El editorial de agosto 2015 de la Revista Lancet, reitera en un asunto de sentido común; el cuidado de las futuras generaciones, cuya falta de atención se suma a las promesas incumplidas de este gobierno. Según esta fuente, dos estudios publicados recientemente demuestran que las circunstancia en que se desarrolla el crecimiento de niños y niñas, afectan de manera dramática el curso de sus vidas, impactando en su salud y bienestar en su etapa adulta, de allí la importancia que los gobiernos prioricen sus intervenciones para transformar su destino.

Según esta fuente, en Inglaterra 1 de cada 50 niños tiene problemas de aprendizaje; en el Perú, la cifra estimada correspondería a 5 de cada 50 (Instituto de Salud Mental Honorio Delgado), pero cuando se evalúa en términos de rendimiento, los resultados son catastróficos; solo el 33% y 16% logra niveles aceptables de comprensión lectora y matemática respectivamente (Minedu), lo que indica que si bien estamos mejor que en el 2007, estamos aún muy lejos de lo que necesitamos.
 
Lamentablemente las consecuencias no solo es el bajo aprovechamiento escolar, son también todos los determinantes sociales que afectan las condiciones de vida en la etapa adulta, pues la evidencia señala que quienes tienen problemas de aprendizaje ahora, tendrán también mayor probabilidad de vivir en pobreza, de sufrir y ejercer violencias, transmitiéndose el daño generacionalmente.
    
El editorial concluye que si se quiere realmente mejorar la vida de las nuevas generaciones, no basta con reducir la pobreza infantil, también se deben atender las amenazas específicas que afectan de manera desproporcionada a los niños pobres. En el Perú, hay intervenciones iniciales, pero todavía muy focalizada como el fortalecimiento del “apego” en niños menores de 3 años (MIDIS), sin embargo, hay otras a las que se han dejado de lado como la reducción del embarazo no deseado, sobre todo en la adolescencia, asociada con la educación sexual en las escuelas, la prevención efectiva de la violencia sexual y el acceso garantizado a los métodos anticonceptivos. Todas estas son medidas sencillas, razonables, de sentido común, pero que tanto este gobierno, como los anteriores, han hecho muy poco y no por falta de dinero, sino por no chocar con las agendas religiosas que aun imperan en nuestro país.
 
En el Perú, contrario a lo que algunos improvisados creen, tenemos evidencias que dan solidas pistas para intervenir. Estudios realizados en PROMSEX (Mujica y cols, 2011, 2013, 2015) sobre violación sexual señalan con toda certeza dónde se concentra el 80% de las víctimas, la existencia de un patrón de victimización en el 90% de los casos, la identificación del punto “cero” (inicio) de la violencia, los factores que disparan la vulnerabilidad de las niñas, el bajísimo nivel de denuncias y el nivel de impunidad que prevalece.
 
A pesar de esta data, se continúa insistiendo en el lavamanos de la criminalización y los sectores llamados a atender este problema; Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, gobiernos locales, ¡muy bien gracias!. Se prefiere el silencio hipócrita y timorato o la puesta en agenda de temas que ofrecen ninguna solución, como la pena de muerte, que más parece responder a la frivolidad electoral, que atender a quienes serán nuestro futuro.