Esta semana me tocó estar en Buenos Aires para asistir a un evento sobre criminalidad económica y lavado de activos en la sede del Banco Central. El foco de este diálogo en el que participaron funcionarios de alto nivel de la unidad de inteligencia financiera, la fiscalía, la administración tributaria y otras importantes instituciones, fue lo que se conoce como “beneficiario final”, es decir las personas, familias o grupos empresariales que están detrás de testaferros usados para esconder dinero negro.

¿Por qué en Argentina? Porque hace poco tiempo se conoció el escándalo del banco HSBC, cuando varios de sus funcionarios, en un arranque de culpa, hicieron conocer a varios gobiernos, entre ellos al argentino, la existencia de miles de cuentas de gente rica que usando toda una estructura para sacar plata de sus países sin pagar impuestos, la escondía en paraísos fiscales.

Hace un tiempo, uno de los ataques políticos contra el régimen de Cristina Fernández se centró en acusarla de tener cuentas precisamente en el HSBC. Pero el tiro les salió por la culata, porque no solo la acusación era falsa, sino que sirvió para que las autoridades judiciales y la opinión pública conozcan que más de 4 mil argentinos ricos - muchos de ellos prestigiosos empresarios - escondían a través del HSBC verdaderas fortunas sin declarar nada al fisco.

A partir de allí se formó una comisión bicameral en el parlamento, presidida por el diputado Roberto Feletti, sobre fuga de capitales, donde el caso HSBC ha sido el centro de las investigaciones. Lo que se ha demostrado allí, es que este banco de origen británico, ha servido de plataforma de flujos financieros ilícitos.

En medio de todo este escándalo de miles de millones de pesos sacados a la mala de la Argentina, el poder económico de ese país, en una actitud desafiante, tuvo la osadía de nombrar al súper cuestionado director ejecutivo de la filial argentina del HSBC, Gabriel Martino, como vicepresidente de su think tank empresarial (IDEA), dándole un espaldarazo y en palabras de Feletti, naturalizando la evasión impositiva y la fuga de capitales.

Sin embargo y a diferencia de lo que ocurre en el Perú, nuestro vecino sudamericano sí tiene un Estado que funciona y persigue a estos delincuentes de saco y corbata por más plata que tengan. Basta decir, que Carlos Gonella, fiscal argentino para el crimen económico y el lavado de activos; Alejandro Vanoli, presidente del banco central; el diputado Feletti entre otras autoridades tienen una clara y eficaz articulación para no dejar impune este crimen de cuello blanco.

Que lejos de eso estamos en el Perú. Ya nadie se acuerda que el HSBC hizo de las suyas con los papeles de deuda peruana en los procesos de privatización (Caso Perú Privatization Fund) durante el fujimorato. Ese negocio donde también estaba metido el Banco de Crédito, fue archivado por la fiscalía y no pasó de ser solo un informe parlamentario.

Publicado en Diario Uno 14 de Junio 2015