Uno de los lastres de nuestros congresistas es su constante incongruencia entre los discursos “en favor de la democracia” y su dificultad para ejercerla; esto es lo que viene sucediendo con la discusión del Proyecto de Ley “Déjala decidir”, que es el resultado de una iniciativa ciudadana que propone evitar que mujeres (la mayoría niñas y adolescentes) sean re-victimizadas al obligarlas a continuar un embarazo producto de una violación.

Un tema tan elemental como es la despenalización del aborto por violación y que la mayoría de países acoge como muestra de humanidad, en el Perú no es vigente, razón por la cual, unas trecientas personas integrantes de organizaciones y colectivos decidieron salir a las calles a solicitar respaldo ciudadano, con el propósito de lograr así que ninguna mujer enfrente embarazo forzado como resultado de una violación. Esta iniciativa no tuvo más inversión que el voluntariado y compromiso de cada una de las personas que decidieron involucrarse; ninguna fue obligada a dejar sus salones de clase y asistir a una marcha, probablemente sin entender lo suficiente. A nadie se le regaló globos de colores, ni se montó escenarios parecidos a conciertos de rock.
 
Todo lo contrario, fue una campaña basada en la convicción de los derechos humanos, en la información cara a cara y en el despertar del sentido común, logrando así no solo incrementar el respaldo ciudadano al aborto por violación como causa justa (GFK, Octubre 2014), sino también llevando al Congreso más de 64 mil firmas de apoyo a la iniciativa. Todas estas personas asumieron y confiaron en que si cumplían con los requisitos, tendrían derecho a que se discuta su propuesta y luego cada congresista podría tomar su propia decisión, sabiendo de antemano que la mayoría seguramente optaría por el cómodo y funcional “voto de conciencia”.
 
Sin embargo, no fueron las dubitativas de los congresistas lo que apareció en el escenario, sino la arbitrariedad del Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Señor Juan Carlos Eguren, quién intentó borrar de un plumazo el debate y no encontró mejor camino que agotar el plazo de 120 días y negar el derecho de las proponentes a sustentar los fundamentos del proyecto, dos requisitos básicos que contempla la Ley de Participación Ciudadana y en cuyo marco legal se presentó esta iniciativa, dejando de lado uno de los mecanismos más preciados de propuestas legislativas.
 
La denuncia de las proponentes y la protesta inmediata de varios congresistas, incluyendo al Parlamentario Andino Alberto Adrianzen, obligaron al Señor Eguren a retroceder en su propósito y a reprogramar su discusión para los siguientes cuatro días, incluyendo el fin de semana, procediendo a invitar a las proponentes a través de un apurado email. 
 
Todo hace suponer que finalmente las proponentes de esta iniciativa, tendrán la oportunidad de dar sus razones para cambiar la ley, pero conociendo la composición de la comisión, será muy difícil lograr una mayoría, por lo que no es posible entender las movidas que hizo el señor Eguren para sortear las reglas y acallar este debate. Entonces lo que hace pensar que sus razones ya no serían la probabilidad de despenalizar el aborto por una causal, sino evitar el inicio (o continuidad) de la discusión de la violación sexual, tema que resulta muy espinoso para las jerarquías religiosas y cuya estrategia sin duda, ha sido el silencio y la impunidad.