La discusión sobre los delitos de corrupción tiene la más alta importancia y, qué duda cabe, influenciará el derrotero político del país para el largo plazo. Dicho esto, hay temas claves que también se discuten en esta coyuntura, pero que tienen muy poca atención. 

Uno de ellos es la enésima postergación, por parte de Proinversión, de la masificación del consumo del gas natural en siete regiones de la Sierra Central. Vamos al detalle de los “por qué” de las postergaciones.

El gas de Camisea llegó a Lima en el 2004 y ha tenido un importante desarrollo, como sabemos. Pero no ha sucedido lo mismo en la Sierra Central, a pesar que el ducto que trae el gas a Lima pasa a solo 18 kilómetros de la ciudad de Ayacucho. ¿Cuál puede ser la explicación de esta barbaridad que perdura hasta hoy para una de las zonas más pobres del país? ¿Por qué la Sierra Central no tiene conexiones de gas natural domiciliario (como sí lo tiene Lima) para que la población pague 13 soles en lugar del equivalente del balón de GLP de 10 Kg que cuesta 38 a 40 soles?

Veamos. En el 2005 Proinversión lanzó la convocatoria para el denominado Proyecto Integral de Distribución de Gas Natural para Ayacucho, Junín e Ica. Dijo Proinversión: “El acto público de presentación y apertura de ofertas se ha programado para el 24 de enero de 2006. El lugar y hora serán comunicados oportunamente a los interesados”. 

No hubo nada. ¿Cuál fue el motivo de la postergación? Muy simple: el proyecto no era rentable debido a que en la zona no hay grandes consumidores de gas, por ejemplo, grandes industrias, como sí las hay en Lima. 

La lógica “de mercado” detrás de esa justificación es la siguiente: la demanda de gas domiciliario es reducida porque cada hogar tiene un consumo pequeño. Por tanto, dichos ingresos no permiten un “retorno adecuado” de la inversión en la construcción de ductos por toda la ciudad, y las correspondientes conexiones que se tienen que hacer hasta los domicilios.  

Cierto. Y es justamente por esa razón que los gobiernos de países vecinos han puesto en marcha planes de masificación que ponen por delante el objetivo social, por encima de la lógica crematística del “retorno de la inversión”. Eso hizo Argentina en la década del 60; Colombia desde la década del 70 en adelante; y Bolivia desde el 2006 hasta hoy. 

Para ello, utilizaron a sus empresas públicas, YPF en Argentina; Ecopetrol en Colombia; YPFB en Bolivia. Hoy, en Argentina, la cobertura del gas llega al 60% de los hogares (1), en Colombia al 80% y en Bolivia al 40%, mientras que en el Perú estamos en 10% de total de la población (el 90% de ese 10% se consume en Lima). 

Pero eso no sucede acá, pues sigue predominando la “lógica” del mercado. Ha habido tentativas de “mitigar” las condiciones de vida de la población con la puesta en marcha del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), que otorga un “vale” de 16 soles a un determinado porcentaje de los hogares vulnerables para cubrir una parte del precio del balón de GLP de 40 soles. Pero este subsidio, con toda la importancia que tiene, no arregla el problema de llevar el gas de Camisea a los hogares de bajos ingresos.

Desde el 2006 hasta hoy, ha habido varias tentativas de llevar el gas a la Sierra Central, pero todas han fracasado. En el 2012 GyM ganó la licitación de Proinversión para distribuir gas comprimido. Por diversos motivos el proyecto se atascó, llegando a un arbitraje. El contrato ya terminó.

Ha habido un avance, sin embargo: en el 2014 la empresa TGP comenzó la construcción del ducto de 18 KM y desde el 2016 el gas ya está en la puerta de la ciudad (city gate) de Ayacucho. Esto podría inducir a los lectores a pensar que el problema ya estaría por resolverse. Pues no.

Proinversión lanzó el Proyecto de Masificación de Gas para la Sierra Central y Sur, con una inversión de US$ 350 millones. La meta es 113,000 clientes en 8 años en Ayacucho, Puno, Juliaca y Cusco, principalmente. Pero la licitación ha sido postergada varias veces. La última fue hace menos de dos semanas. Ahora dice Proinversión que es para el II Trimestre del 2019. 

¿Por qué el fracaso? Por las mismas razones que expusimos al inicio. Como se dice en un reportaje reciente: “el proyecto debe contar con subsidios directos y permanentes del Estado, o no arrancará. Por esta razón, el MEM ha comprometido subsidios de hasta US$550 por domicilio, con cargo al FISE, para financiar las conexiones domiciliarias. Sin embargo, los postores potenciales consideran que no es suficiente” (El Comercio, 12/11/2018). 

Más claro ni el agua: no se puede conciliar la masificación domiciliaria con la lógica del mercado, que nos dice: “Salvo la rentabilidad, todo es ilusión”. Mientras esa “lógica” no cambie, difícilmente la Sierra Central accederá al consumo de gas. Y ya van 13 años.  Tampoco el gas natural llega al Cusco, de donde proviene el gas de Camisea. ¿Los fracasos no importan?

Pero el cambio sí es posible si se implanta un Plan Energético de Mediano y Largo Plazo que nos indique la matriz energética a futuro. Solo después que tengamos ese Plan es posible discutir una Ley de Hidrocarburos y también, por ejemplo, el rol de las energías renovables (solar, eólica) que no contaminan el medio ambiente.

Y, en lo que nos interesa en este artículo, lanzar un Proyecto Nacional Integral de Masificación de gas donde el Estado tenga un rol central (2), priorizando el proyecto con una lógica de inversión social (como en Argentina, Colombia y Bolivia) que incluya criterios de rentabilidad pero que no se subordine a esa “lógica”. Ese proyecto debe incluir la construcción del Gasoducto Sur Peruano, desde Camisea hasta Ilo y Mollendo, lo que contempla la puesta en marcha de una industria petroquímica que nos lleve a la diversificación productiva. 

El tema de la energía es solo uno de los aspectos en los cuales la “lógica” del Consenso de Washington hace agua e impide el crecimiento, la inclusión social (la Sierra Central debe acceder al gas) y el desarrollo. La lucha contra la corrupción y el referéndum que se nos viene en dos semanas concentran toda la atención del país. Pero después habrá que trazar metas sectoriales de largo plazo. Por ello y para lograr esos objetivos, el cambio de esa “lógica” va a ser, cada vez con más fuerza, el imperativo de la hora.

Nota 1: En Argentina la cobertura del 60% no ha variado desde el 2000, justo un año después que el gobierno de Menem privatizara YPF, que fue comprada por Repsol. Desde ese momento, la “lógica” de Repsol-YPF fue garantizar la rentabilidad de sus inversiones. En el 2012 la empresa re-nacionalizada.

Nota 2: Ver El fracaso de la “masificación a puchos”, 12/09/2018, http://www.cristaldemira.com/articulos.php?id=2749