Han pasado casi tres meses desde que una extensa región del país fuera remecida por dos catastróficos terremotos de 8.5 y 7.1 grados en la escala de Richter respectivamente. Miles de familias siguen acampadas en calles y plazas, pernoctando en viviendas inseguras mientras que cientos de escuelas, hospitales y centros de salud permanecen cerrados u operando en condiciones precarias. Al mismo tiempo empresas constructoras, distribuidoras de materiales de construcción e instituciones financieras ya empezaron a beneficiarse tanto de los fondos de asistencia distribuidos entre los damnificados, como de los presupuestos destinados a la reconstrucción. 

Con epicentro en el sur-sureste y en las cercanías de la capital respectivamente, los sismos del 7 y 19 de setiembre han provocado la peor catástrofe en la reciente historia mexicana. Si bien cobraron un numero de vidas (471) mucho menor que las 10,000 del terremoto del 12 de diciembre de 1985, ocasionaron sin embargo destrozos sin precedentes en una extensa región que abarca desde algunos de los municipios rurales más pobres del país en los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero hasta barrios de clase media profesional en Ciudad de México. Poblaciones rurales en los cercanos estados de Puebla, Morelos, México y Tlaxcala también fueron seriamente afectadas. 

Según estimados oficiales más de 250,000 las familias quedaron desamparadas y se destruyeron aproximadamente 150,000 viviendas; 325,000 establecimientos industriales y comerciales; más de 12,600 escuelas, así como numerosos hospitales. Si bien la catástrofe tuvo su origen en particularmente violentos e impredecibles fenómenos tectónicos esta fue potenciada tanto por la ineficiencia y corrupción gubernamental, como por la catástrofe social producto de las brutales políticas de austeridad de las tres últimas décadas. 

Austeridad, capitalismo del desastre y militarización
Los sismos han remecido también las resquebrajadas estructuras del sistema político mexicano cuyas prácticas paternalistas-autoritarias de control social se intensificaron de forma paralela con la polarización económico-social extrema que ha hecho de México uno de los países con más ricos en el mundo así como uno con el mayor número de pobres.

La reconstrucción de la Ciudad de México creo también oportunidades para acrecentar aún más las fortunas y el poder político de la fracción financiera de la primera generación de billonarios del país. Carlos Slim el más conspicuo miembro de este grupo- beneficiario de la privatización del Banco Nacional de México y de la empresa telefónica estatal, TELMEX- fue nombrado por el presidente De la Madrid como el encargado de formar entre el sector privado el comité consultivo responsable de la financiación y reconstrucción del Centro Histórico de la Ciudad de México. 

Tres décadas más tarde y después de otra catástrofe sísmica y por disposición presidencial se da nuevamente primacía a estos mismos grandes empresarios en la reconstrucción cuyos costos se estima superan largamente la reconstrucción que siguió al terremoto de 1985. El 27 de setiembre flanqueado nada menos que por Carlos Slim y ante un selecto auditorio formada por los empresarios más ricos del país, el presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) anuncio su estrategia para la reconstrucción. La columna vertebral de su esquema la constituirá el fideicomiso Fuerza México.  Formado con fondos provenientes del sector público, contribuciones empresariales, donaciones individuales e institucionales, Fuerza México será administrada por un comité de hombres de negocios elegidos entre ellos mismos. Los fondos serán destinados a la reconstrucción de infraestructura, escuelas, hospitales y edificaciones de importancia histórica.  Parte de estos también serán distribuidos directamente entre los damnificados en forma de tarjetas de débito (“monederos electrónicos”) destinadas a la reconstrucción de viviendas. 

Boom inmobiliario y extractivista, corrupción e ineptitud estatal
En las postrimerías del devastador terremoto de 1985, la fuertes críticas de académicos y especialistas así como el descontento de la ciudadanía con la ineptitud estatal ante la emergencia, la desidia burocrática y la irresponsabilidad de empresas constructoras, considerados como agravantes de la alta mortalidad y devastación provocada por el sismo, forzaron al gobierno al establecimiento de un sistema nacional de protección civil, y a revisar los reglamentos de construcción civil de la Ciudad de México.
Las autoridades municipales hicieron caso omiso tanto del estricto código de construcción establecido después del terremoto de 1985 como de la  estricta zonificación de la ciudad. Fue precisamente en estas zonas donde se produjo el mayor número de edificios colapsados incluyendo unos 50 edificios construidos entre los últimos diez años y dieciocho meses.

Dos días después del sismo del 7 de setiembre el jefe de bomberos de la ciudad de Juchitán, la ciudad más importante en el Istmo de Tehuantepec que sufriera la pérdida de 76 vidas y la destrucción de aproximadamente 15,000 viviendas, denuncio el fracaso del Consejo Estatal de Protección civil en cumplir con su obligación legal de coordinar la asistencia entre autoridades federales y estatales y las instituciones y autoridades locales. 

En Ciudad de México organizaciones vecinales en nutrida manifestación llevaron su descontento hasta las mismas puertas de la Bolsa Mexicana de Valores – la institución representativa de los intereses que más se beneficiaran de la estrategia gubernamental de reconstrucción. La recién formada Asamblea Nacional Ciudadana, que agrupa decenas de organizaciones sociales y sindicales, rechaza también todo programa que beneficie a bancos y empresas inmobiliarias. Demanda se declare la moratoria del pago de los intereses de la deuda externa por un año y que ese monto se destine a la reconstrucción de infraestructura y la financiación de la construcción de viviendas para ciudadanos de ingresos bajos y medios. Como alternativa plantean la formulación, con participación y fiscalización ciudadana, de una estrategia de reconstrucción de ciudades y comunidades integral, incluyente y democrática.

Relámpagos bajo la tormenta ... 
Así como la catástrofe sísmica sin lugar a dudas profundiza aún más la crisis de la modernización neoliberal mexicana, ésta también da visibilidad a actores políticos sistemáticamente marginalizados o menospreciados cuyas formas de encarar la crisis de manera autónoma, auto-sostenida y subordinada a los intereses comunitarios representan una alternativa no solo ante el sismo sino también a la posibilidad de articular una salida alternativa a la crisis. En este sentido México no vendría sino a representar un escenario más de lo que los zapatistas describen como la “cuarta guerra mundial” en la que la batalla por controlar, dominar y domesticar los recursos humanos y naturales de todo el planeta en beneficio de los grandes intereses financieros constituye una prueba de fuego tanto para la oligarquía financiera global y su aparato represivo, como para las fuerzas político-sociales movilizadas en defensa de la vida, la autonomía, la paz y la democracia. 

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