciones de Defensa (Diario Oficial El Peruano), aprobando dos tipos de ingresos de personal militar extranjero, fundamentalmente norteamericano. La primera, es la Resolución Legislativa del 29 de enero que autoriza los ingresos a lo largo del 2015 (imagino que por eficacia y celeridad del procedimiento). Las segundas, se refieren a más de 15 resoluciones aprobadas en enero y febrero que autorizan el ingreso de unidades pequeñas y frecuentes que trabajarán conjuntamente con el Comando de Inteligencia y el Comando de Operaciones Especiales del Comando Conjunto, fundamentalmente en el VRAEM. ¿Cómo debe entenderse esto? En dos niveles distintos, pero estrechamente vinculados.

El primero, en la reacción geo estratégica del Comando Sur y del Departamento de Defensa de EE.UU, para re tomar la iniciativa en América del Sur e implementar una presencia político militar más visible en los Andes y el Pacífico Occidental, siempre teniendo en cuenta las acciones abiertas y encubiertas que desarrolla en Venezuela y en otros países que se distancian de Washington, en una serie de aspectos económicos, políticos y diplomáticos (Bolivia, Ecuador, Argentina).  Así por ejemplo, en el mes de septiembre se estacionará por 6 días el portaviones US$ George Washington, que cuenta con 90 aviones y una tripulación de 3,200 hombres y sofisticado armamento de defensa y de ataque. Mientras que para nuestra Marina significa una visita de cortesía de una gran unidad de guerra, la cercana presencia de este inmenso buque en aguas sudamericanas tiene directa relación con las facultades que tienen para -llegado el caso- intervenir militarmente de forma autónoma, en una serie de escenarios de convulsión socio política: golpes militares, intervenciones puntuales, amenazas, etc. En este sentido, cumplimos un papel dudoso y dudable frente al hecho que la región debe ser una zona de paz y nuestra diplomacia se funda en el principio de no intervención y respeto a la soberanía.
 
El segundo nivel, es más nuestro y está referido al apoyo que Presidente Humala le ha venido solicitando al Sub Secretario de Estado para Asuntos Anti narcóticos, William Brownsfield. Nos referimos al VRAEM que comprende hasta 5 regiones del país. Las 15 resoluciones publicadas en El peruano, autorizan el despliegue de equipos operativos de las fuerzas especiales americanas, con un total de 50 hombres -y su armamento de combate-, por un promedio de un año, en distintos lugares del país (Pasco, Lima, Junín, Cusco, Loreto). En buena cuenta, significa que éstos van a ser desplegados muy cerca de las áreas donde se desarrollan no solo las acciones contra subversivas contra los remanentes de Sendero luminoso, sino también comprenden otra misión, la de la lucha anti narcóticos y pueden incluir también acciones directas contra las organizaciones sociales que despliegan acciones de protesta y conflictividad social contra la presencia de empresas mineras y/o petroleras (Pichanaki, Junín). Si a eso le sumamos, la reciente decisión de formular una Zona de Exclusión Aérea (Mazamari, Pichari, Las Malvinas), hasta los 10,000 metros de altura, como precedente del debate del proyecto de Ley que autorice el derribo de avionetas, tenemos un escenario confuso y poco claro, además de sumamente riesgoso. ¿Por qué?
 
La experiencia inmediata nos muestra que ni la militarización creciente de una región, ni la propuesta del derribo de avionetas (el Perú tuvo en el 2001 una triste experiencia con el derribo de una avioneta civil en Iquitos), detienen el mantenimiento de la oferta/demanda de drogas ilícitas, sino miremos el caso de Afganistán, México y Colombia, a pesar de los éxitos proclamados en este último caso. Con esta abdicación de un gobierno "nacionalista" como el del Presidente Humala, quedamos en una situación de cómplices secundarios de una propuesta equívoca de enfrentar los problemas de seguridad regional con mecanismos de guerra que lejos de resolverlos, los profundizan. Así, lo que equívocamente llama el Papa "la mexicanización de...." no es sino el resultado de una política de ingreso de los militares en el intento de controlar un fenómeno de naturaleza económica en el que mucho tiene que ver EE.UU como país receptor final de la cocaína que cruza territorio mexicano. Finalmente, ¿qué sucederá si ocurren incidentes violentos que involucren a este personal armado? ¿gozarán de inmunidad diplomática o se atendrán a la justicia peruana ordinaria?