El remezón sísmico de fin de año fue la detención de los cinco grandes empresarios constructores   sospechosos de haber coimeado a Alejandro Toledo a cambio de preferencias y sobrecostos en la Interoceánica Sur. Se embarcaron en este proyecto a insistencia de ellos con la gigante coimera  Odebrecht.  En mala hora. Se los llevaron a las 6 de la mañana, esposados como cualquier otro preso y directo al penal de Ancón. Todo un terremoto social en medio de una lucha política que no cesa. 

El caso Graña tiene la curiosa característica de ser “una cuestión de clases sociales”. Un juez propenso a la prisión preventiva apellidado Concepción Carhuancho metió adentro a alguien apellidado Graña Miro Quesada, rompiendo de ese modo el trato especial que “la gentita limeña” cree que se merece. Pero hay más en todo esto que no debemos perder de vista. El fondo es la desesperada lucha de distintos líderes y partidos para que no los saquen del camino del poder que tanto los atrae por efecto de una investigación salida de control que implica a todos, sin distinción de clase.

El preso número uno es nada menos que José Graña Miró Quesada, miembro connotado, como sus apellidos lo indican, de varias ramas de familias limeñas encumbradas de viejo arraigo. Es una suerte de remanente de la vieja oligarquía, que mantuvo su vigencia social y sus riquezas porque logró adaptarse a los tiempos modernos al formar corporaciones constructoras (GyM) y mediáticas (Empresa Editora El Comercio).  En efecto, el reputado arquitecto Don José Graña Miró Quesada, quien fuera por  más de 30 años jefe de la primera constructora nacional GyM quedó envuelto (a pesar suyo y de sus conexiones, que incluye de manera significativa cercanas relaciones con el gobierno de PPK), en el escándalo Odebrecht.

Jorge Barata, ejecutivo de Odebrecth en el Perú, inició la secuencia de hechos que terminó en el penal de Ancón cuando explicó que las coimas para la Interoceánica fueron compartidas entre todos sus socios nacionales. Luego vino el desesperado control de daños de GyM. Los principales bloques de accionistas extranjeros exigieron a Graña la salida de la jefatura del holding a principios de año, siendo reemplazado por un gerente no vinculado a la familia fundadora, pero amigo del presidente de la República. Al inicio, el gobierno les concedió a las constructoras consorciadas el beneficio de la duda, no siendo incluidas en la lista del discutible DS 003, que solo consideró como posibles culpables a las empresas del holding Odebrecht. Entonces GyM movió cielo y tierra, intentando incluso seguir compitiendo en licitaciones luego de publicar comunicados donde reclamaban su total inocencia. A pesar de ser socios de Odebrecht desde los años 1990, y de recurrir esta empresa a formar carteles de constructores y sobornos, dijeron no saber nada. 

Mientras tanto, a medida que el valor de sus acciones en las bolsas de Lima y Nueva York se desplomaba, GyM vendió varios activos millonarios con toda libertad. El caso más significativo fue el valioso terreno del Cuartel San Martín de Miraflores, comprado al Estado a precios bajos durante el gobierno de García, otro presidente amigo, quien tuvo la curiosa idea de “ponerlos en valor” y terminaron pasando a manos del grupo GyM. Lo remataron. 

Esta situación, sin embargo, no podía durar mucho. Y aquí viene otro episodio más de esta cuestión de clases sociales. Me refiero a la bronca entre el fujimorismo y el grupo El Comercio ocurrida el 3 de junio, poco antes de la segunda vuelta del 2016, cuando se difundió en un momento crítico de la campaña la noticia que Joaquín Ramírez, el congresista amigo de Keiko, en ese entonces Secretario General de su partido, generoso aportante de su campaña, estaba involucrado en una investigación de la DEA por lavado de activos en Miami.  Dado que Ramírez era parte de la familia  dueña de la universidad privada Alas Peruanas, el choque terminó siendo una confrontación entre dos grupos: uno establecido de origen elitista y otro emergente de origen popular. Cuando la denuncia le complicó la elección a Keiko, contribuyendo a su derrota, Ramírez hizo una famosa declaración contra la “gentita limeña”, denunciando que lo criticaban por haber empezado como cobrador de microbuses y haber hecho, “con su esfuerzo”, fortuna propia. La llegada a la presidencia de PPK gracias a este escándalo, y el control mayoritario del Congreso por parte de Fuerza Popular, hizo que, tarde o temprano, esta tensión y estas heridas terminaran por llevar a un enfrentamiento.

Recordemos que, luego de su amarga derrota, el keikismo criticó con frecuencia a los “grupos de poder”, haciendo de vez en cuando referencias directas al monopolio de El Comercio y los Miró Quesada. Este cambio de actitud, alimentado por Ramírez, y reforzado con el resentimiento de Keiko, era toda una ruptura con el pasado. Si bien los fujimoristas no eran de compartir fiestas con gente como Graña Miró Quesada, estuvieron siempre de la mano con ellos, apoyándose mutuamente elección a elección desde 1993, hasta que llegó la segunda vuelta del 2016. Una vez iniciado el nuevo gobierno, a medida que se acumularon las sospechas contra Graña y Montero y las constructoras protegidas por PPK (sospecha que me parece cierta), el fujimorismo terminó atacando al presidente y el Poder Judicial, acusándolos de encubrir las “empresas consorciadas” de Odebrecht, donde destacaba GyM. 

Otro incidente que echa más leña al fuego ha sido la denuncia del fujmorismo por difamación contra El Comercio el 11 de noviembre último, luego de que hiciera revelaciones sobre las declaraciones de Odebrecht en Brasil que desmentían la negativa de Fuerza Popular de haber financiado sus campañas. Esta novela, como vemos, tiene varios capítulos. 

Al final, fue tal la presión política que puso el fujimorismo contra la Fiscalía, pidiendo la salida del Fiscal General Pablo Sánchez, que probablemente terminó acelerando las investigaciones contra las constructoras peruanas. De allí a las denuncias del fiscal Hamilton Castro y la decisión del juez Concepción Carhuancho, sorpresiva pero inevitable (el precio de no hacerlo hubiera generado reacciones), de encarcelarlos. La Fiscalía tenía que demostrar activismo judicial y el juez hacer honor a su fama de justiciero.

De modo que la cuestión de las clases sociales existe, pero es solo un ingrediente más del explosivo, largo y complicado caso Lava Jato, donde hay municiones para todos, pobres y ricos, limeños y provincianos, derechistas e izquierdistas. Más allá de las tensiones socioculturales del Perú actual entre encumbrados y emergentes, lo que realmente pesa es que hay fuego cruzado entre todos los implicados en el caso Lava Jato, sean o no de alcurnia. Deberían terminar pactando, como sugiere su plataforma virtual “El Montonero”, para no matarse entre ellos. De lo contrario, se va a acelerar el descrédito generalizado de la clase política, los grandes empresarios y los sesudos economistas y prestigiosos abogados que aprobaron uno tras otros proyectos lesivos a la nación. De ser así, nos acercamos al fin de la República Empresarial por acusaciones mutuas entre los principales miembros de la alianza de poder que la inauguró en 1990, la reforzó en 1993, al aprobarse la constitución neoliberal, y que, con altas y bajas, continua hasta ahora (o en todo caso, hasta el 2021, si es que antes no hay una crisis de régimen).