En esta semana se cumplen los 15 días desde que el Pleno del Congreso aprobó –por amplia mayoría– el proyecto de ley para que Petroperú pueda negociar con Perupetro el Lote 192. Ya quedó claramente demostrado que la autógrafa aprobada no implica desconocer el contrato con Pacific, lo que machaconamente se sigue afirmando desde el MEF con el objetivo de convencer al Presidente Humala de que la observe, vale decir, que la rechace.
 
Vale la pena recordar que el 3 de marzo del 2006, con Alejandro Toledo de Presidente y Pedro Pablo Kuczynski de Premier, el Poder Ejecutivo observó la autógrafa –aprobada por el Congreso en febrero de ese año– para fortalecer y modernizar Petroperú. El Ejecutivo argumentaba, en lo fundamental, que Petroperú se debía quedar en el FONAFE y no se le podía excluir del SNIP.

Ante la observación del Poder Ejecutivo, el Congreso decidió a favor de la insistencia en la autógrafa original (con una que otra modificación menor). En la votación del 13 de julio, la autógrafa fue aprobada por 70 votos a favor (Perú Posible, la izquierda, el APRA y el FIM), 7 en contra (Unidad Nacional-PPC) y 6 abstenciones. La autógrafa se convirtió en la Ley 28840 y fue promulgada por el Presidente del Congreso, Marcial Ayaipoma, el 19 de julio del 2006.
 
Algo parecido podría suceder ahora, si el Presidente Humala observa la autógrafa que autoriza el contrato Petroperú/Perupetro para el Lote 192. Un tema en el cual seguramente insiste el Ministro Segura es que Petroperú no se debe “distraer” en otros proyectos –en los cuales va a incurrir en deudas y perder plata– para dedicarse íntegramente al proyecto de modernización de Talara.
 
Falso. Si Petroperú entra a explotar petróleo va a tener mejores ingresos y va a mejorar su capacidad de pago de los préstamos en que incurra. Esta capacidad es hoy en día incierta y así lo reconoce la propia Ley 30130: en el artículo 5 dice que el Tesoro avalará deudas de Petroperú hasta por un monto de US$ 1,000 millones. ¿Es que el MEF quiere que Petroperú recurra a ese aval del Tesoro motivado por el sesgo ideológico que dice que toda empresa pública es mala per se?
 
Esto quiere decir que la refinería y el Lote 192 están “hermanados”. La refinería modernizada podrá refinar el crudo pesado (más barato) del 192 y le va a sacar un rendimiento extra. Y el 192 le va a dar a Petroperú mayor flujo de caja, como ya se ha dicho. Agreguemos, como dice el Colegio de Ingenieros (CIP), que el crudo ligero del Lote 64 de Petroperú –en una zona aledaña al 192 y que debe comenzar a producir en los próximos años– mejora aún más los ingresos de la empresa (1).
 
Lo mismo dice la consultora Wood Mackenzie –contratada por Petroperú por mandato de la Ley 30130 para elaborar un plan de reorganización de la empresa– cuando analiza la entrada de Petroperú al Lote 192, asumiendo diversos precios del petróleo y porcentajes de participación: “Aun en el caso de un precio de US$ 50/barril fijo durante la vida del proyecto, el flujo de caja anual del proyecto neto para Petroperú se mantiene en niveles positivos durante la vida del proyecto”.
 
Hay dos puntos más, de vital importancia. El primero tiene que ver con la remediación de los pasivos ambientales del 192, que tanto daño le hacen al medio ambiente y, sobre todo, a las comunidades nativas. Sucede que Pluspetrol, la contratista saliente, objeta las observaciones de la OEFA y se ha ido a arbitraje. Hay acá un problema legal y administrativo que debe ser solucionado por el Estado para que este mal precedente no se repita.
 
Esto porque las comunidades nativas le van a exigir al nuevo operador por los pasivos ambientales, aunque no tenga responsabilidad alguna por ellos. Por eso, mientras se resuelve el arbitraje, el Estado debe poner en marcha un fondo de remediación de pasivos que, además, garantice la tranquilidad social en el 192.
 
El segundo tiene que ver con la firma del contrato entre Petroperú y Perupetro. La autógrafa no establece plazo alguno para ello. El riesgo que se corre acá es que la autógrafa se promulgue, pero que no se cumpla. Pasados 3 a 4 meses y con la campaña electoral en marcha, la autógrafa-Ley puede ser “letra muerta”.
 
Es por eso clave que el contrato se firme en un plazo de 60 días, como ha propuesto el CIP, con fecha de entrada en vigencia el 30 de agosto del 2017, respetando los dos años de Pacific (2). Como las actividades petroleras son de largo plazo, con ese contrato firmado Petroperú tiene mejores prerrogativas para negociar con socios estratégicos las condiciones de explotación futura. Y cuenta también con dos años para tener el personal calificado para ello.
 
Volvamos a la autógrafa: si, de un lado, no se desconoce el contrato con Pacific y, de otro, el flujo de caja mejora, ¿cuál es el argumento para que el Presidente no la apruebe? No lo vemos por ningún lado técnico ni económico. Solo queda un veto ideológico, contra la empresa estatal porque sí y porque sí. Sería el triunfo de Segura, pero no del gabinete, ni del Presidente.
 
¿Le conviene al Presidente la “observación” que, además, puede llevar a una crisis de gabinete porque el Premier y sus ministros quedarían desautorizados en su política petrolera ante la insistencia del Congreso en su autógrafa en la votación que vendría después? No lo creemos, porque ya sabemos lo que pasa cuando se va contra la historia.

Publicado en el Diario La República, 14 de setiembre 2015