En medio de la crisis política agravada por el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, los fiscales del equipo especial Lava Jato continúan con su trabajo de investigar hasta donde llegaron las acciones corruptas de la empresa Odebrecht y sus pares peruanos implicados en el Club de la Construcción, además de sus relaciones con partidos y líderes políticos que hoy enfrentan diversos procesos en distintas circunstancias.

Las adquisiciones recientes de la fiscalía, en el marco del proceso de colaboración eficaz con Odebrecht, explicarían las irascibles reacciones de una mayoría fujiaprista que como ya hemos mencionado, actúa reactivamente cada vez que hay algún acercamiento a sus intereses. Esto, sumado a las “convenientes” afecciones a la salud de quienes están presos en una celda o en su domicilio.

Los nuevos aportes

El último domingo, el jefe del equipo especial, Rafael Vela informó que han logrado acceder a una nueva relación de pagos ilícitos en diversas obras obtenidas por la empresa brasilera, además del listado de los “codinomes”, sobrenombres con los cuales Jorge Barata y sus funcionarios reconocían a los destinatarios de las coimas que pagaban para garantizar las concesiones o mantener “alineados” a los funcionarios y gobernantes que les permitirían continuar su labor.

Según informa el diario El Comercio, las planillas entregadas a inicio de mes por Odebrecht, contienen los pagos de 13 obras bajo 71 “codinomes” entre enero del 2006 y mayo del 2011 por un monto de casi 59 millones de dólares.

Las obras que aparecen en los pagos de la “Caja 2” están la carretera San José de Sisa, obras de saneamiento en Iquitos y Chimbote, la Interoceánica Sur, el metro de Lima y la carretera Carhuaz-Chacas-San Luis. También la Concesión Proyecto Irrigación Olmos, la carretera Tingo María-Aguaytía en Huánuco, IIRSA Norte, el puerto del Callao, Interceptor Norte, Marca I y Marca II (represa Marcapomacocha).

Llama la atención en medio de los pagos por obras, el rubro de “DS-JB” que corresponden a gastos realizados por Jorge Barata entre febrero de 2006 y mayo de 2011, en los períodos electorales y de gobierno de Alan García y Ollanta Humala. Entre los “codinomes” marcados por la Caja 2, aparecen estos que resultan llamativos: “Campanha”, “Campanha Legislativa”, “Campanha Nacional” y sobre todo “Apra”, sobrenombres que confirmarían el aporte entregado por la empresa a la campaña de candidatos al congreso y la relación directa con el partido aprista.

Revisando los tiempos, esto podría explicar las apariciones mediáticas de los voceros del aprismo, del fujimorismo y de otros sectores que hoy siguen criticando el accionar de la fiscalía e incluso relacionándolo con un presunto uso político de las investigaciones por parte de un Ejecutivo que -según los opositores- funciona casi como un aparato de la Gestapo.

El factor Montesinos

Han pasado casi 20 años desde que Vladimiro Montesinos, ex asesor de Alberto Fujimori, fue detenido tras su cinematográfica fuga. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos de Keiko y sus seguidores, su estela no ha podido alejarse lo suficiente del accionar de la lideresa de Fuerza Popular y de sus actos partidarios.

Joaquín Ramírez, excongresista y exsecretario general del partido que postuló a la hija del exdictador, está vinculado a la Universidad Alas Peruanas, además de ser sindicado como el personaje que se encargó de lavar el dinero ilícito obtenido para las campañas electorales además del que Alberto Fujimori habría logrado canalizar tras su corrupto gobierno.

Esta semana, se informó que el fiscal contra lavado de activos, Wilson Salazar, interrogará a Montesinos Torres, para esclarecer el papel que cumplió la Universidad Alas Peruanas en el supuesto blanqueo de dinero de Ramírez en favor de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, como sostiene el Ministerio Público.

Los vínculos de Montesinos con el Poder Judicial, para beneficiar y abrirles la cancha a Alas Peruanas es uno de los aspectos que la fiscalía utiliza para su hipótesis en este tema.
¿Será por ello, sumado a lo que se decida hoy sobre su futuro carcelario lo que tiene a Keiko Fujimori enferma, al igual que su padre, y al igual que Pedro Pablo Kuzcynski?

¿Será por eso que en la fiscalía el sector allegado a Chávarry ha dado pie a una investigación contra el fiscal José Domingo Pérez y el juez Richard Concepción por presunto abuso de autoridad?

La coyuntura pelea a diario con estos temas, no podemos dejar que queden en segundo plano.