Hace pocos días Pedro Pablo Kuczynski dijo que no se podía renegociar ese contrato porque cuando se firmó el precio del gas estaba más caro y ahora está más bajo. Además, PPK tildó de “ignorante” al periodista Liubomir Fernández de La República, quien le preguntó si el contrato se podía renegociar.
 
PPK está completamente equivocado. Veamos por qué y vamos por partes. Lo primero: el Art. 62 de la Constitución fujimorista de 1993 dice que los llamados contratos-ley, suscritos entre el Estado peruano y una empresa (nacional o privada), solo pueden ser modificados si ambas partes se ponen de acuerdo. De no haber acuerdo, el contrato no puede ser modificado, ni siquiera por el Congreso.

 
La cuestión es que, desde 1993 en adelante, se ha suscrito más de 250 contratos-ley y la mayoría de ellos han sido renegociados (algunos de ellos varias veces) lo que se plasma en la suscripción de una adenda, o varias, al contrato-ley. Entre los más recientes: Centro Comercial Aventura Plaza, Aeropuerto Jorge Chávez  (6 adendas), Puerto de Matarani (Grupo Romero, 3 adendas), Ferrocarril del Centro (9 adendas) y Metro de Lima (3 adendas).

 
La particularidad es que el 99% de las renegociaciones se han dado a pedido de la empresa privada, casi nunca del Estado. Pero el Estado también le puede plantear la renegociación a la empresa, por tales y cuales motivos. Y la empresa tiene que sentarse a la mesa.
 
Ahora bien, los contratos son temporales, por su propia naturaleza. Por tanto, si en el tiempo cambian las condiciones económicas plasmadas en el contrato, de tal manera que se quiebra el equilibrio contractual primigenio, entonces es justificado el pedido de renegociación. No se puede perpetuar ese desequilibrio pues ambas partes debiera interesarles una solución armónica que garantice los intereses de mediano y largo plazo de ambas partes.
 
Entonces, sí existe el derecho a la renegociación. Abdicar de ese derecho es abdicar a la soberanía del Estado sobre sus recursos naturales.
 
Aquí es donde viene un segundo tema clave, que también debe ser renegociado. La Ley de Hidrocarburos, Ley 26221 de 2993, dice que el inversionista es el dueño del recurso natural (de la molécula), previo pago de una regalía al Estado. Y decide a su libre albedrío sobre el destino del petróleo o del gas, firmando contratos entre consorcios privados e, incluso contratos con gobiernos extranjeros, sin que el Estado peruano intervenga en ellos.
 
Esto es lo que ha sucedido con la exportación del gas del Lote 56, que fue pactado durante el gobierno de Toledo, con PPK de Premier, cambiándose una serie de leyes que lo impedían, lo que se concretó a principios del 2006. Más adelante, el único exportador de ese gas ha sido la empresa Repsol (que le vendió su participación a Shell en el 2014). En el 2007 Repsol suscribió un contrato con el gobierno de México para exportar gas al precio llamado “Henry Hub”, precio de EEUU que rige en México.
 
El gran problema es que en los años posteriores a la firma, el precio Henry Hub bajó enormemente, a tal punto que los precios pagados a los productores en el Perú eran irrisorios. Así, la regalía pagada por el gas exportado a México, era menor que aquella que se pagaba en el Perú.
 
Por ello, en el 2011, Repsol comenzó a reexportar el gas a terceros países, donde le pagaban más. Pero no se lo comunicó al gobierno peruano. Dicho de otra manera: nos mintieron y nos hicieron trampa. En el 2012, el ente regulador Perupetro se enteró de la maniobra dolosa y se planteó un arbitraje en el CIADI del Banco Mundial. En el 2015 el Perú ganó el arbitraje y el fallo dijo que nos debían devolver US$ 62 millones de regalías no cobradas.
 
Eso ameritaba una renegociación del contrato para que esto no vuelva a suceder. Pero este gobierno no lo hizo y más bien ha mantenido un silencio cómplice. Lo que ha llevado a que Shell haya vuelto a subvaluar en el 2014 las exportaciones de gas a México. O sea que nos llovió sobre mojado a pesar del fallo favorable del CIADI.
 
La renegociación, entonces, no solo tiene que plantear la mejora de los precios, sino que es el Estado peruano quien debe decidir sobre el destino del gas, lo que incluye las condiciones económicas y de precios. Sucede, sin embargo, que el gobierno dice ahora que es Shell quien está renegociando con México las condiciones de exportación del gas peruano. Esto es inaceptable y debe ser denunciado. Diga lo que diga PPK.
 
Por estos motivos, la renegociación de los contratos del gas es un imperativo nacional que puede y debe llevarse a cabo. Debemos construir una mayoría nacional que establezca una nueva correlación para que las empresas acepten la renegociación y  las nuevas condiciones. De eso se trata. Nada más, pero tampoco nada menos.