El proceso de reformas estructurales, apertura y desregulación de la economía peruana iniciado en la década de los noventa del siglo pasado por el corrupto régimen fujimorista no solamente promovió el remate de las empresas públicas en una cuestionada privatización, que el reconocido economista y premio Nobel de economía Joseph Stiglizt (2001) denominó proceso de “sobornización” después de haber sido vicepresidente del Banco Mundial y lo expone en su clásico libro “El Malestar de la Globalización” (2002). Donde se estudian la privatización de las empresas públicas de la que fue URSS, España, Francia, Argentina, México entre otros países, con altos niveles de corrupción, posiciones de privilegio en el uso de información, desde los gobiernos que aceptaron las “condicionalidades”, expresadas como recomendaciones por los organismos multilaterales (FMI/BM).

En nuestro país el proceso de privatización ha sido también una transferencia de riqueza desde el Estado, por medio del remate de la “Actividad Económica Empresarial Estatal”, para favorecer en especial a las empresas transnacionales y Grupos de Poder local como socios minoritarios. En cambio, en Chile la dictadura de Augusto Pinochet privilegió en especial a los capitales de su país, fortaleciendo el patrimonio privado. Ello permitió que en algún momento el país del sur se convirtiera en un exportador de capitales, con crecientes inversiones en Perú, Argentina entre otros países.

En realidad, la Globalización y las políticas de “libre mercado” respaldadas en la Constitución de 1993 permitieron la entrada indiscriminada de capitales transnacionales para obtener el mismo trato en relación con los capitales nacionales, pues no debía haber diferencias entre las empresas, del país, de empresarios peruanos con los capitales externos.

El argumento era que el “capital no tiene patria”, cuestión que el presidente norteamericano Donald Trump cuestiona con la finalidad de fortalecer a las empresas estadounidenses en su competencia por la hegemonía mundial con las empresas de la República Popular China.

Ello explica la transnacionalización de la economía peruana en los principales sectores como la minería, en la electricidad, hidrocarburos, telecomunicaciones, banca, servicios, alimentación, industrias varias, como el sector de gaseosas y bebidas, como fue el caso de la Corporación Lindley, empresa adquirida por la transnacional de México, Arca Continental en 2015, que abona salarios que no tienen correspondencia con la riqueza creada, la alta rentabilidad y su posición dominante en el mercado de gaseosas,  como se ha escrito en un anterior artículo.

En el marco de la globalización de la economía mundial, hoy puesta en cuestión por las políticas  económicas de Donald Trump, el Perú interesa principalmente como productor de materias primas, en especial de la minería de cobre y oro, en la exportación del gas natural, y también en las industrias en razón de un creciente mercado interno gracias a los mayores ingresos disponibles de la población, en especial de una creciente “clase media” que en buena parte se desenvuelve en la informalidad económica, con una precariedad de los ingresos, en especial después de la crisis del Covid en 2020, donde se demostró la debilidad del modelo primario exportador.

En este contexto de transnacionalización de la economía peruana o lo que es casi lo mismo, un proceso de desnacionalización, hemos sido testigos de cómo emblemáticas empresas privadas como D’Onofrio, reconocida por la calidad de los helados, panetones y otras golosinas fue adquirida por la gigante suiza Nestlé en 1997, con una transacción estimada en US $ 80 millones de dólares.

También la reconocida cadena de tiendas Wong fue adquirida en 2007 por la empresa chilena Cencosud por un precio estimado en US $ 500 millones de dólares. El grupo Cencosud cuyo mayor accionista es la familia Paulman de origen alemán, opera en Chile, Argentina, Brasil, Colombia y también en Perú pagando a sus trabajadores salarios y comisiones con una explotación laboral que no sería permitida en Chile.

También cabe mencionar la compra/venta de la empresa peruana Indeco, especializada en la elaboración de cables eléctricos intensivos en cobre, la misma que fue comprada en 2008 por la transnacional francesa Nexans por medio de su filial chilena Madeco. Este grupo francés opera en más de 45 países, con un reconocido prestigio por la calidad de sus productos.

En el sector de hidrocarburos debiera interesar la creciente presencia de capitales chilenos, que controlan más del 40 % del mercado del Gas Licuado de Petróleo (GLP). Si la demanda interna se estima en 75 mil barriles diarios de este vital combustible familiar, vehicular e industrial en especial en las provincias donde no llega el gasoducto de Camisea, que favorece el centralismo de Lima, Callao e Ica.

En tal sentido, los dos envasadores más importantes del GLP son capitales chilenos, la conocida marca “Solgás” que fue adquirida en 2015 por la empresa Abastible del grupo chileno Copec de la familia Angelini, que pagó más de US $ 265 millones de dólares a la transnacional española Repsol.

La otra envasadora de GLP es Limagas, que fue adquirida al 100% de las acciones en 2015 por la empresa chilena Lipigas. Si se tiene presente que la envasadora y distribuidora de GLP “Solgás”, como empresa filial de PetroPeru fue vendida en 1992 por la ridícula suma de US $ 7.5 millones cuando generaba ingresos por ventas de US $ 40 millones de dólares, y utilidades anuales de US $ 2.5 millones. ¡Se puede decir que esta ha sido la historia de las privatizaciones de las empresas públicas en nuestro país: se vendieron a precios de remate!

Como si fuera poco, tanto las empresas envasadoras de GLP, Solgás, Limagas, como la mexicana Z gas, fueron sancionadas en 2019 por el organismo regulador Indecopi por malas prácticas empresariales, es decir, por haber concertado los precios del GLP afectando a miles de consumidores. La multa que se les impuso apenas fue de S/ 49.3 millones de soles, una bicoca frente a las utilidades obtenidas entre los años 2008 al 2011 que fueron materia de investigación.

En la Minería 

En el sector minero, como hemos afirmado en varios artículos la privatización de empresas rentables como Centromín Perú, Minera Cerro Verde, entre otros; de yacimientos como Yanacocha, Antamina, Quellaveco, con reservas descubiertas por el propio Estado, fue una transferencia de riqueza a favor de las grandes transnacionales. Es un caso conocido.

En cambio, poco se conoce cómo la mediana minería de capitales nacionales como Minera Atacocha, Minera Milpo empresas emblemáticas ubicadas en Cerro de Pasco, surgidas hacia los años cincuenta del siglo pasado aprovechando el “boom de precios” producto de la Guerra de Corea 1950/1952, fueron compradas entre 2006, 2007 por el gigante brasileño Votarantim con una agresiva propuesta económica.
Votarantim, un gigante de la industria minera en el Brasil, antes en la privatización había adquirido la Refinería de Zinc de Cajamarquilla, que se vendió a precio de remate en los años noventa durante la dictadura de Fujimori. Ahora la transnacional Votarantim, que en el Perú ha adoptado el nombre de Nexa Resources, está operando de manera integrada pues la Refinería de Cajamarquilla procesa los minerales de lo fue Minera Atacocha, Minera Milpo y también de la unidad de Cerro Lindo.

Sin embargo, el caso más escandaloso lo constituye el comportamiento de la transnacional suiza Glencore que habiendo pagado más de US$ 350 millones de dólares a los herederos de Roberto Letts Colmenares, hacedor de la Minera Volcan, ubicada en la provincia de Yauli, para convertirse en el accionista mayoritario de Volcan con el 55 % de las acciones de una empresa que en algún momento fue la cuarta productora mundial de zinc.

Esta importante empresa, con varias unidades como San Cristóbal, Andaychagua, la unidad de procesamiento de Marh Tunnel, y las unidades originales de Ticlio y Carahuacra, al margen de la unidad de Cerro de Pasco, Chúngar y otros importantes activos, como centrales hídricas, fue vendida a la empresa argentina Integra Capital por la ridícula suma de US $ 20 millones de dólares en mayo de 2024. ¿Qué dice la Sunat al respecto ante esta evidente subvaluación?

En verdad, estas compras y ventas de las empresas del Estado durante el proceso privatizador, y la transferencia de empresas de capitales nacionales a empresas transnacionales con mayor poder económico y financiero reproduce la tesis del Ing. Jorge Bravo Bresani, que inauguró hacia los años sesenta del siglo pasado los estudios sobre el poder económico en el Perú con su clásico ensayo: “Gran Empresa, pequeña Nación”; pues con un Estado capturado por los grupos de interés, estamos lejos de ser un país próspero y de alcanzar un bienestar para las mayorías populares, en especial para los trabajadores que generan la riqueza.