✊ Este no es un artículo sobre aborto. Es un llamado urgente por justicia, salud pública y derechos humanos.

El 25 de junio del 2025 será recordado como un día infausto para los derechos de los niñas y adolescentes en el Perú. Ese día, cediendo a las presiones de sectores ultraconservadores liderados por la congresista Milagros Jáuregui -pastora evangélica de Renovación Popular-, el ministro de Salud, César Vásquez y el Instituto Nacional Materno Perinatal eliminaron del protocolo de aborto terapéutico causales fundamentales: la violación sexual en menores y la afectación grave de la salud mental. 

Esta decisión, no es técnica. Es ideológica. Es política. Y profundamente inhumana. Es la institucionalización de la maternidad forzada y una violación flagrante de los derechos humanos de las niñas y las adolescentes más vulnerables. 

Una crisis silenciada: la magnitud del embarazo infantil

Los números son devastadores y revelan una crisis humanitaria que el Estado elige ignorar deliberadamente. Cada día en Perú, cuatro niñas de entre 10 y 14 años se convierten en madres. Solo la última década, más de 12 mil niñas menores de 15 años han dado a luz, situación que se agravó durante la pandemia.

La realidad es aún más cruda: cada embarazo en una menor de 15 años es, por definición legal, producto de una violación. Sin embargo, menos de 500 embarazos de niñas y adolescentes víctimas de una violación accedieron al aborto terapéutico legal entre el 2020 y el 2023. El derecho reconocido por el Perú desde 1924 permanece como letra muerta para quienes más lo necesitan. 

El impacto trasciende lo individual: condena a las niñas más pobres a abandonar la escuela, limita sus oportunidades laborales y las encierra en ciclos de pobreza que se perpetúan generacionalmente, afectando también la economía por las pérdidas en productividad y los costos sanitarios. 

Tortura disfrazada de política pública

Desde una perspectiva de derechos humanos, forzar a una niña víctima de violación a continuar un embarazo es, inequívocamente, una forma de tortura. La Organización Mundial de la Salud lo estableció en sus 'Directrices sobre la atención para el aborto' de 2012: "la negación o el retraso de la atención para el aborto en condiciones seguras son formas de violencia de género, que, dependiendo de las circunstancias, pueden equivaler a tortura o a trato cruel, inhumano o degradante".

La maternidad forzada no es protección: es abandono institucional

Impedir el aborto terapéutico fomenta los abortos clandestinos e inseguros -con secuelas de hemorragias severas, septicemia, esterilidad y muerte- y eleva significativamente la mortalidad materna.

Las repercusiones sobre la salud mental también son devastadoras: estrés postraumático, ideación e intento de suicidio. De hecho, el suicidio es una de las principales causas indirectas de muerte materna en adolescentes. El caso emblemático de L.C., la niña de 13 años que intentó suicidarse en el Callao en el 2007 y quedó cuadripléjica tras la denegación del aborto, ilustra trágicamente esta realidad.

Perú: de pionero a paria regional

La ironía es amarga. Perú legalizó el aborto terapéutico en 1924, posicionándose como pionero regional. Mientras la "Marea Verde" avanza en América Latina -con Argentina, Colombia, Uruguay y varios estados mexicanos ampliando el acceso al aborto seguro y legal-, Perú retrocede deliberadamente. 

Para 2023, el Perú ya ostentaba la vergonzosa distinción de negar el aborto terapéutico a menores en riesgo mortal en tres ocasiones. La condena del Comité de Derechos del Niño de la ONU en el "Caso Camila" -una niña indígena de 13 años forzada a continuar su embarazo tras violación- elevó esta negación de un asunto de política a una violación de derechos humanos de la más alta gravedad. 

Mientras países vecinos consolidan marcos legales amplios y basados en evidencia, Perú se aísla, ignorando las tendencias regionales y las recomendaciones de organismos internacionales. Este aislamiento tiene implicaciones para la reputación internacional del país y su compromiso con los tratados de derechos humanos. 

La retórica del odio disfrazada de cuidado

El discurso ultraconservadore, liderado por figuras como Jaúregui -quien invoca "inspiración del Espíritu Santo" para justificar sus leyes anti derechos-, se revela como profundamente ideológico y carente de base científica. Su estrategia es clara: obstaculizar el acceso al aborto legal usando argumentos religiosos y pseudo jurídicos. 

Esta retórica, que se presenta como defensa de la vida, ha impuesto en realidad un régimen de maternidad forzada basado en dogmas que ignoran la evidencia médica, el derecho y la humanidad. Los cambios normativos resultan de presiones políticas ultraconservadoras marcadas por el odio y la estigmatización, que reafirman una teología legislativa centrada en la subordinación de género y la negación del poder de las mujeres sobre su propio cuerpo. 

La urgencia de la justicia 

Cuando la gran mayoría de los partos infantiles se concentran en los quintiles más pobres, negar la interrupción terapéutica perpetúa la pobreza estructural y consolida la desigualdad y la injusticia como norma. El Estado, al infligir daño físico y mental evitable, contradice el principio de no maleficencia que rige la ética médica. 

Proveer aborto terapéutico no es una concesión, es un acto de beneficencia y una medida costo-efectiva que salva vidas y abre futuros posibles. Las adolescentes tienen derecho a decidir sobre su salud conforme a su madurez, como lo reconoce la Observación General 20 del Comité de Derechos del Niño. No es solo una cuestión de política pública; es una exigencia de justicia. 

El camino hacia la reparación, ¿qué hacer?

Primero, restituir las causales eliminadas mediante resolución ministerial sustitutoria, reconociendo que la violación sexual y la afectación a la salud mental son indicaciones médicas válidas respaldadas por evidencia científica internacional.

Segundo, reglamentar plazos, equipos de respuesta rápida y marcos claros para la objeción de conciencia, garantizando que los sesgos individuales no anulen los mandatos de salud pública. 

Tercero, implementar acompañamiento psicosocial y patrocinio legal gratuito para niñas víctimas de violencia sexual, reconociendo que el acceso a la justicia requiere apoyo integral. 
Cuarto, fortalecer la respuesta multisectorial, integrando educación, justicia y protección para cumplir con las nuevas directrices de la OMS sobre prevención del embarazo adolescente. 

Finalmente, establecer sistemas de monitoreo ciudadano y rendición de cuentas, incluyendo indicadores de acceso al aborto terapéutico en el presupuesto por resultados del sector salud. 

Una deuda ética impostergable

Restringir el aborto terapéutico a las adolescentes violadas no defiende la vida: defiende los intereses de una cofradía. La instrumentalización de la salud pública para fines dogmáticos, desplazando a la evidencia científica y el bienestar humano, establece un precedente peligroso. 

No hay neutralidad posible cuando el Estado impone maternidad en lugar de justicia: hay víctimas, y hay cómplices. 

El Estado peruano tiene la obligación ineludible de revertir este proceso. No hacerlo significa perpetuar la violencia estructural con las niñas y las adolescentes, convirtiendo al Estado en cómplice del trauma y sufrimiento que estas políticas infligen. 

Revertir este retroceso no es solo una obligación legal: es una deuda ética con las niñas cuya niñez les fue arrebatada. Es un imperativo de humanidad que no puede esperar. 
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* Exministro de Salud del Perú y Asesor Internacional en Políticas y Sistemas de Salud