El principal reto que enfrenta el nuevo gobierno es el de calidad del empleo, situación que cuenta con tres dimensiones: la informalidad (entendida por la no cobertura de la seguridad social), la inadecuación ocupacional y la baja demanda de trabajo calificado.

Del 2010 al 2015 mientras el PBI per cápita creció en 20%, la pobreza monetaria se redujo en 9 puntos (de 30,8% a 21.8%) y el empleo informal disminuyó en 3.9 puntos (desde 77,1% a 73,2%). Es decir la reducción del empleo informal fue menos sensible que la pobreza al ciclo económico expansivo. Dicho contraste marca diferencias, también, por el lado de la prioridad política y los recursos presupuestarios destinados. Queda claro, también, que la pobreza puede bajar sin que la informalidad disminuya pero si la informalidad se reduce, la pobreza también.

La informalidad
Por ello, la informalidad es más compleja que el reduccionismo del trillado 70 – 30 (70% de informalidad vs 30% de empleo formal). El mercado laboral peruano no es homogéneo, es decir no hay un solo tipo de trabajo. Simplificando están los asalariados y los independientes. Los primeros, sujetos a la regulación laboral mientras que los segundos, fuera de ella. Y, al interior de los asalariados, es muy distinto el empleo público que el privado y sus variantes por el tamaño de la empresa.

El 70% de informalidad en el empleo está concentrado en los independientes, que lo explican en un 58%, y los asalariados que laboran en empresas de menos de 10 trabajadores, con un 22%. El 80% de toda la informalidad está concentrada en dichos colectivos. El primero, los independientes, fuera de la regulación laboral y los segundos, con un régimen laboral especial – desde 2003- que implica un costo anual 30% menor que un trabajador del régimen general. La evidencia empírica rechaza el enfoque que asegura que al bajar el costo laboral aumentará la formalización: hoy, en las empresas de menos de 10 trabajadores, la informalidad laboral bordea el 90%.

El desafío del nuevo gobierno está en incorporar políticas específicas para el sector de los independientes, como el monotributo, y de desarrollo productivo para las microempresas. Continuar flexibilizando, léase reduciendo los costos (derechos) laborales, precarizará el empleo en vez de formalizarlo. Ojalá se haya aprendido del pasado.

La inadecuación ocupacional
Un segundo reto en materia de empleo se encuentra en la inadecuación ocupacional. Esta se define como el desajuste entre el nivel educativo y la formación de un trabajador en comparación con el puesto de trabajo donde acaba desempeñándose. Tanto la sub calificación como la sobre calificación acaban generando problemas de productividad y de asignación óptima de los recursos. En el Perú, el MTPE ha estimado que, en 2013, el 49,9% de la PEA ocupada con educación universitaria se hallaba en condición de sub utilizada (trabajando en un puesto que requeriría menos calificaciones). Igualmente, para el 2014, se ha encontrado que un 27% de los desempleados reporta estudios superiores (OIT, 2015). 
Lo preocupante es que la situación anterior coexiste con un aumento notable en la calificación de la PEA. En comparación con el comienzo de siglo, la PEA ocupada con estudios superiores ha pasado del 20% al 30%. Pero, el subempleo y el desempleo de los profesionales no sólo se explica por la baja calidad de parte del sistema universitario si no, también, por la baja diversificación de la economía peruana que acaba restando oportunidades para el empleo calificado, lo que acaba reflejándose en el menor retorno salarial que vienen percibiendo los egresados de la educación superior (OCDE, 2015).

La baja demanda de trabajo calificado
El punto anterior se vincula con el tercer reto en materia de empleo: la baja demanda laboral por mano de obra calificada. Por ejemplo, en el 2015, la encuesta de demanda ocupacional del MTPE había identificado que el 91% de los puestos de trabajo requeridos por el sector manufacturero eran de la categoría obreros. Para el año 2016, otro estudio a nivel país (Demanda de ocupaciones al 2016, MTPE), señalaba que el 67,9% del trabajo requerido por las empresas bastaba con que disponga de estudios secundarios, 13,8% con estudios universitarios y 18,3% con estudios técnicos. 

Al año 2010, de acuerdo con la clasificación internacional de ocupaciones (ILOSTAT), en el Perú sólo el 15% de ellas eran de un nivel calificado (Legisladores, altos funcionarios y directivos, profesionales y técnicos y profesionales de nivel medio) en contraste con el 43% que ellas significan en Alemania, por citar un ejemplo.

Este problema encuentra el camino para su solución, no en el mercado laboral inicialmente, si no en la diversificación de la economía. Sólo con un mayor desarrollo productivo, incorporando sectores económicos de mayor valor agregado y conocimiento, podrá ir cerrándose dichas brechas: de subempleo y desempleo profesional y de baja absorción, por otro lado, de mano de obra calificada.

Elaborado por trabajodigno.pe