Todo indica que en el 2016 los gobiernos locales y regionales nuevamente sufrirán el recorte de los recursos que recibían del canon minero. La principal renta territorial de dichas instituciones continúa en caída desde el año 2012. Esto se debe a que los precios de los metales han sufrido una severa disminución en el mercado internacional, lo que implica menores ingresos por ventas para empresas mineras, así como, menores utilidades.

 
De S/ 5,124 millones en el 2012, el canon minero ha disminuido a S/ 2,260 millones en el 2015. En relación a lo distribuido en el 2014, la disminución es de S/718 millones. Ello significa una variación negativa del 24.1% solo en el último año. Asimismo, se sabe que esta tendencia se agudizará el próximo año. Así ya lo ha advertido el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a diferentes instituciones públicas que se benefician del dinero del canon.
 
Según las últimas cifras registradas en el Portal de Transparencia del MEF, en comparación con el año pasado, en el 2015 las regiones más afectadas son Junín, con una caída del 51.7%, Ica con  46.2% menos, Áncash con una disminución equivalente a 43.2%, Cajamarca con 40.3% menos, Pasco con una disminución de 29.4% y Puno con una variación negativa del 22.8%. Frente a esta situación, los gobiernos regionales y las municipalidades exigen al Gobierno Central cubrir el déficit en su presupuesto.

Culpables de la caída
Cabe señalar que se ha responsabilizado de la caída del canon a los últimos conflictos sociales registrados en el país. No obstante, durante este gobierno, pese a enfrentamientos como el de Tía María con la compañía Southern, la actividad minera se ha incrementado. De acuerdo al último reporte emitido por el INEI, la producción del sector Minería e Hidrocarburos aumentó este año en 9,25% en comparación al año pasado. El problema es que si bien la producción aumenta los precios bajan.
 
Esto se aprecia claramente en el caso del cobre. El precio de dicho metal ha caído a su segundo nivel más bajo del año después de que China devaluara su moneda. Si la economía china cae, una buena parte de los ingresos por exportación de nuestro país se caen también. La tercera parte de la inversión minera en el Perú está en manos del gigante asiático y la explotación del cobre. De ahí que año a año se registren menores porcentajes de canon.
 
En ese sentido, el panorama es inevitable y los gobiernos regionales y locales tendrán que adecuarse a la nueva situación. Sin embargo, este no es el único impedimento. Desde el propio MEF encontramos obstáculos en la ejecución de obras públicas. Prueba de ello es la dura política con la que trabaja el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), entidad encargada de evaluar y aprobar la ejecución de proyectos presentados por los gobiernos regionales y locales. En los últimos años ha rechazado buena parte de las propuestas presentadas, lo que ha llevado a la recentralización de los fondos, principalmente del canon minero. Entre la incapacidad de las autoridades y la rigidez del SNIP caemos en un círculo vicioso que impide el desarrollo de las regiones.
 
Asimismo, es momento de que las autoridades locales y regionales empiecen a gastar los recursos que se les han transferido del canon de manera responsable y que prioricen los proyectos que van a realizar. Los gobiernos municipales pueden hacer frente a esta situación participando de fondos concursables o adquiriendo incentivos presupuestales por cumplimiento de metas. No obstante, este parece ser uno de los puntos más débiles de la administración pública: la incapacidad de los gobiernos locales y regionales para elaborar y gestionar proyectos. De acuerdo al último reporte de ejecución presupuestal emitido por el MEF, las regiones del sur, las más beneficiadas con el canon minero, son las que menos porcentaje invierten de su presupuesto en obras públicas, apenas un 34%. Dado que cuentan con los recursos suficientes, habría que exigir a las autoridades un mejor desempeño de su función.
 
La caída del canon no puede paralizar al país ni debe ser usado como un pretexto para que se dejen obras inconclusas o simplemente no se inicien. Los proyectos de infraestructura, vías de comunicación, saneamiento, educación, salud, entre otros, deben y pueden continuar realizándose. Está en manos de las autoridades locales y regionales, así como del Gobierno Central, poner fin a esta situación. Sin embargo, el progreso de las regiones no debe limitarse solo a la renta procedente de la minería. A futuro, es necesario que se potencie el desarrollo sobre la base de la actividad productiva agrícola e industrial. Esto abriría un abanico de posibilidades de desarrollo sostenido y disminuiría la dependencia económica que tenemos con la actividad minera.