El Banco Mundial estima que son más de mil millones de dólares los que cada año se destinan al pago de sobornos. Por su parte, Transparencia Internacional informó que sólo en el África subsahariana, con el dinero que pierde en ‘coimas’ se podrían realizar: i) en educación, más de 10 millones de niños que por fin acuden a la escuela y la contratación de más de 500.000 maestros;  ii) en salud, el suministro de antirretrovirales a más de 11 millones de pacientes con VIH / SIDA y más de 165 millones de vacunas. La corrupción afecta la vida de miles de millones de personas, y el Perú no es la excepción.

La lógica de ‘solo el destrabe salvará el Perú’ no tiene un correlato en la prevención, persecución y sanción de las prácticas corruptas tanto públicas como privadas; olvida que -como diría Julian Le Grand- muchas veces los actores no se comportan como ‘caballeros’ sino como ‘pillos’. En todo esto, no se puede perder de vista que la gran corrupción requiere servicios legales y financieros complejos y especializados. 

La comisión Lava Jato del Congreso ha tenido mucha más repercusión por la forma en que su presidente el congresista Albrecht anunciaba que no renunciaría [hasta que renunció], que por los hallazgos o avances que han podido producir a la fecha. Por ello, es importante proponer lo que sigue.

La mega-corrupción ligada a grandes obras de infraestructura que hoy se ventila obedece a un esquema internacional. Odebrecht y la filial petroquímica Braskem admitieron haber pagado cerca de US $ 800 millones en sobornos a políticos, funcionarios gubernamentales y partidos para ganar negocios en 12 países en tres continentes que incluyen a Brasil, Argentina, Colombia, México, Venezuela y Perú. Por ello, en diciembre del 2016, se produjo un acuerdo en el que se establece que serían US $ 3 500 millones el monto que tendrían que pagar a los gobiernos de Estados Unidos, Brasil y Suiza, junto a su total colaboración; a cambio, la empresa finalizará las obras en marcha. 

Este esquema debe ser replicado en el Perú, un acuerdo con calidad de cosa juzgada, en donde participen el Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio Público, con la colaboración de la Contraloría de la República  en lo que respecta a la determinación del monto reparatorio. Ello es fundamental y urgente. De otra forma, las empresas brasileñas ocasionarán daños adicionales al país, dejando trabajadores sin empleo, proveedores nacionales impagos, y las obras inconclusas. Sumado una colaboración raquítica y antojadiza, que parece ser la que viene dando. Finalizada la obra y cumplida la colaboración con la justicia que permitirá conocer a los corruptos de los últimos años, la empresa se tendría que ir del país.

Lo ocurrido en el Callao y en la mayoría de las regiones -14 de 25 gobernadores se encuentran cuestionados por corrupción-  debe ser la oportunidad de poner en agenda las grandes reformas. No se trata solo de ex gobernadores y ex alcaldes tras las rejas por corrupción que han beneficiado a empresas enormes al tiempo que incrementaron sus patrimonios y compraban más casas, sino de una estructura que debe ser investigada y que se produce por un sistema que la alienta y tolera en lugar de combatirla. La reforma política, la de la justicia y la del servicio civil son necesarias. También es necesario observar a quienes impunes han estado jugando tanto tiempo el juego de las sillas y que la gente deje de votar siempre a los mismos.

Como dijo un tuitero en semana santa. −A quién libero, ¿a Jesús o a Barrabás?
− ¡Barrabás! Barrabás! ¡Robó pero hizo obra!

Conocemos lo que Odebrecht y las otras empresas implicadas han hecho, lo que no sabemos es quiénes han sido los pillos que de esto se han beneficiado traicionando la confianza y enlodando, una vez más, la política y la república. Si queremos que nos entreguen a Barrabás, un acuerdo con los que hicieron la obra es necesario.

Martín Soto Florián, abogado y director del Grupo Valentín Paniagua
@msotoflorian