Lamentable que a dos meses y medio de gobierno se produzca la muerte del comunero Quintino Cereceda Huisa de un certero balazo de fusil como consecuencia de la acción de desbloqueo de la carretera desde la comunidad de Quehuira hasta Las Bambas. El bloqueo, como sabemos, había sido impuesto por cuatro comunidades afectadas por el uso de la carretera comunal por parte del proyecto minero Las Bambas y por el cual exigían a la empresa minera el pago de una compensación económica. No era la única demanda. Los comuneros tenían una larga lista de reclamos, siendo el factor dinamizador que impulsó el bloqueo y los enfrentamientos con la policía el tema de la carretera. 

El desenlace era previsible. Los representantes de los comuneros en estas tres últimas semanas había sido intensa: una delegación llegó al Congreso de la República para denunciar no solo el tema de la carretera sino otros puntos de su plataforma, así como cuestionar las mesas de diálogo que se habían instalado y a los representantes del gobierno. Las mesas de diálogo habían perdido credibilidad, no obstante, se insistía en ellas; precisamente una semana del enfrentamiento se había realizado una mesa de diálogo, pero, al parecer, ya nada podía contener la confrontación. Había un antecedente reciente que los comuneros recordaban: en septiembre del 2015, se produjo un enfrentamiento violento en medio de un paro indefinido en el distrito de Chalhuahuacho que arrojó el saldo de tres comuneros muertos: Betto Chahuallhua Huillca, Alberto Cárdenas Challco y Esequiel Huamaní Mío); y en esa ocasión, después de este fatal enfrentamiento se instaló una mesa de diálogo que empezó a funcionar en enero del 2016.

Es inevitable hacer comparaciones de este trágico conflicto con los que me tocó lidiar cuando era Jefe de la Oficina de Prevención de Conflictos Sociales de la PCM. Características similares se presentaron en los conflictos de Espinar – Conga – Paita – Andahuaylas – Puerto Maldonado; en estos conflictos las muertes por el conflicto social se produjeron por dos factores: por un lado, la predisposición de líderes que llevan a la población a un enfrentamiento violento; y por otro, a una mala práctica de la policía en la contención y disuasión de las poblaciones movilizadas. En conflictos de tan alta tensión, a veces resulta inevitable que se impongan liderazgos que buscan ex profesamente la confrontación, con el pleno conocimiento que un saldo de víctima provoca una crisis política, del cual es difícil salir.

Cuando ese factor no se controla; cuando se deja que los mandos operativos de la Policía Nacional actúen a su criterio sin medir las consecuencias políticas de la confrontación; o, lo que es peor: actúen sin contar con los instrumentos de disuasión y prevención, el resultado es el saldo inevitable de víctimas; y como consecuencia de ello, la apertura de una crisis política que afecta al gabinete y a los ministros involucrados en el conflicto. Lamentablemente es así, y cuando eso sucede, pocos recuerdan el problema que originó el conflicto porque ya es otra agenda y son otros los actores en esa crisis.

A dos meses y medio de gobierno de PPK los conflictos sociales han estallado sin pausa ni tregua. No es que considere que haya un plan concertado de desestabilización del gobierno por los conflictos sociales. Lo que existe en el país es un modus operandi de las organizaciones sociales con demandas incumplidas o con plataformas de lucha que buscan imponerse en la agenda nacional. 

Por experiencia sabía que todo inicio de gobierno es una oportunidad para que los diferentes grupos y organizaciones sociales consideren oportuno imponer una agenda al gobierno entrante; una agenda en la que se legitime liderazgos y se impongan condiciones al diálogo. Así pasó en el 2006 cuando el 3 de agosto estalló el conflicto social en la localidad de Combayo – Cajamarca contra la empresa Yanacocha con el resultado de un rondero muerto por la intervención de las fuerzas de seguridad de la empresa; lo mismo pasó el 3 de agosto del 2011 en los valles de Huaura y Cañete, cuando los productores de algodón bloquearon la carretera panamericana imponiendo una negociación respecto del pago del quintal de algodón en los términos que habían pactado con el gobierno aprista apenas unas semanas antes de dejar el gobierno. Eso mismo pasó el 3 de agosto del 2016 con el conflicto en Urubamba. De ese conflicto a la fecha, sin pausa, se han reactivado conflictos en diferentes escenarios del país; y de ellos, lo que estaba pasando en las provincias de Cotabambas y Grau, era, sin duda, el más crítico.

¿Por qué, entonces, conociendo estos antecedentes, las autoridades del gobierno nacional y regional, y los negociadores de las mesas de diálogo dejaron escalar el conflicto hacia una confrontación? ¿Por qué no se pudo encontrar salidas consensuadas entre la empresa, los comuneros y los sectores del gobierno regional y nacional?

Creo que, a manera de hipótesis, que existen tres razones que pueden explicar esto:

La primera: los tres actores: comuneros y organizaciones sociales y políticas – Proyecto Las Bambas (sus tres administraciones) - representantes de los gobiernos regional y nacional, pusieron en prácticas diferentes estrategias en los procesos de diálogo que no se basaron en la confianza y en su desarrollo no construyeron credibilidad de los acuerdos por el incumplimiento de compromisos. Los recursos que se obtuvieron provenientes del proyecto minero, nunca fue suficiente; los proyectos de inversión que se comprometieron tanto el gobierno nacional y regional, tardaron demasiado en concretarse o simplemente no se concretaron; los recursos del canon o los proyectos de inversión aprobados por el proyecto minero beneficiaron a unos y excluyeron a otros. Así, sin consensos de por medio, y sin la confianza en los actores, la confrontación no solo era inevitable, sino que la posibilidad de evitarlas ya no podía lograrlo por esos medios de las mesas de diálogo con los mismos actores, por lo demás. 

La segunda; porque, en cierta forma, la expectativa por obtener el máximo de beneficio de la confrontación no era solo de los pobladores y sus líderes, sino también de la empresa. Es cierto que en las comunidades y en las poblaciones aledañas hay un sobredimensionamiento de expectativas, alejadas de cualquier ideología o de pretensiones programáticas; pero siendo así, la empresa también se guiaba por la reducción de sus costos; y, ciertamente, no atender la demanda de las poblaciones vecinas era una forma de reducir costos. El camino de la confrontación, por tanto, era la forma de imponer condiciones, porque los pobladores entendieron que la mejor forma de obtener sus demandas era con la confrontación. Y por ello fueron permisibles a los discursos radicales que se ofrecieron e impusieron en la conducción de la movilización. Lo que no valoraron en esta estrategia es que la violencia y el saldo de víctimas generan una crisis política y una vez en ella, cambia de plano la agenda de negociación y los comuneros pueden quedar al margen de la salida a la crisis porque ya son otros los actores los que se apropian de la representación comunal.

La tercera, porque la estrategia de confrontación y la violencia usada tiene en el fondo un objetivo político que va más allá del conflicto en sí. Nadie debe ignorar que en torno a los conflictos existen intereses políticos que desde la confrontación y violencia buscan imponer liderazgos con el propósito de controlar espacios locales, territorios, gobiernos locales. No incluir en el análisis este factor es pecar de inocencia o de ingenuidad.

Lo que me asombra, y preocupa, que los equipos del gobierno, conociendo el proceso del conflicto hacia la crisis política generada por la exacerbación de la violencia, no cuenten con las herramientas que permitan impedir que se llegue a ese desenlace; me alarma que, ante esas circunstancias, sea la policía la que tenga el rol protagónico y que siendo ellos los protagonistas, el conflicto fácilmente puede terminar con el saldo de víctimas ya conocido. Es lamentable, pero los hechos han mostrado que los negociadores del gobierno desaparecieron en la hora crítica de la confrontación.

¡Qué mal todo! Ahora este conflicto de Las Bambas ha pasado a otro escenario.  Son otros los actores los que tratarán de sacar ventaja de las víctimas producidas en este lamentable enfrentamiento.