"El caso Humala-Heredia es un caso que el fiscal Juárez ha trabajado durante un tiempo razonable dadas las dificultades que ha confrontado. Él está en capacidad de presentar un caso sólido y, desde ese punto de vista, estamos sometidos a la judicialidad. (…) Podríamos presentar, en su momento, evidencia concreta y sólida de que estamos ante un caso que puede ser objeto de una sentencia condenatoria"

Con estas palabras el fiscal Rafael Vela, responsable del equipo especial Lava Jato, marca un hito luego de varios años de investigación, pesquisas, declaraciones y testimonios de diversos personajes involucrados en una de las tramas de corrupción más grandes de la historia de América Latina y que en Perú ha remecido los cimientos de la clase política.

El caso del expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia es -junto al caso de Susana Villarán- el que más elementos tiene para iniciar un proceso judicial. Tal como ha señalado Vela, a los Humala Heredia se les responsabiliza por haber recibido dinero de fuente ilícita  y la tesis del Ministerio Público pasa por demostrar que “dentro del delito de lavado de activos, la persona sepa o presuma el origen delictivo de los bienes o recursos”.

De esta forma, nos encontramos en una nueva etapa del caso LavaJato donde se está empezando a perfilar la figura de las acusaciones que se emitirán contra los principales implicados de los diversos momentos de estas denuncias.

En el caso de Alejandro Toledo está pendiente el proceso de extradición del expresidente. Por esta razón el procurador ad hoc Jorge Ramírez viajará a Estados Unidos para impulsar su extradición, para lo cual se reunirá con el Departamento de Defensa de dicho país para realizar nuevas diligencias y se acelere el caso.

Tanto la fiscalía como la procuraduría han señalado que la demora del proceso se debe a la cantidad de información remitida a Estados Unidos que busca cubrir cualquier resquicio de duda que pueda quedar y que no permita la extradición del ex líder del partido de la chakana.

Toledo debe responder ante la justicia, tanto por los aportes a Perú Posible como al pago de coimas realizado por Odebrecht para ser beneficiada con la concesión de la Carretera Interoceánica.

En el caso de Susana Villarán, la confesión de Barata sobre los aportes para la campaña por el No a la Revocatoria y la identificación de José Miguel Castro -exgerente municipal- con el nombre clave “Budián” como receptor del dinero ofrecido por la empresa, tiene también la mayor cantidad de indicios para una pronta denuncia fiscal en las próximas semanas, donde Castro y Villarán deberán afrontar el proceso -al igual que los Humala Heredia- por lavado de activos.

El caso de García continúa alrededor de sus coimputados, Miguel Atala, Luis Nava, Enrique Cornejo entre otros, quienes se encuentran en procesos de colaboración eficaz, o asumiendo estoicamente la prisión preventiva, excepto Cornejo quien se encuentra con orden de comparecencia restringida. En este caso, tras las declaraciones de Barata también hay varios indicios que deben ser refrendados por la fiscalía para poder pasar a la acusación fiscal.

De igual forma queda pendiente recopilar mayor información sobre el caso de Pedro Pablo Kuzcynski, que está vinculado a la situación de Alejandro Toledo.

El caso que avanza más despacio es el de Keiko Fujimori y los aportes recibidos por Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) donde también se debe demostrar el ilícito de lavado de activos.

Así las cosas, el caso Lava Jato se encuentra en un nuevo momento donde veremos al fin si todo este cisma político ha servido para poner sobre el tapete la corrupción de los últimos 20 años y darle, al fin, una lucha frontal con todo el peso que corresponde